UNaF: la disputa por los decanatos llegó a la Justicia Federal y abrió un nuevo frente de incertidumbre institucional

La crisis institucional de la Universidad Nacional de Formosa sumó un nuevo capítulo este jueves 15 de octubre, cuando Marta Bongiorni asumió como decana de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), en medio de una disputa que ya llegó a la Cámara Federal de Resistencia. La novedad no es menor: la toma de posesión se produjo en un escenario judicial abierto, después de que el tribunal dictara una medida precautelar interina que suspende provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que había dejado sin efecto las elecciones decanales de tres facultades. El punto central para entender lo que sucede es distinguir entre la vigencia jurídica que el Rectorado atribuye a esa resolución y la suspensión temporal de sus efectos prácticos dispuesta por la Justicia. No son exactamente lo mismo, y esa diferencia es la que mantiene a la UNaF en un terreno de incertidumbre institucional.

La decisión del Consejo Superior había alcanzado a Rafael Olmedo, de la Facultad de Humanidades; Carlos Aníbal Martínez, de Recursos Naturales; y María Rosa Sanabria, de FAEN. Según los fundamentos difundidos por las autoridades universitarias que impulsaron la medida, los tres no habrían presentado la documentación necesaria para acreditar su condición de profesores concursados, requisito que consideran indispensable para acceder al decanato conforme al artículo 54 de la Ley de Educación Superior y al Estatuto de la UNaF. Sobre esa presunta irregularidad se construyó la decisión de revisar y dejar sin efecto los procesos que derivaron en sus designaciones. Sin embargo, corresponde subrayar que se trata de una controversia institucional sometida al examen judicial: las afirmaciones del Rectorado no reemplazan el pronunciamiento que deberá emitir la Cámara Federal sobre la legalidad de lo actuado.

Desde el Rectorado se buscó relativizar el alcance de la medida cautelar y transmitir tranquilidad a la comunidad universitaria. La explicación oficial sostiene que la resolución del Consejo Superior conserva su vigencia jurídica, aunque su aplicación material haya quedado temporalmente suspendida, y que la actividad académica y administrativa continúa desarrollándose con normalidad. También se expresó confianza en que los magistrados ratificarán la intervención del máximo órgano de gobierno universitario cuando examinen los antecedentes y la documentación reunida. Pero esa confianza no debe confundirse con una sentencia: mientras la Justicia no resuelva la cuestión, ninguna de las partes puede presentar como definitivamente confirmada su interpretación del conflicto.

En ese contexto, la asunción de Bongiorni plantea un interrogante institucional concreto: cuál es el alcance de los actos administrativos realizados durante la vigencia de una medida judicial que ordena suspender provisionalmente la aplicación de la resolución que modificó la situación de los decanatos. Para responderlo no alcanza con la comunicación de prensa de ninguna de las partes. Es necesario conocer el texto íntegro de la providencia de la Cámara Federal, sus destinatarios, las obligaciones que impone, su plazo de vigencia y la fecha y las condiciones en que se produjo la toma de posesión. Sin esos elementos, sería apresurado afirmar tanto que la asunción quedó automáticamente invalidada como que la medida judicial carece de consecuencias sobre el acto.

Lo que está en discusión excede los nombres propios y los cargos en disputa. Está en juego la regularidad de los mecanismos de elección y designación de las autoridades, el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer los decanatos y la autoridad del Consejo Superior dentro del sistema de gobierno universitario. Si efectivamente existieran antecedentes incompletos o faltara acreditar una condición legal obligatoria, la cuestión debería resolverse con documentación verificable y procedimientos transparentes. Si, por el contrario, las designaciones cuestionadas contaran con respaldo suficiente, también correspondería demostrarlo ante las instancias competentes. La autonomía universitaria no significa que las autoridades estén por encima de la ley; significa que la institución dispone de órganos y procedimientos propios que deben actuar dentro del marco normativo y con respeto por las garantías correspondientes.

La Cámara Federal de Resistencia tendrá ahora la responsabilidad de examinar los argumentos enfrentados y determinar los alcances de la medida adoptada. Hasta entonces, el conflicto no puede darse por cerrado ni corresponde convertir las expectativas de una de las partes en una conclusión judicial anticipada. La UNaF necesita recuperar previsibilidad, no profundizar una disputa en la que cada sector se proclama legítimo mientras la comunidad universitaria espera certezas. La salida no pasa por imponer un relato desde el Rectorado ni por sostener cargos a cualquier precio, sino por exhibir los antecedentes, cumplir las decisiones judiciales y resolver las controversias conforme a derecho. En una universidad pública, la legitimidad de las autoridades no se garantiza mediante comunicados ni declaraciones de confianza: se demuestra con documentación, procedimientos regulares y respeto efectivo por las instituciones.