Insfrán arma su blindaje judicial y pone a su sobrina en el STJ mientras la Corte Suprema decide su futuro

Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos una decisión que puede condicionar su continuidad en el poder hasta 2031, Gildo Insfrán incorpora a su sobrina al Superior Tribunal de Justicia de Formosa. En medio de una profunda crisis de credibilidad institucional, privilegios de la cúpula y cuestionamientos por la subordinación política de la Justicia, el gobernador refuerza su influencia sobre el máximo tribunal provincial y consolida una estructura de poder que podría convertirse en su retaguardia judicial frente a un eventual fallo adverso sobre su reelección.

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El gobernador, Gildo Insfrán ya no parece conformarse con controlar la política, la Legislatura y a todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Ahora incorpora a su propia sobrina al máximo tribunal de la provincia, en una decisión que profundiza el nepotismo de los Insfrán en todos los estamentos del estado y termina de dinamitar la credibilidad de una Justicia cuestionada por sus privilegios, su sometimiento político y su creciente distancia de los ciudadanos. 

Hay decisiones políticas que revelan mucho más que el nombre de una persona designada para ocupar un cargo. Revelan una concepción del Estado, una forma de entender el poder y, sobre todo, el grado de desprecio que se puede llegar a sentir por las instituciones republicanas. La incorporación de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, al Superior Tribunal de Justicia de Formosa pertenece a esa categoría.

No se trata simplemente de una designación controvertida. Es una señal política de una gravedad extraordinaria. En una provincia gobernada por la misma persona desde diciembre de 1995, donde la concentración del poder dejó de ser una sospecha para convertirse en una característica estructural del sistema, colocar a una familiar del gobernador en el máximo órgano judicial constituye una provocación institucional. Y hacerlo en medio de una crisis de credibilidad del Poder Judicial equivale a echar combustible sobre un incendio.

“Altísima capacidad académica”

La Legislatura aportó sus 22 votos afirmativos frente a siete negativos. El oficialismo cumplió con su parte del trámite. Fue realmente lamentable la defensa del diputado, Rodrigo Vera que repitió interminablemente la “Altísima capacidad académica” de la sobrina de Insfrán.

 La mayoría parlamentaria volvió a funcionar como una escribanía del poder. Pero una votación legislativa no transforma automáticamente una decisión política en una decisión republicana. La legalidad formal de un procedimiento no alcanza para borrar sus consecuencias institucionales, ni convierte en independiente aquello que nace bajo la sombra del poder que debería controlar.

Insfrán acaba de llevar el concepto de familia política a una dimensión institucional difícil de disimular. Y lo hace cuando el Superior Tribunal de Justicia viene acumulando episodios que deberían avergonzar a cualquier conducción judicial preocupada por su legitimidad.

El máximo tribunal de la provincia está cuestionado por sus prioridades, por sus privilegios, por su funcionamiento y por una relación con el poder político que alimenta una desconfianza cada vez más extendida.

Mientras los ciudadanos esperan respuestas judiciales durante meses o años, mientras los tribunales trabajan con estructuras saturadas y expedientes que se acumulan, mientras los trabajadores padecen decisiones administrativas que condicionan su vida laboral, la conducción judicial parece tener tiempo y recursos para atender otras prioridades.

Los altos ingresos de sus autoridades contrastan con la realidad de una administración de justicia que no consigue resolver sus problemas más elementales. La modificación de la Ley 521, con sus consecuencias sobre los traslados del personal, abrió otro frente de conflicto. La administración de licencias mediante autorizaciones discrecionales instaló un mecanismo de incertidumbre y subordinación sobre los trabajadores. Y cuando la discusión debería estar concentrada en mejorar el servicio de justicia, aparecen decisiones que parecen más orientadas a disciplinar empleados que a garantizar derechos.

La justicia de Insfrán perdió de manera absoluta  el sentido de las proporciones Y en ese escenario aparece el propio Gildo Insfrán con una nueva designación familiar para terminar de llenar la postal de lo vergonzoso de una constante característica del feudal y sus parientes.

La designación de Grisel Mabel Insfrán tiene un significado que excede su currículum (siempre en lo público), su experiencia profesional o las condiciones personales que pueda reunir para desempeñar el cargo. El apellido y el vínculo familiar con el gobernador son el centro de la controversia.

