leonardo fernández acosta
Hay algo que huele mal en Formosa y no es el asfalto. La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional reparar las rutas 11, 81, 86 y 95 en un plazo de seis meses. La Defensoría del Pueblo, con José Leonardo Gialluca a la cabeza, impulsó la presentación. La Fundación por el Derecho a la Información acompañó.
El juez Pablo Fernando Morán firmó. Vialidad Nacional deberá responder. Hasta ahí, todo correcto. Las rutas nacionales formoseñas están peligrosas. Un pozo puede matar. Una banquina abandonada puede ser una trampa mortal. El Estado tiene la obligación de mantener lo que administra y si no lo hace, la Justicia debe intervenir.
Pero ahora viene la parte que nadie quiere mirar. Formosa tiene aproximadamente 1.307 kilómetros de red vial nacional y tiene aproximadamente 4.105 kilómetros de red vial provincial. Tres veces más. La Provincia administra una red vial más de tres veces mayor que la Nación. Y de esos 4.105 kilómetros, 1.377 son de tierra, 229 son de ripio y solo 2.499 están pavimentados. En la red nacional, en cambio, hay 1.265 kilómetros pavimentados y apenas 42 de tierra. Estaría bueno que alguíen haya encontrado la cautelar de Gialluca para los caminos provinciales, un expediente, el mismo furor, la misma energía, la misma defensa de la vida de los formoseños que circulan por rutas provinciales.
Gialluca explicó con lujo de detalles por qué las rutas nacionales son un riesgo. Dijo que el estado de los corredores no brinda seguridad. Destacó la importancia estratégica de la Ruta Nacional 11. Habló de la conexión con Paraguay, con provincias vecinas, con localidades enteras. Todo cierto. Todo necesario. Todo incompleto. Porque el mismo argumento se aplica, sin cambiar una coma, a los 4.105 kilómetros que administra el Gobierno de Formosa.
Un pozo provincial no es menos profundo. Una grieta provincial no es menos peligrosa. Una banquina provincial abandonada no perdona más que una nacional. Un ciudadano que circula por una ruta provincial también puede morir, también puede chocar, también puede quedar aislado, también puede necesitar llegar a un hospital y no llegar. Entonces, ¿por qué la Defensoría del Pueblo parece tener una lupa de aumento para los 1.307 kilómetros nacionales y un vidrio empañado para los 4.105 provinciales? No decimos que Gialluca no tenga derecho a reclamar por las rutas nacionales. Lo tiene y hace bien. No decimos que Vialidad Nacional no tenga responsabilidades. Las tiene y debe cumplirlas. Lo que decimos es mucho más simple y mucho más incómodo: si el criterio es proteger la vida y la seguridad vial de los formoseños, ese criterio debe aplicarse a toda la red vial, no solamente a la que depende de Buenos Aires.
Los números del Consejo Vial Federal son demoledores. 1.307 kilómetros nacionales. 4.105 kilómetros provinciales. 2.798 kilómetros de diferencia. Esa diferencia no es un detalle estadístico. Es la distancia entre controlar al poder y elegir a quién controlar. Porque resulta extraordinariamente cómodo construir el relato de que la Nación abandonó las rutas de Formosa cuando la Provincia administra una red más de tres veces mayor y sobre esa red no se escucha ni una queja institucional.
Gialluca tiene una pereza constante cuando se trata del gobierno de Insfrán, no tiene la misma intensidad. Y ahí aparece la verdadera discusión. Porque si la seguridad vial habilita a la Justicia a exigir respuestas al Estado nacional, la vida de un formoseño no vale menos cuando circula por una ruta provincial. Un pozo no pregunta quién gobierna. Una banquina abandonada no distingue entre Nación y Provincia. Una ruta destruida no tiene ideología. Y un accidente tampoco.
En varias localidades los vehículos, como las ambulancias, quedan atrapados en el barro, tienen que ser auxiliada por tractores o baqueanos para poder salir, los docentes tapan los pozos a mano, hay estudiantes que no pueden asistir a clases por el estado del camino y que en las grietas del pavimento ya crecen árboles. Eso pasa en una ruta provincial, bajo jurisdicción del Gobierno de Formosa, con Gildo Insfrán en el poder desde hace décadas. Gialluca sí envió notas al administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, y al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, pidiendo la reparación de rutas provinciales y nacionales. Pero una nota no es una causa judicial. Una nota no es una cautelar. Una nota no pone plazos ni obliga a nadie. Una nota se archiva. Una cautelar, no.
El 13 de mayo de este año, en una reunión de comisiones de la Legislatura provincial, quedó retratada la asimetría con una claridad brutal. Los diputados del oficialismo habían convocado al administrador de Vialidad Provincial para hablar del abandono de las rutas nacionales por parte del Gobierno de Javier Milei. La diputada radical Carla Zaizer puso el tema sobre la mesa sin anestesia: dijo que necesitaba respuestas sobre las rutas provinciales, que hay rutas provinciales que están destruidas, que ese reclamo no es nuevo y que durante mucho tiempo solo escuchó como respuesta que la Nación no gira los fondos. Y reclamó que el Gobierno provincial también haga su parte. La respuesta de Caffa fue la que cabía esperar: habló de trabajos de bacheo, de que las rutas provinciales no están tan mal como se dice, de que se está haciendo mantenimiento.
