leonardo fernández acosta
En un despliegue que hubiera hecho sonrojar a Orwell, la convencional Grisel Insfrán, sobrina del gobernador y miembro informante del bloque justicialista, se presentó ante la Convención Constituyente para leer con tono solemne una propuesta de reforma al artículo 9 de la Constitución Provincial, en defensa de los derechos humanos, la diversidad, la no discriminación y la dignidad humana.
Lo hizo sin un atisbo de pudor. Como si no llevara el apellido del jefe político responsable de las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la pandemia. Como si no supiéramos que, bajo el llamado “modelo formoseño”, hubo ciudadanos privados de su libertad sin orden judicial, hacinados en centros de aislamiento que funcionaban como campos de detención. Como si no existieran registros, testimonios, habeas corpus y fallos judiciales que confirmaron lo que en Formosa fue política de Estado: el miedo como herramienta de control.
¿Acaso olvida que su apellido está asociado a uno de los regímenes más represivos del país? ¿Que durante la pandemia, Formosa se convirtió en un laboratorio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con centros de detención ilegales, familias separadas por la fuerza y personas encerradas sin orden judicial, atención médica y policías disfrazados de enfermeros? Omite que en las palabras que repite sin pensar, subyace entre líneas el encierro salvaje de más de 700 personas hacinadas en el estadio cincuentenario con dos baños, a quienes tuvieron que esconder cuando llegó a Formosa, el Secretario de DDHH de la Nación.
¿O que, el 5 de marzo de 2021, su gobierno reprimió una protesta con una brutalidad que dejó más de 100 detenidos desaparecidos por horas, trasladados de comisaría en comisaría, golpeados y sometidos a vejámenes, mientras la policía provincial usaba garrafas de gas vencidas, prohibidas por tratados internacionales?
La gravedad de estos hechos llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la Nación a sesionar dos veces: una en el Congreso y otra en Formosa, donde las víctimas relataron las torturas y el terror institucional. Sin embargo, ni ella ni su tío han pedido perdón, ni han sido juzgados, ni han reconocido su responsabilidad.
Hoy, mientras Grisel Insfrán pretende dar lecciones de ética y derechos humanos, el gobierno provincial sigue persiguiendo opositores, cerrando medios críticos y manteniendo un sistema judicial funcional que encubre las atrocidades cometidas.
No se puede legislar sobre dignidad humana con las manos manchadas con el sufrimiento y la injusticia sobre las familias formoseñas. No hay reforma constitucional que limpie la historia de un régimen que convirtió la tortura en política de Estado.
Lo que Formosa necesita no son artículos decorativos en una Constitución, sino justicia, memoria y el fin de la impunidad para quienes usaron el poder para humillar, encerrar y reprimir a su propio pueblo.
Mientras tanto, el discurso de la sobrina del feudal no es más que otro acto de hipocresía en nombre de un modelo que solo entiende de derechos humanos cuando le sirve para lavar su imagen. La dignidad no se escribe en un papel. Se defiende con hechos. Y en Formosa, los hechos demuestran que para el clan Insfrán, los derechos humanos siempre fueron letra muerta.
