Los "Juanes": del narcotráfico al abrazo. Cuando el poder intenta convertir un delito federal en un drama familiar

No todo puede ni debe reducirse a un drama íntimo. Hay hechos que, por su gravedad y por las personas involucradas, trascienden largamente el ámbito familiar y se instalan de lleno en el terreno de lo público. Cuando eso ocurre, el intento de correr el eje hacia la emoción, el afecto o la victimización no es un gesto inocente: es una forma de intervenir políticamente sobre el sentido del hecho.

En ese marco debe leerse el mensaje difundido por el padre del concejal detenido, Juan Zaragoza, ex intendente de Pirané hoy integrante de La Libertad Avanza, quien apeló a una narrativa profundamente personal para explicar una situación que, en términos jurídicos, no admite ambigüedades.

“A los amigos y a los que se creen mis enemigos… más de veinte años pagué por los actos u omisiones de mi padre Mario Antonio Zaragoza, hoy pago por ser el papá de Juanchi Zaragoza. En el pasado no negué mi sangre nunca, jamás y menos lo haré hoy con mi hijo Juanchi, a quien espero con los brazos abiertos y el corazón al rojo vivo para recuperarlo como hijo pleno, con todo el amor que se pueda dar a un ser humano, aceptando los errores y defectos, porque eso creo es el verdadero amor. Te espero hijo amado para tenerte a mi lado. Retroceder nunca, rendirse jamás.”

La frase, cargada de épica familiar y de apelaciones al sacrificio personal, busca instalar la idea de un padre que sufre y de un hijo que necesita contención. Pero omite el dato central que explica la intervención de la Justicia Federal.

El concejal fue detenido en el marco de un procedimiento que culminó con la incautación de aproximadamente cinco kilos de marihuana, dosis de cocaína y dinero en efectivo. No se trató de una detención azarosa ni de una situación vinculada al consumo personal. La cantidad de estupefacientes, la diversidad de sustancias y los elementos secuestrados encuadran el hecho, sin margen para interpretaciones benévolas, en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, prevista en la Ley 23.737. Es decir, narcotráfico. Un delito federal, no excarcelable, con penas que van de cuatro a quince años de prisión.

Hablar de adicciones en este contexto puede ser humanamente comprensible, pero jurídicamente irrelevante. La ley no juzga padecimientos ni historias familiares: juzga hechos concretos. Y el acopio de droga en cantidades incompatibles con cualquier consumo personal no es una cuestión sanitaria ni un problema doméstico. Es una conducta penal grave que afecta a la sociedad en su conjunto.

El mensaje del padre no se emite desde un lugar neutral. No es el testimonio de un ciudadano anónimo. Es la palabra de un dirigente político y ex intendente, que hoy forma parte de La Libertad Avanza, un espacio que construye su discurso público sobre la idea de orden, legalidad y combate contra el delito. En ese contexto, la victimización personal no solo busca proteger a un hijo: también intenta amortiguar el impacto político de un hecho que golpea de lleno en la credibilidad de ese discurso.

Las consecuencias políticas son inevitables. La detención de un ex concejal por narcotráfico no es un asunto privado ni un problema familiar. Es un hecho que compromete a la fuerza política que lo contiene, interpela a su dirigencia y exige definiciones claras. El silencio, la relativización o el refugio en la épica del sacrificio personal no hacen más que profundizar la contradicción entre el relato público y la realidad de los hechos.

En ese intento de encuadrar todo como un drama íntimo se diluyen las verdaderas víctimas del narcotráfico, se banaliza el daño social y se corre el foco de la responsabilidad institucional. El abrazo del padre puede ser genuino en el plano humano, pero cuando se expone desde una posición de poder se transforma en un acto político, con efectos concretos sobre la percepción pública del delito.

Nadie discute el derecho de un padre a amar y acompañar a su hijo. Lo que sí corresponde señalar es que ese amor no puede utilizarse como pantalla para desdibujar un hecho grave ni para pedir indulgencia social allí donde corresponde que actúe la ley. Cuando desde el poder se intenta que la sociedad confunda narcotráfico con un conflicto personal, ya no estamos frente a un gesto de humanidad, sino frente a una operación discursiva. Y frente a eso, el periodismo tiene la obligación de poner las cosas en su lugar.