leonardo fernández acosta
Hay una vieja fórmula de la administración pública que parece no pasar nunca de moda: primero se anuncia el aumento y después se construye la explicación. Con la tarifa del agua potable ocurre exactamente eso. Se habla de energía, salarios, productos químicos, materiales eléctricos, convenios colectivos, inflación y costos operativos, pero cuando llega el momento de demostrar cómo todos esos factores se convierten exactamente en un 22,2%, la matemática desaparece.
El problema no es solamente que aumente la tarifa. El problema es cómo se justifica ese aumento.
Decir que subieron los costos no alcanza. Cualquier empresa puede afirmar que aumentaron sus costos. Lo que corresponde, especialmente cuando se trata de un servicio público esencial y de una tarifa que pagan miles de familias, es mostrar cuánto representaba cada componente antes y cuánto representa después. ¿Cuánto aumentó exactamente la energía? ¿Cuánto representan los salarios dentro de la estructura de costos? ¿Cuánto aumentaron los productos químicos? ¿Cuánto pesan los materiales eléctricos? ¿Qué porcentaje de la tarifa corresponde a cada uno? ¿Qué costo operativo total tenía la empresa y cuál tiene ahora?
Nada de eso aparece en la explicación.
Aparece, en cambio, una enumeración de motivos. Energía, sueldos, insumos, materiales. Una especie de changuito inflacionario utilizado para llegar a un número previamente decidido. Pero una lista de aumentos de costos no constituye por sí misma una demostración de que la tarifa deba aumentar 22,2%.
Y hay algo todavía más llamativo: se sostiene que la revisión se realiza cada seis meses desde hace años y que los aumentos se aplican gradualmente. Presentado de esa manera, el mecanismo parece técnicamente prolijo. Pero la gradualidad no reemplaza la fundamentación. Un aumento puede ser gradual y seguir estando insuficientemente justificado.
Tampoco alcanza con decir que el agua continúa siendo “uno de los servicios más baratos”. Ese argumento es particularmente cómodo porque transforma la discusión: en lugar de demostrar si el aumento corresponde, se intenta instalar que podría ser peor. Pero que una tarifa sea barata en términos relativos no demuestra que el incremento aplicado sea correcto, necesario ni proporcional.
Mucho menos cuando estamos hablando de un servicio esencial.
Si la empresa necesita más recursos para prestar el servicio, tiene que demostrarlo. Y si sostiene que el aumento responde a una estructura objetiva de costos, entonces debería poder exhibir esa estructura con absoluta claridad. Costos antes, costos después, variaciones porcentuales, incidencia de cada rubro y fórmula utilizada para llegar al 22,2%.
Eso es lo que falta.
Porque decir “subió la energía” es una explicación. Decir “subieron los salarios” es una explicación. Decir “aumentaron los insumos” es una explicación. Pero demostrar que todo eso justifica exactamente un 22,2% sobre la factura del usuario es otra cosa.
Y esa segunda parte es la que no aparece.
Hay además una cuestión elemental de transparencia: si el mecanismo de actualización funciona cada seis meses, los usuarios deberían poder conocer no solamente el resultado de la evaluación sino también la evaluación misma. De lo contrario, el ciudadano recibe la parte final de una cuenta cuya primera página nunca le muestran.
El usuario paga. La empresa cobra. La tarifa aumenta. Pero la ecuación que determina cuánto tiene que pagar el usuario queda encerrada detrás de una explicación genérica sobre los costos.
Así cualquiera.
Porque si mañana aumentan los salarios, la energía, el cloro, los caños y los cables, siempre habrá un argumento disponible para aumentar la tarifa. Lo que debería existir es un mecanismo público, verificable y auditable que permita comprobar si el aumento solicitado guarda verdadera correspondencia con esos costos.
Y ahí está el verdadero agujero de la explicación.
No se cuestiona que una empresa tenga costos. Se cuestiona que pretenda trasladarlos al usuario sin exhibir de manera suficientemente detallada la cuenta que convierte esos costos en un aumento tarifario determinado.
El 22,2% no puede ser una cifra caída del cielo. Tiene que tener una fórmula. Tiene que tener números. Tiene que tener documentación. Y tiene que poder ser controlada por los usuarios, por los organismos de control y por la ciudadanía.
Porque cuando se trata de agua potable no estamos hablando de un producto que alguien puede dejar de comprar porque aumentó. Estamos hablando de un servicio esencial que una familia necesita sí o sí.
Por eso la discusión no debería ser si el aumento fue aplicado en cuatro cuotas de 5,7%, en ocho cuotas o de una sola vez.
La discusión es mucho más sencilla y mucho más incómoda: muéstren la cuenta.
Porque aumentar de a poco no convierte automáticamente un aumento en razonable. Y repetir durante años que los costos aumentaron tampoco convierte automáticamente un porcentaje en legítimo.
Si el 22,2% está fundamentado, que aparezcan los números. Si no pueden mostrar la cuenta, entonces lo que existe es una tarifa aumentada, pero no una explicación suficiente de por qué el usuario debe pa