En lugar de ofrecer una señal de apertura, transparencia y fortalecimiento institucional, Insfrán elige una decisión que profundiza las sospechas de concentración familiar del poder. No es el momento de preguntarse solamente quién ocupará una silla en el Superior Tribunal. Es el momento de preguntarse qué clase de Estado se está construyendo cuando las instituciones que deberían controlar al poder terminan rodeadas de los vínculos personales del propio poder.

La independencia judicial no es un capricho de la oposición ni una exigencia de periodistas incómodos. Es una garantía de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que votan al oficialismo, trabajan para el Estado o jamás tuvieron participación política.

Un ciudadano debe poder demandar al Gobierno provincial sin preguntarse si los vínculos familiares del gobernador pueden condicionar la respuesta judicial. Un trabajador debe poder reclamar sus derechos sin temer represalias administrativas. Un periodista debe poder cuestionar al poder sin preguntarse si encontrará un tribunal verdaderamente independiente cuando necesite protección judicial.

Esa es la función de la Justicia. No proteger al gobierno de sus adversarios, sino proteger a los ciudadanos frente a los abusos del gobierno.

La Corte Suprema

La pregunta central es qué busca garantizar Gildo Insfrán con esta incorporación precisamente ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente una decisión que puede afectar directamente la continuidad de su poder político en Formosa.

Hay una hipótesis institucional que merece examinarse: Insfrán podría estar buscando reforzar su capacidad de influencia sobre el máximo tribunal provincial antes de una etapa en la que la Justicia formoseña podría tener que intervenir en las consecuencias de una decisión de la Corte nacional.

Pero hay que distinguir dos cosas: una designación que objetivamente aumenta la presencia de un vínculo familiar en el máximo tribunal y la intención concreta del gobernador, que no puede darse por demostrada sin evidencias.

Si la Corte declara inconstitucional la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial, quedaría comprometida la posibilidad de que Insfrán vuelva a presentarse como candidato en 2027. En ese escenario podrían surgir controversias sobre la implementación del fallo, las autoridades electorales y las consecuencias institucionales de la decisión.

Aunque la Corte Suprema tiene competencia originaria en esta controversia y el STJ no puede revocar ni neutralizar su sentencia, la Justicia provincial puede tener que intervenir en otros litigios derivados de la situación política e institucional. Una mayor influencia sobre el máximo tribunal local podría resultar políticamente conveniente.

Si el gobernador no pudiera competir en 2027, se abriría una disputa por la sucesión y por la continuidad del modelo político. Tener influencia sobre la estructura judicial provincial podría adquirir importancia en los conflictos que eventualmente aparezcan durante esa transición.

El STJ tiene responsabilidades institucionales que exceden la cuestión electoral. Sus decisiones pueden involucrar a organismos estatales, funcionarios y controversias sobre la administración pública. La integración del tribunal resulta, por eso, especialmente sensible cuando se discute la independencia de la Justicia.

La incorporación de una persona de su entorno familiar al tribunal puede ser leída como una apuesta a reforzar la influencia política del oficialismo sobre una institución que debería funcionar como contrapeso del Ejecutivo. Eso no demuestra cómo votará la nueva ministra, pero justifica exigir transparencia y garantías de independencia.

Se terminan los plazos

La designación de la sobrina se produce apenas una semana antes del vencimiento procesal que tiene el gobierno de Insfrán para argumentar en contra del pedido sobre la inconstitucionalidad de una nueva candidatura el 26 de noviembre próximo. La coincidencia temporal está documentada; que exista una estrategia deliberada de blindaje es una hipótesis política que requiere pruebas adicionales.

El nombramiento no modifica los votos de la Corte Suprema nacional, pero sí modifica la composición del tribunal que deberá administrar justicia en Formosa durante una etapa de enorme incertidumbre política y busca sin dudar tratar de blindarlo al feudal. Si hubiera un fallo adverso a Insfrán, podrían surgir controversias sobre su implementación y sobre las consecuencias institucionales y electorales.

El STJ tendría un papel relevante en los conflictos provinciales que eventualmente se presenten, aunque no podría desconocer ni modificar una sentencia de la Corte Suprema nacional.

Si el máximo tribunal provincial fuera acusado de utilizar sus facultades para proteger al Ejecutivo, impedir controles constitucionales o garantizar impunidad, la discusión podría superar el terreno de las decisiones judiciales individuales y convertirse en una cuestión sobre el funcionamiento republicano de Formosa.

La autonomía provincial protege a Formosa de las intromisiones arbitrarias de la Nación. No protege a ningún gobernador ni a ningún juez de tener que rendir cuentas por la violación de la Constitución.