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La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados podría sesionar en Formosa tras la denuncia de persecución judicial a periodistas. Legisladores nacionales denuncian el uso del poder judicial como herramienta de censura, y apuntan directamente al gobernador Gildo Insfrán por las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades más básicas.

Mientras miles de formoseños reciben facturas impagables, el gobierno de Insfrán se escuda en un informe “académico” de la UBA-CONICET que manipula datos para sostener una mentira técnica: que en Formosa la luz es barata. La universidad pública, en lugar de controlar al poder, le presta su sello para legitimar el abuso. Ciencia convertida en propaganda, estadísticas al servicio del saqueo.

Mientras el oficialismo formoseño y sus usinas satélites venden igualdad con estadísticas amañadas, la realidad muestra una provincia empobrecida, con su economía paralizada, salarios públicos por debajo de la canasta básica y un consumo que no repunta. La “equidad” en Formosa se logra porque nadie tiene nada.

Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.

El senador del feudo habla de república: José Mayans, mano derecha de Insfrán y garante del régimen formoseño sin alternancia, ahora denuncia autoritarismo en Nación mientras sostiene una provincia sin división de poderes ni democracia real.