La convencional y sobrina del gobernador Gildo Insfrán se atrevió a hablar de derechos humanos, no discriminación y prohibición de la tortura en la reforma constitucional, mientras su gobierno acumula denuncias por crímenes de lesa humanidad.
Locales05/08/2025
leonardo fernández acosta
En un despliegue que hubiera hecho sonrojar a Orwell, la convencional Grisel Insfrán, sobrina del gobernador y miembro informante del bloque justicialista, se presentó ante la Convención Constituyente para leer con tono solemne una propuesta de reforma al artículo 9 de la Constitución Provincial, en defensa de los derechos humanos, la diversidad, la no discriminación y la dignidad humana.
Lo hizo sin un atisbo de pudor. Como si no llevara el apellido del jefe político responsable de las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la pandemia. Como si no supiéramos que, bajo el llamado “modelo formoseño”, hubo ciudadanos privados de su libertad sin orden judicial, hacinados en centros de aislamiento que funcionaban como campos de detención. Como si no existieran registros, testimonios, habeas corpus y fallos judiciales que confirmaron lo que en Formosa fue política de Estado: el miedo como herramienta de control.
¿Acaso olvida que su apellido está asociado a uno de los regímenes más represivos del país? ¿Que durante la pandemia, Formosa se convirtió en un laboratorio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con centros de detención ilegales, familias separadas por la fuerza y personas encerradas sin orden judicial, atención médica y policías disfrazados de enfermeros? Omite que en las palabras que repite sin pensar, subyace entre líneas el encierro salvaje de más de 700 personas hacinadas en el estadio cincuentenario con dos baños, a quienes tuvieron que esconder cuando llegó a Formosa, el Secretario de DDHH de la Nación.
¿O que, el 5 de marzo de 2021, su gobierno reprimió una protesta con una brutalidad que dejó más de 100 detenidos desaparecidos por horas, trasladados de comisaría en comisaría, golpeados y sometidos a vejámenes, mientras la policía provincial usaba garrafas de gas vencidas, prohibidas por tratados internacionales?
La gravedad de estos hechos llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la Nación a sesionar dos veces: una en el Congreso y otra en Formosa, donde las víctimas relataron las torturas y el terror institucional. Sin embargo, ni ella ni su tío han pedido perdón, ni han sido juzgados, ni han reconocido su responsabilidad.
Hoy, mientras Grisel Insfrán pretende dar lecciones de ética y derechos humanos, el gobierno provincial sigue persiguiendo opositores, cerrando medios críticos y manteniendo un sistema judicial funcional que encubre las atrocidades cometidas.
No se puede legislar sobre dignidad humana con las manos manchadas con el sufrimiento y la injusticia sobre las familias formoseñas. No hay reforma constitucional que limpie la historia de un régimen que convirtió la tortura en política de Estado.
Lo que Formosa necesita no son artículos decorativos en una Constitución, sino justicia, memoria y el fin de la impunidad para quienes usaron el poder para humillar, encerrar y reprimir a su propio pueblo.
Mientras tanto, el discurso de la sobrina del feudal no es más que otro acto de hipocresía en nombre de un modelo que solo entiende de derechos humanos cuando le sirve para lavar su imagen. La dignidad no se escribe en un papel. Se defiende con hechos. Y en Formosa, los hechos demuestran que para el clan Insfrán, los derechos humanos siempre fueron letra muerta.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
