leonardo fernández acosta
Fontevecchia comenzó la entrevista pidiéndole a Carbajal, “Ayúdenos a entender el radicalismo. Entrevistamos a Leandro Santoro, otro ex radical, que plantea que, por ejemplo, cuando se trató terminar con la estatización o nacionalización de la mayoría de YPF, el radicalismo votó en bloque (a pesar de que no le gustaba el gobierno de Cristina Kirchner) con el oficialismo. Santoro decía que, de lo contrario, perdían su identidad. Hoy, ¿qué es el radicalismo? ¿Cuál es su identidad? ¿Aquella que plantea, por ejemplo, Rodrigo de Loredo, de que no serán "bloqueadores" del DNU de Milei? ¿La suya o la de su grupo?”
“El radicalismo está en un proceso de recomposición, al igual que el resto de los partidos políticos. Es algo que precede a Javier Milei. Pero sin dudas que su éxito electoral obligó a todos los partidos a repensar qué somos y qué representamos. En ese proceso está el radicalismo.
Hasta el momento no tengo diferencias explícitas con el presidente de mi bloque, que es De Loredo. Lo que decimos es que este "todo o nada" no lo planteamos nosotros, sino que el Gobierno, y frente al "todo o nada" que plantea el Gobierno respecto al DNU, sí estaremos en contra de todo ese paquete. En esto reitero que coincido con De Loredo, que nuestra posición fue que seremos oposición pero constructiva y democrática, lo cual expresa la necesidad imperiosa de ponerle límites al Gobierno. Si el Gobierno se niega a dialogar, no podemos poner límites.
El DNU tiene cuestiones positivas y negativas, como cualquier propuesta de Gobierno. Lo que nosotros planteamos fue motivo de un análisis jurídico que yo hice acerca de buscarle una salida al "todo o nada" que propone el Gobierno y decirle que hay cosas que nosotros, como opositores responsables, estamos dispuestos a acompañar. Hay otras cosas que no estamos dispuestos a acompañar y otras que queremos ver la letra chica. Pero cuando el Gobierno pretende imponer una agenda de trabajo sin discusión es cuando se está saliendo del sistema democrático y republicano y van a una lógica autoritaria que no compartimos.
Si es nada, ¿cómo se imagina el próximo movimiento?
Si es nada, lo que tendrá que hacer el Gobierno es reflexionar y abrir la discusión política. Proponemos y decimos que el Gobierno lo haga antes, que no se exponga a una derrota en el Congreso, que sería un nuevo cimbronazo político. Le pido a Federico Sturzenegger que reflexione, él es un hombre que alguna vez participó también del ideario radical, tiene que entender que ningún sistema democrático del mundo funciona con la lógica que el Presidente y él están planteando. No funcionan así las democracias. El Gobierno funciona como Cuba o Venezuela, así funciona lo que ellos critican, en donde te cierran un paquete y nada es discutible.
La Ley Ómnibus tiene algunas iniciativas excelentes. La ley de juicio por jurado es una copia casi textual del proyecto que yo presenté junto a diputados de distintas bancadas el año pasado. Digo que es copia textual porque hay algunos artículos que se copiaron textualmente, otros que venían de proyectos anteriores y yo se lo acerqué oficialmente al ministro de Justicia y le pedí que lo tenga en cuenta, y me alegro que lo haya tenido en cuenta porque la realidad es que es una ley que, más allá que yo hice la última presentación junto a diputados de todos los bloques, es fruto de un consenso académico muy grande.
Me alegro que eso esté incluido en la Ley Ómnibus. Ahora, junto a eso hay otros proyectos que no nos gustan, nos gustan menos o creemos que hay que discutir. Es el tema que se juega en los próximos meses, que el Gobierno entienda que, en el marco de las democracias, las cuestiones se conversan y se discuten. Pero en el caso concreto de un amplio sector del radicalismo, si nos quieren imponer de un plumazo, estaremos diciendo que no, más allá de cada una de las medidas porque creemos que nuestro rol como opositores es ponerle límites al Gobierno y evitar que caigan en una concepción autoritaria.
No sé si me estoy poniendo viejo y juzgo con categorías, tengo una ontología oxidada, pero yo califiqué a este tiempo que nos toca vivir como excéntrico, distópico y absurdo, porque me cuesta entenderlo. Supongamos que fracasa en el Gobierno el DNU, pero fracasa en el Gobierno el DNU en marzo, cuando aparezcan las sesiones ordinarias y lo pueda votar. En ese caso, las consecuencias de la privación durante más de dos meses de volverlo hacia atrás creará, al mismo tiempo, consecuencias doblemente negativas, salvo que exista la posibilidad, como algunos legisladores creen, de autoconvocarse que tenga el Congreso, y los diputados en particular, para discutir un tema que no haya planteado en extraordinarias el Ejecutivo. ¿Cuál es su visión de si el DNU estará vigente hasta marzo o existe la chance de que antes se lo haga ineficaz desde el punto de vista del Parlamento? No me refiero al punto de vista de la Corte Suprema.
Desde el punto de vista parlamentario, existiría técnicamente la posibilidad de que el Congreso en extraordinarias pudiera darle tratamiento. De todos modos, hay que ser realistas y yo veo muy difícil que esto suceda en la práctica y, de hecho, no parece haber ninguna intención del Gobierno de que esto suceda porque la Comisión Bicameral, que sí es imprescindible y expresamente está autorizada a funcionar en el receso del Congreso, todavía no se constituyó. Por lo tanto, está claro que hay una estrategia del Gobierno de dilatar el tratamiento.
Respecto al temor que expresás, sin dudas algo de razón hay en el temor de la inseguridad jurídica que produce el DNU. No lo veo tan grave como lo señalás porque, por ejemplo, en términos de la Ley de Alquileres, comparto que hasta podría ser resuelta por vía de un DNU, dada la gravedad de la crisis que tiene el mercado inmobiliario, y porque considero que la decisión de volver al texto originario del Código Civil y Comercial, que está consensuado, es una buena decisión.
Lo que pasará si el DNU vuelve para atrás es que los contratos que se puedan firmar durante estos dos meses tendrán validez hasta que termine su mandato. Luego, en ese tema, lamentablemente volveremos a la mala Ley de Alquileres que tenemos. Esto sucederá así porque el Gobierno se emperra en no dividir las cuestiones, porque estamos dispuestos a, por ejemplo, votar el DNU en lo que hace a la Ley de Alquileres.
Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay otras que no sucederán por más que el DNU no sea atrapado porque qué empresario vendrá a tomar una privatización hecha en base a un DNU que mañana viene otro presidente y de un plumazo te desarman todo el esquema de negocios que pueda armarse sobre la base de la inseguridad jurídica causada por este método. Los países que avanzan son aquellos que causan calidez institucional, la cual no se genera gobernando por decreto.
