violacion de derechos humanos

El Campus de la Universidad Nacional de Formosa volvió a ser escenario de daños y hechos de violencia. Esta vez, el blanco fue el Comedor Universitario. Rompieron el vidrio de la puerta principal y forzaron una de las puertas de emergencia. La reiteración de episodios vuelve a poner bajo la lupa la seguridad dentro de la institución.

Insfrán volvió a hablar como si fuera el dueño del calendario político argentino. Dijo que Milei “va a tener un gran susto” en las elecciones, acusó al Presidente de fascista, reivindicó la “tercera posición” y aseguró que Formosa no mira a Europa sino hacia adentro del país. El problema es que, mientras el gobernador anuncia sustos electorales para los demás, todavía no tiene resuelto si él mismo podrá aparecer en una boleta.

El Gobierno de Formosa parece haber descubierto una curiosa manera de enfrentar una emergencia climática: mientras un funcionario enciende las luces amarillas, otro pide que nadie se alarme. El mismo fenómeno, dos diagnósticos y una sola conclusión posible: alguien debería ponerse de acuerdo antes de salir a hablar.

El operativo desplegado en los asentamientos de Misión Nueva Yrigoyen y Tres Palmas no admite eufemismos. Lo ocurrido sobre el camino vecinal N° 9002 tiene todos los rasgos de una cacería, y no de un procedimiento de control territorial. Mientras el gobierno nacional mantiene su mirada fija en la agenda porteña, en el extremo noroeste de la provincia de Formosa se consuma un nuevo episodio de violencia institucional contra las comunidades originarias, con un saldo de decenas de detenidos, familias aterrorizadas y un sistema judicial que parece funcionar a la medida del poder político provincial.

La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.