El Estado no es una religión y Vialidad Provincial no es una fuente de empleo

Daniel Malich volvió a hacer lo que el oficialismo formoseño hace cada vez que alguien discute el tamaño del Estado: tomar una verdad que nadie discute y utilizarla para defender aquello que sí debería estar en discusión. Nadie puede negar que los caminos son fundamentales para el desarrollo. 

Nadie puede negar que una ruta comunica pueblos, permite transportar producción, facilita el comercio, acerca servicios y salva vidas. Nadie discute eso. Lo que discutimos es otra cosa: que de la importancia de las rutas se pretenda deducir que el Estado tiene que ser necesariamente quien construya, administre, conserve y emplee a toda la estructura vial.

Y ahí aparece el problema del discurso de Malich, porque transforma una herramienta de desarrollo en una defensa ideológica del aparato estatal. El Estado argentino tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura durante buena parte del siglo XX. Eso es historia y nadie pretende borrarla. Cuando el país era enorme, tenía poca población, escaso capital privado y enormes territorios sin infraestructura, fue lógico que el Estado construyera caminos, puentes, escuelas, hospitales, represas y redes de servicios. 

Pero una cosa es reconocer aquella función histórica y otra muy distinta es convertir al estatismo en una religión que supone que todo aquello que hace el Estado necesariamente funciona mejor porque lo hace el Estado. El mundo cambió y justamente los países que lograron modernizar su infraestructura entendieron algo que en Argentina todavía cuesta aceptar: el Estado no tiene que hacerlo todo para ser fuerte. Brasil y Chile son dos ejemplos contundentes.

Brasil mantiene la propiedad pública de sus rutas estratégicas, pero utiliza concesiones privadas para construir, ampliar, mantener y operar corredores viales bajo regulación estatal. Y los resultados permiten discutir el dogma con números: la Pesquisa CNT Rodovias 2025 mostró que el 65,6% de los kilómetros concesionados tenía pavimento bueno u óptimo, frente al 35,6% de los administrados públicamente. En Chile, el modelo de concesiones lleva más de tres décadas y sobrevivió a gobiernos de distinto signo político. El Estado planifica, licita, fija estándares, controla y sanciona; el privado aporta capital, capacidad operativa y tecnología. El Estado no desaparece. El Estado deja de hacer aquello que otro puede hacer mejor y concentra su fuerza en aquello que solamente él puede hacer.

Esa diferencia es fundamental. Porque Malich habla de los más de 1.600 trabajadores despedidos de Vialidad Nacional como si la cantidad de empleados fuera una medida de la calidad de las rutas. No lo es. Una ruta no mejora porque aumente la plantilla de Vialidad. Una ruta mejora cuando está pavimentada, mantenida, señalizada, iluminada donde corresponde, tiene banquinas seguras y puede ser transitada sin convertirse en una ruleta rusa. El ciudadano no necesita saber cuántos empleados públicos participaron del mantenimiento de una ruta. Necesita que la ruta esté en condiciones. Ese es el verdadero indicador de eficiencia.

Y acá es donde el discurso de Malich debería mirar hacia Formosa antes de mirar hacia Buenos Aires. Porque si el tamaño del Estado fuera garantía de desarrollo, Formosa debería ser un ejemplo mundial después de décadas de conducción del mismo signo político y de una administración estatal omnipresente. Pero la realidad es bastante más incómoda. Tenemos un Estado provincial enorme, una dependencia extraordinaria de los recursos nacionales, una economía profundamente vinculada al gasto público y una estructura estatal que ocupa un lugar central en la vida económica y laboral de la provincia.

Entonces no alcanza con decir que el Estado es el responsable de administrar las herramientas del desarrollo. Hay que demostrar que sabe administrarlas eficientemente. Porque administrar no es gastar. Administrar no es tener empleados. Administrar no es inaugurar. Administrar es obtener resultados. Y ahí está el problema que el discurso oficial evita: en Formosa se ha construido durante décadas una narrativa en la que la presencia del Estado aparece como sinónimo automático de eficiencia, mientras cualquier intento de introducir competencia, capital privado o mecanismos de concesión es presentado como una amenaza contra el interés público.

Esa concepción pertenece a otra época. El Estado puede conservar la propiedad de una ruta y al mismo tiempo concesionar su construcción, operación y mantenimiento. Puede fijar cuánto debe invertirse, controlar que la empresa cumpla, establecer estándares de seguridad, aplicar multas y recuperar la concesión si existe incumplimiento. Eso no es entregar el Estado. Eso es utilizar al Estado con inteligencia. El problema es que en Argentina durante demasiado tiempo confundimos Estado fuerte con Estado gigante. Y mientras más grande se hacía el aparato estatal, más difícil resultaba controlar cómo se gastaba el dinero público.

El kirchnerismo llevó esa lógica hasta un extremo que hoy aparece expuesto en tribunales y expedientes: obra pública convertida en territorio de negocios, contrataciones direccionadas, empresas privilegiadas, sobreprecios, retornos y estructuras políticas alrededor de los contratos. Cada nuevo caso de corrupción que aparece no demuestra que la obra pública sea innecesaria. Demuestra que el sistema utilizado para administrarla puede ser perverso cuando el Estado concentra simultáneamente el dinero, la contratación, la ejecución, el control y el poder político. Y esa es justamente la razón por la cual hay que discutir nuevos mecanismos.

