Las imágenes muestran al juez federal de Formosa, Pablo Morán, viviendo el Mundial con una exposición que difícilmente pase inadvertida. No se discute su derecho a viajar ni a disfrutar de una licencia. Lo que está en debate es si quien tiene la responsabilidad de impartir justicia debe buscar el protagonismo de las cámaras o preservar la discreción que exige la investidura de un magistrado.
Mientras los afiliados soportan la falta de especialistas, largas esperas y trámites interminables, ahora también deben tolerar respuestas soberbias, burlas y una atención impropia de un organismo que existe para cuidar la salud de quienes financian el sistema. La sucursal sobre la calle Rivadavia sumó la falta de respeto a la lista.
Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.
El Gobierno reabre el plazo para que los estatales regularicen una obligación administrativa bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Sin embargo, quienes concentran el poder político desde hace décadas continúan sin someterse al mismo nivel de publicidad patrimonial que le exigen al resto. La transparencia, en Formosa, parece tener escalafón.