La convencional y sobrina del gobernador Gildo Insfrán se atrevió a hablar de derechos humanos, no discriminación y prohibición de la tortura en la reforma constitucional, mientras su gobierno acumula denuncias por crímenes de lesa humanidad.
Cobran por la memoria, pero militan el olvido. Juan Lenscak y otros “referentes” de derechos humanos devenidos en empleados del régimen de Insfrán, transformaron su condición de víctimas en una franquicia oficialista: ahora encubren, relativizan o directamente niegan violaciones actuales a cambio de sueldos, cátedras y micrófonos pagos por el Estado que los necesita obedientes.
La sucursal del Banco Nación sucursal calle Fontana, cerró las puertas antes del horario de las 11:45 y a pesar del ruego de los familiares de un abuelo de 92 años en silla de ruedas, ni los policías ni la empleada que se presentó como gerente le permitieron pasar.
En una acción repudiable, pasible de una denuncia, al menos dos intendentes del interior de la provincia de Formosa, habrían impedido que camiones que no sean del municipio o del gobierno provincial, carguen agua en las plantas potabilizadoras para distribuir a la gente.
Los periodistas, Julieta González y Leo Fernández Acosta expusieron la situación de abandono de una familia y a las pocas horas les entregaron una casa ya terminada hace meses.
Cerca de 20 personas por comisaría y 1000 en todas las dependencias son detenidas o condenadas por día sin el debido derecho a defensa y solo tomando como válido el abuso policial.
"Esta vez con la anuencia del poder judicial de la provincia ataca a dos representantes del periodismo formoseño, al solo efecto de coartar la libertad de expresión y censurar al que piensa distinto", advirtió.
El vicegobernador ha consagrado institucionalmente la nueva generación de funcionarios gildistas a los que no le importan que los retraten, en el apuro por figurar en muchas comunidades, con criaturas que no tienen derecho a la salud, a disfrutar de un ambiente sano, a que se respete su honor o a que se proteja su imagen. En síntesis, funcionarios a los que no les importa nada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