Porque cuando una empresa privada incumple, puede perder una concesión. Cuando una empresa privada cobra de más, puede ser sancionada, excluida de futuras licitaciones y llevada a la Justicia. Cuando un contrato está bien diseñado, el privado tiene un incentivo económico para cumplir. En cambio, cuando el Estado se transforma en empleador permanente de una estructura gigantesca, el costo de la ineficiencia se socializa y termina pagándolo el ciudadano con impuestos, inflación, deuda o servicios deficientes. Por eso la discusión sobre Vialidad no puede reducirse a “Milei despidió trabajadores”.

Hay que preguntar qué sistema produce mejores rutas, qué sistema cuesta menos, cuál ejecuta más rápido, cuál controla mejor y cuál permite identificar al responsable cuando una obra no se termina o una ruta se deteriora. Y ahí aparece otra contradicción del discurso formoseño: Malich cuestiona la reducción presupuestaria nacional, pero no explica por qué más dinero estatal necesariamente produciría mejores resultados. Porque el problema argentino no fue solamente cuánto dinero se puso en la obra pública. Fue también cómo se decidió quién lo recibía, cuánto se pagaba, cuánto tardaban las obras y quién controlaba el cumplimiento.

Durante años se recaudaron impuestos específicos destinados a infraestructura y se presupuestaron obras que terminaron demoradas, paralizadas o ejecutadas a costos difíciles de explicar. Entonces la discusión seria no puede ser “más Estado”. Tiene que ser mejor Estado. Y mejor Estado significa exactamente lo contrario de lo que propone el viejo manual estatista: menos funciones empresariales, más capacidad de control; menos estructuras permanentes, más competencia; menos empleados utilizados como argumento político, más resultados medibles; menos discrecionalidad, más contratos transparentes; menos propaganda sobre el desarrollo, más kilómetros efectivamente terminados.

Y Formosa debería ser la primera interesada en discutirlo. Porque si después de décadas de Modelo Formoseño todavía necesitamos que el Estado nacional financie buena parte de la infraestructura estratégica, si seguimos dependiendo de transferencias nacionales para sostener buena parte de la estructura provincial y si cada discusión sobre recursos termina convertida en una pelea política con Buenos Aires, entonces algo evidentemente no funcionó como debería.

No alcanza con repetir que Insfrán tiene una visión estratégica. Las visiones estratégicas se evalúan por resultados, no por discursos. Y tampoco alcanza con afirmar que la administración provincial es impecable. La administración impecable se demuestra con números, productividad, transparencia, calidad de servicios y capacidad de generar desarrollo que no dependa permanentemente del presupuesto público. Por eso el discurso de Malich tiene un problema de origen: confunde la defensa de los caminos con la defensa de Vialidad como estructura estatal. Y no son la misma cosa.

Podemos defender cada kilómetro de ruta y al mismo tiempo cuestionar que el Estado tenga que ser quien lo construya. Podemos defender la integración territorial y al mismo tiempo defender las concesiones. Podemos exigir rutas seguras y al mismo tiempo exigir competencia privada. Podemos defender al trabajador vial y al mismo tiempo discutir si la estructura que lo emplea es eficiente. No hay contradicción. La contradicción está en creer que la única manera de defender al trabajador es defender eternamente el organismo que lo emplea.

El Estado debe garantizar que Formosa esté conectada. Debe planificar las rutas, definir prioridades, licitar, controlar, fiscalizar y sancionar. Pero no necesita necesariamente tener una estructura gigantesca para hacer absolutamente todo. El Estado del siglo XXI no es el Estado que se mete en todo. Es el Estado que sabe dónde tiene que estar y dónde tiene que correrse. Y quizás por eso el discurso de Malich resulta tan antiguo. Porque mientras Brasil y Chile hace décadas aprendieron a combinar Estado, capital privado, concesiones, competencia y controles públicos, nosotros seguimos discutiendo si tener más empleados estatales equivale automáticamente a tener mejores caminos. No. Tener más empleados no construye desarrollo. Tener más organismos tampoco. Tener más presupuesto tampoco. El desarrollo aparece cuando cada peso invertido produce infraestructura, productividad, conectividad y oportunidades. Y cuando el dinero público no alcanza, hay que tener la inteligencia de buscar capital privado, no la comodidad ideológica de repetir que solamente el Estado puede hacerlo.

El estatismo fue una herramienta histórica del desarrollo argentino. Pero hoy, después de décadas de corrupción kirchnerista, de obra pública convertida demasiadas veces en caja política y de estructuras estatales que sobrevivieron incluso cuando dejaron de producir resultados, pretender que la solución es más estatismo es como querer apagar un incendio echándole combustible. El problema de la Argentina no es que haya descubierto demasiado tarde que el Estado tiene funciones importantes. El problema es que durante demasiado tiempo creyó que el Estado tenía que hacer absolutamente todo. Y una ruta no necesita un Estado dueño para funcionar. Necesita un Estado inteligente que garantice que funcione. Porque al final del camino, al ciudadano no le interesa quién tiene el organigrama. Le interesa llegar.