Pero no anunció un plan de emergencia. No reconoció que 1.377 kilómetros de tierra y 229 de ripio son una bomba de tiempo. No admitió que la red provincial, por su tamaño y por su estado, es un problema mucho más grave que la nacional. Simplemente defendió la gestión. Y la reunión siguió. Y los 4.105 kilómetros siguieron esperando.
Pablo Fernando Morán tiene ahora una oportunidad extraordinaria. Puede demostrar que no existe doble vara. Que la Justicia Federal de Formosa no tiene color político. Que cuando la Nación incumple, interviene. Y que cuando corresponde controlar a la Provincia, también. No necesita proclamarlo. Tiene que demostrarlo. Porque si la Justicia puede intervenir para proteger la vida de quienes transitan la Ruta Nacional 11, 81, 86 o 95, entonces también debería existir una mirada institucional sobre las condiciones de seguridad de los corredores provinciales cuando corresponda y dentro de sus competencias. La vida de un formoseño vale exactamente lo mismo en una ruta nacional que en una ruta provincial. Y esa es la vara que no puede cambiar. No vamos a cometer la irresponsabilidad de afirmar que Morán es gildista como si existiera una sentencia que acreditara una pertenencia partidaria. Pero tampoco vamos a hacer periodismo con amnesia. ¡Ah por supuesto, no es de su competencia! que alivio, no tiene que resolver en esas rutas destruidas.
Estamos hablando de una provincia gobernada durante décadas por el mismo signo político. Estamos hablando de un poder territorial extraordinariamente concentrado. Estamos hablando de una estructura política que durante años ha sido señalada por la oposición y por organizaciones periodísticas por la concentración del poder. Por eso, cuando un juez federal aparece ordenándole al Gobierno nacional que haga obras en Formosa, nadie debería escandalizarse porque alguien haga preguntas. Al contrario. Las preguntas son parte de la democracia. Y la pregunta no es si Morán tiene derecho a controlar a Vialidad. Claro que lo tiene. La pregunta es si controla con la misma intensidad a todos los poderes. Porque un juez verdaderamente independiente no debería tener adversarios ni amigos políticos. Debería tener expedientes. Y leyes. Y pruebas. Y decisiones. Nada más.
Gialluca hizo su trabajo al reclamar por rutas nacionales. Ahora falta saber si considera que los otros 4.105 kilómetros de rutas provinciales merecen exactamente la misma preocupación. Porque si la respuesta es sí, esperamos el mismo expediente, la misma energía, la misma denuncia y la misma defensa de los ciudadanos. Y si la respuesta es no, sería interesante conocer el motivo. Porque la vida de un formoseño no vale más cuando circula por una ruta nacional. Ni vale menos cuando transita una ruta provincial.
La Defensoría del Pueblo tiene una misión demasiado importante como para transformarse en un instrumento de presión contra un solo nivel del Estado. Su obligación es defender al ciudadano. Al ciudadano que circula por la Ruta 11. Pero también al que circula por una ruta provincial. Al productor. Al trabajador. Al estudiante. Al transportista. Al paciente que necesita llegar a un hospital. A todos. Por eso, el problema no es que Gialluca reclame. El problema es aquello que todavía no sabemos si reclama.
Porque hay una diferencia de 2.798 kilómetros entre la red provincial y la nacional. Y esos 2.798 kilómetros de diferencia no desaparecen porque una cautelar haya puesto a Vialidad Nacional contra las cuerdas. Siguen ahí. Son rutas. Son ciudadanos. Son riesgos. Y son responsabilidad del Estado. Gialluca mismo dijo que la Defensoría trabaja los 365 días del año, que no discrimina a nadie, que no privilegia a ningún sector porque el pueblo de Formosa es uno solo. Lindas palabras. Pero no privilegiar a ningún sector significa que cuando la red provincial es más grande, más extensa y más deteriorada que la nacional, el foco debería estar ahí. Salvo que no privilegiar signifique en realidad privilegiar a alguien. Morán le puso seis meses a Vialidad Nacional.
Porque si la seguridad vial es un derecho, debe defenderse en toda la provincia. 1.307 kilómetros no pueden ser noticia y 4.105 kilómetros convertirse en silencio. Esa diferencia no es un detalle estadístico. Es la diferencia entre controlar al poder y elegir a quién controlar. Y en Formosa, después de décadas de poder sin controles, ya sabemos cómo termina esa historia. Los pozos de las rutas se rellenan con asfalto. Los pozos institucionales se rellenan con independencia. La pregunta es quién está dispuesto a llenarlos. Porque mientras la Justicia mira hacia Buenos Aires y la Defensoría guarda silencio sobre la Provincia, los 4.105 kilómetros de rutas formoseñas siguen ahí. Esperando. Como esperaron siempre. Como si la vida de un formoseño valiera menos cuando el pozo no tiene firma nacional.
