leonardo fernández acosta
Hay algo profundamente curioso en la transparencia institucional de Formosa. Cuando se quiere saber cuánto cobra un juez de Cámara de la provincia, parece resultar más sencillo mirar hacia el Chaco que consultar directamente la información salarial del propio Poder Judicial formoseño.
Y esta vez el dato apareció nada menos que en una decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero.
El Gobierno del Chaco modificó, mediante el Decreto 2131, el esquema utilizado para calcular el denominado Ajuste por Revisión, un adicional que alcanza a magistrados, funcionarios judiciales y autoridades de distintos organismos provinciales.
La modificación rige desde el 1 de septiembre de 2026 y utiliza un mecanismo de comparación regional: las remuneraciones netas de determinados cargos chaqueños no deben quedar por debajo del promedio correspondiente a funciones equivalentes en Corrientes, Formosa y Misiones.
Y ahí aparece el dato que interesa particularmente a los formoseños.
Para el cargo de juez de Cámara, la documentación utilizada por Chaco toma como referencia los salarios de los poderes judiciales de las provincias de la región. El nuevo cálculo establece un haber neto de referencia de $7.058.522 para ese cargo en Chaco, prácticamente coincidente con el promedio regional calculado por la Comisión Técnica, de $7.058.508.
Pero el asunto viene de antes. La documentación salarial utilizada en el mecanismo de comparación regional había consignado para Formosa un haber de referencia de los jueces de Cámara que superaba los $7 millones netos.
Es decir, los salarios de los jueces de Cámara formoseños son suficientemente elevados como para ser utilizados como parámetro para determinar cuánto deben cobrar sus pares chaqueños. Y acá aparece la verdadera noticia. No es solamente que un juez cobre más de siete millones de pesos. La noticia es que los ciudadanos formoseños pueden conocer ese dato de manera indirecta, gracias a una decisión administrativa de otra provincia.
Formosa tiene un Poder Judicial que cuenta con mecanismos institucionales de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, cuando se intenta conocer de manera sencilla y directa cuánto perciben determinados magistrados, la información salarial no aparece con la misma facilidad con la que aparecen discursos institucionales, estadísticas, resoluciones o comunicados.
Entonces tuvo que aparecer Chaco. El gobernador Zdero modificó el esquema salarial de su provincia y, para calcular cuánto corresponde pagar a sus magistrados, la Comisión Técnica tuvo que mirar cuánto cobran los jueces equivalentes en las provincias vecinas.
Y Formosa quedó estampada en la planilla.
La ironía es difícil de ignorar: mientras en Formosa la información sobre los salarios de los magistrados no parece estar expuesta con la claridad que exige el principio de publicidad de los actos de gobierno, desde el Chaco llega una cifra concreta que permite dimensionar el nivel de remuneración de la Justicia formoseña.
Ese porcentaje corresponde al mecanismo de cálculo del adicional, aplicado sobre el sueldo básico más la compensación jerárquica. La Comisión Técnica determinó, en cambio, que para alcanzar la media regional era necesario incrementar en 1,387% el haber neto utilizado como referencia.
La diferencia no es un detalle menor. Y precisamente porque estamos hablando de dinero público, los números deben explicarse como corresponde y no convertirse en una cifra espectacular utilizada para fabricar un título engañoso.
Pero una vez hecha esa aclaración, el dato central permanece intacto: un juez de Cámara se mueve en una remuneración neta superior a los siete millones de pesos y ese nivel salarial forma parte del parámetro utilizado para determinar las remuneraciones judiciales chaqueñas.
El debate no debería reducirse a una cuestión de envidia salarial.
Un juez tiene una responsabilidad enorme. Su independencia requiere condiciones materiales adecuadas. Nadie discute seriamente que quienes administran justicia deban tener una remuneración acorde con la responsabilidad institucional de sus cargos.
El problema aparece cuando la información sobre esa remuneración no tiene el mismo nivel de accesibilidad que la obligación de financiarla.
Porque el dinero no sale de una caja privada. Sale del presupuesto público. Lo pagan los contribuyentes.
Y por eso el ciudadano tiene derecho a saber cuánto cobra un magistrado, cuánto representan esos salarios dentro del presupuesto judicial y cómo se determina cada adicional. La transparencia no puede funcionar a medias.
No puede ser pública la obligación de pagar y opaca la información sobre cuánto se paga.
El caso chaqueño tiene además otro componente.
El decreto no alcanza exclusivamente a los jueces del Poder Judicial. El esquema también comprende cargos del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Fondo de Retiros, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Cada organismo deberá afrontar los incrementos con las partidas correspondientes de su propio presupuesto. El decreto fue firmado ad referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que todavía debe ser tratado por la Legislatura chaqueña.
Y todo esto ocurre mientras en Chaco se discute además un proyecto de intangibilidad salarial para magistrados y funcionarios judiciales, que pretende avanzar hacia una equiparación con la media nacional de cargos judiciales equivalentes.
Es decir, el Chaco discute públicamente cuánto cobran sus jueces, cómo se calcula ese salario, qué parámetros utiliza y qué impacto presupuestario tiene. Mientras tanto, Formosa termina apareciendo en esa discusión como una de las referencias salariales regionales.
La discusión de fondo no debería ser si un juez de Cámara merece ganar siete millones, ocho millones o diez millones. La discusión verdaderamente incómoda es otra:
¿por qué una provincia vecina puede publicar y utilizar como referencia los salarios de los jueces formoseños mientras los propios formoseños encuentran tantas dificultades para acceder de manera directa, clara y completa a esa información?
Si el dato es público, debería estar al alcance de todos. Si no es público, entonces corresponde preguntarse por qué. Y si finalmente tenemos que recurrir a un decreto del gobernador de otra provincia para enterarnos de cuánto cobra un juez de Cámara de Formosa, entonces hay algo más que un problema salarial.
Hay un problema de transparencia.
Porque una Justicia que administra justicia en nombre del Estado debe ser especialmente cuidadosa con la publicidad de sus propios recursos. No alcanza con pedirle transparencia a los demás poderes. No alcanza con reclamar acceso a la información. No alcanza con hablar de institucionalidad.
La transparencia empieza por casa. Y esta vez la casa de Formosa quedó iluminada por una lámpara que vino desde el Chaco.
Zdero quiso actualizar los salarios de sus jueces y terminó revelando cuánto cobran los jueces de Cámara de Formosa.
Más de siete millones de pesos netos.
Un dato que debería poder conocerse sin necesidad de esperar que otra provincia haga las cuentas.
