En una acción repudiable, pasible de una denuncia, al menos dos intendentes del interior de la provincia de Formosa, habrían impedido que camiones que no sean del municipio o del gobierno provincial, carguen agua en las plantas potabilizadoras para distribuir a la gente.
Interior26/01/2023
leonardo fernández acosta
Alfredo de Yong, intendente de Pozo del Tigre, absolutamente superado por la situación respecto de la falta de agua, aseguró que el gobierno aporta cada día y medio 250 mil litros de agua, transportado por camiones oficiales y de cooperativas amigas del poder que por supuesto cobran por el servicio.
"Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva".
Ante la campaña de Cáritas para juntar agua en botellones y repartir a los pobladores, De Yong, reaccionó molesto y pudo más la intolerancia: "Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva". Claro nada peor que ser expuesto por inoperante pero la historia de la manipulación del relato siguió creciendo como también la intolerancia.
No solo De Yong queda expuesto sino el desaparecido del oeste, gobernador, Gildo Insfrán, que no puso un pie en la zona ni siquiera para sus operativos de campaña ante la emergencia humanitaria por la falta de agua. Claro, Insfrán se mantiene alejado cuando la falta de políticas públicas respecto de los cíclicos períodos de sequía provoca nada menos que un desastre humanitario.
Pero como si esto no fuera suficiente para los angustiados pobladores del oeste, no solo De Yong se apropió de la distribución de agua con fines políticos violando todo tipo de normativa provincial, nacional y pactos internacionales sino que también el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, prohibió que la planta potabilizadora de agua, le de agua potable a camiones que no sean del gobierno.
A uno de los camiones que se aprovisionaba de agua en la planta de Las Lomitas que distribuía a los pobladores y que pertenecía al empresario, Francisco Paoltroni (sin identificación política), le negaron el abastecimiento de la planta (pública) por orden del intendente Atilio Basualdo o autoridades del gobierno provincial.
La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
El intendente Mario Brignole juega al macho montado con rebenque en mano para amedrentar a la oposición, pero tiembla de miedo cuando el Ejército anuncia maniobras en su camping. Gaucho para agredir mujeres, pero cobarde cuando no controla los uniformes. La síntesis perfecta del modelo formoseño: bravuconería para los débiles, sumisión ante el poder real.
Escrutadas 140 mesas de 145 de la ciudad de Clorinda, los números dan como nuevo intendente de Clorinda a quien se desempeñaba en el cargo como interino, ante el fallecimiento del ex intendente, Manuel Celauro. Marcelo Ocampo de LLA fue el mejor ubicado de la oposición pero lejos del ganador. Los números jubilaron a los candidatos de la UCR.
Es la segunda vez que en esa localidad habría ocurrido un hecho aberrante que tiene como involucrados a personajes cercanos a la intendencia pero no hay pronunciamiento alguno del propio intendente, ni de ningún organismo provincial o de alguien que haya marchado en la contra el fascismo.
Mientras el intendente Atilio Basualdo lucha por no ser asfixiado financieramente, el gobernador se lanza a inaugurar toboganes y piletas en un Parque Acuático.
Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
