En una acción repudiable, pasible de una denuncia, al menos dos intendentes del interior de la provincia de Formosa, habrían impedido que camiones que no sean del municipio o del gobierno provincial, carguen agua en las plantas potabilizadoras para distribuir a la gente.
Interior26/01/2023
leonardo fernández acosta
Alfredo de Yong, intendente de Pozo del Tigre, absolutamente superado por la situación respecto de la falta de agua, aseguró que el gobierno aporta cada día y medio 250 mil litros de agua, transportado por camiones oficiales y de cooperativas amigas del poder que por supuesto cobran por el servicio.
"Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva".
Ante la campaña de Cáritas para juntar agua en botellones y repartir a los pobladores, De Yong, reaccionó molesto y pudo más la intolerancia: "Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva". Claro nada peor que ser expuesto por inoperante pero la historia de la manipulación del relato siguió creciendo como también la intolerancia.
No solo De Yong queda expuesto sino el desaparecido del oeste, gobernador, Gildo Insfrán, que no puso un pie en la zona ni siquiera para sus operativos de campaña ante la emergencia humanitaria por la falta de agua. Claro, Insfrán se mantiene alejado cuando la falta de políticas públicas respecto de los cíclicos períodos de sequía provoca nada menos que un desastre humanitario.
Pero como si esto no fuera suficiente para los angustiados pobladores del oeste, no solo De Yong se apropió de la distribución de agua con fines políticos violando todo tipo de normativa provincial, nacional y pactos internacionales sino que también el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, prohibió que la planta potabilizadora de agua, le de agua potable a camiones que no sean del gobierno.
A uno de los camiones que se aprovisionaba de agua en la planta de Las Lomitas que distribuía a los pobladores y que pertenecía al empresario, Francisco Paoltroni (sin identificación política), le negaron el abastecimiento de la planta (pública) por orden del intendente Atilio Basualdo o autoridades del gobierno provincial.
La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
El intendente Mario Brignole juega al macho montado con rebenque en mano para amedrentar a la oposición, pero tiembla de miedo cuando el Ejército anuncia maniobras en su camping. Gaucho para agredir mujeres, pero cobarde cuando no controla los uniformes. La síntesis perfecta del modelo formoseño: bravuconería para los débiles, sumisión ante el poder real.
Escrutadas 140 mesas de 145 de la ciudad de Clorinda, los números dan como nuevo intendente de Clorinda a quien se desempeñaba en el cargo como interino, ante el fallecimiento del ex intendente, Manuel Celauro. Marcelo Ocampo de LLA fue el mejor ubicado de la oposición pero lejos del ganador. Los números jubilaron a los candidatos de la UCR.
Es la segunda vez que en esa localidad habría ocurrido un hecho aberrante que tiene como involucrados a personajes cercanos a la intendencia pero no hay pronunciamiento alguno del propio intendente, ni de ningún organismo provincial o de alguien que haya marchado en la contra el fascismo.
Mientras el intendente Atilio Basualdo lucha por no ser asfixiado financieramente, el gobernador se lanza a inaugurar toboganes y piletas en un Parque Acuático.
Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .
En Formosa, ni sacar más votos te garantiza una banca. Gabriela Neme quedaría afuera de la Legislatura por una combinación perversa de ley de lemas, reparto arbitrario y castigo político. Molesta al oficialismo y eclipsa a una oposición cómoda: el sistema la quiere afuera, y el Tribunal Electoral obedece.
Cobran por la memoria, pero militan el olvido. Juan Lenscak y otros “referentes” de derechos humanos devenidos en empleados del régimen de Insfrán, transformaron su condición de víctimas en una franquicia oficialista: ahora encubren, relativizan o directamente niegan violaciones actuales a cambio de sueldos, cátedras y micrófonos pagos por el Estado que los necesita obedientes.
La UCR formoseña volvió a lo que mejor sabe hacer: pactar con el poder que dice combatir. Lejos de denunciar la estafa electoral contra Gabriela Neme, se alineó con el gildismo y celebró una banca obtenida gracias a una trampa vergonzosa. En lugar de defender el voto popular, se convirtió en su verdugo. Una oposición que festeja el fraude no es oposición: es parte del problema.
Mientras Greenpeace alerta sobre la alarmante expansión de la deforestación en Formosa tras la Ley de Bosques, el gobierno de Gildo Insfrán se aferra a un relato técnico lleno de cifras, pero incapaz de explicar un hecho irrefutable: los desmontes se multiplicaron por cuatro desde la implementación de la norma.
La oposición en Formosa no perdió solamente una elección. Perdió la brújula. Perdió sentido estratégico. Y, lo que es más grave, perdió su vínculo con la ciudadanía que alguna vez le creyó que era posible enfrentar al régimen de Insfrán.
