leonardo fernández acosta
El IPV tiene una curiosa manera de organizar un sorteo de viviendas: primero cierra la inscripción y después les informa a los ciudadanos si estaban realmente en condiciones de participar.
La inscripción terminó el 31 de agosto. Sin embargo, recién el 8 de septiembre los postulantes pudieron ingresar al sistema para saber si figuraban como aptos o no aptos. Ocho días de espera durante los cuales miles de personas no tenían ninguna certeza sobre su situación.
Y ahí apareció el problema.
Personas que se habían inscripto correctamente se encontraron con que figuraban dentro de un grupo familiar que ya había sido adjudicado. Otras habían realizado un cambio de domicilio que todavía no impactaba en RENAPER. También aparecieron inconvenientes con los datos del CUD o con información cargada en el sistema.
El IPV ahora dice que esas situaciones puntuales pueden subsanarse hasta este viernes 11 de septiembre.
Bienvenido el remedio. El problema es que llega después de haber cerrado la inscripción.
Porque si el organismo necesitaba cruzar DNI, grupos familiares, domicilios, CUD y demás información para determinar quién estaba en condiciones de participar, la pregunta elemental es por qué ese control no se hizo antes de cerrar el plazo.
La administración pública tiene computadoras, bases de datos, funcionarios y tiempo. El ciudadano, en cambio, tiene que hacer malabares para conseguir una vivienda y, en muchos casos, soportar años de espera.
Para quien busca acceder a una casa, que el sistema primero diga una cosa, después otra y finalmente habilite tres días para correr detrás de una solución no es un detalle administrativo. Es angustia e incertidumbre.
Y esa angustia fue perfectamente evitable.
El propio comunicado oficial reconoce que hubo personas que habían hecho el cambio de domicilio pero todavía no aparecían actualizadas en RENAPER. También admite que hubo postulantes que figuraban formando parte de un grupo familiar que ya había recibido una vivienda y que debían realizar un trámite de exclusión.
Entonces la pregunta inevitable —sin necesidad de adornarla— es por qué esas inconsistencias no fueron detectadas y comunicadas mientras la inscripción estaba abierta.
Porque cerrar el 31 de agosto y recién el 8 de septiembre decirle al ciudadano “ahora fijate si estás apto” es poner el carro delante del caballo. Y después aparece la carrera contra el reloj: “tienen tiempo hasta el viernes”. Tres días.
Tres días para quienes quizá viven lejos, trabajan, tienen dificultades para trasladarse, desconocen el procedimiento o simplemente confiaron en que si el sistema les permitió inscribirse, su situación sería verificada antes del cierre.
La vivienda social no puede administrarse como si fuera una rifa entre amigos.
Hay personas que depositan en ese sorteo expectativas concretas de vida: familias que alquilan, personas que viven hacinadas, trabajadores que no pueden acceder a una vivienda propia y ciudadanos que ven en ese mecanismo una de las pocas posibilidades reales de conseguir un techo.
Por eso, cuando el Estado organiza el procedimiento, la previsibilidad también es una obligación.
No alcanza con decir ahora que el sistema muestra verde para los aptos y otro color para quienes tienen impedimentos. Eso debería haber servido precisamente para detectar los problemas antes del cierre de la inscripción, no para trasladarle al ciudadano la responsabilidad de resolverlos a contrarreloj.
El episodio deja una conclusión bastante sencilla: el problema no parece haber sido la falta de información de los ciudadanos, sino la falta de previsión del organismo.
Porque el ciudadano hizo lo que se le pidió: se inscribió dentro del plazo. Después vino la espera. Y recién cuando el plazo ya había terminado, apareció la información que podía determinar si esa inscripción servía o no.
En cualquier administración seria, primero se verifica, después se cierra. En el IPV, al menos en esta oportunidad, parece haber funcionado al revés.
Y cuando está en juego una vivienda, la improvisación administrativa no es gratis: se paga con ansiedad, incertidumbre y con el miedo de quedar afuera de una oportunidad que para muchas familias puede ser única.
