En una acción repudiable, pasible de una denuncia, al menos dos intendentes del interior de la provincia de Formosa, habrían impedido que camiones que no sean del municipio o del gobierno provincial, carguen agua en las plantas potabilizadoras para distribuir a la gente.
Interior26 de enero de 2023
leonardo fernández acosta
Alfredo de Yong, intendente de Pozo del Tigre, absolutamente superado por la situación respecto de la falta de agua, aseguró que el gobierno aporta cada día y medio 250 mil litros de agua, transportado por camiones oficiales y de cooperativas amigas del poder que por supuesto cobran por el servicio.
"Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva".
Ante la campaña de Cáritas para juntar agua en botellones y repartir a los pobladores, De Yong, reaccionó molesto y pudo más la intolerancia: "Antes que juntar agua, la iglesia debería ponerse a rezar para que llueva". Claro nada peor que ser expuesto por inoperante pero la historia de la manipulación del relato siguió creciendo como también la intolerancia.
No solo De Yong queda expuesto sino el desaparecido del oeste, gobernador, Gildo Insfrán, que no puso un pie en la zona ni siquiera para sus operativos de campaña ante la emergencia humanitaria por la falta de agua. Claro, Insfrán se mantiene alejado cuando la falta de políticas públicas respecto de los cíclicos períodos de sequía provoca nada menos que un desastre humanitario.
Pero como si esto no fuera suficiente para los angustiados pobladores del oeste, no solo De Yong se apropió de la distribución de agua con fines políticos violando todo tipo de normativa provincial, nacional y pactos internacionales sino que también el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, prohibió que la planta potabilizadora de agua, le de agua potable a camiones que no sean del gobierno.
A uno de los camiones que se aprovisionaba de agua en la planta de Las Lomitas que distribuía a los pobladores y que pertenecía al empresario, Francisco Paoltroni (sin identificación política), le negaron el abastecimiento de la planta (pública) por orden del intendente Atilio Basualdo o autoridades del gobierno provincial.
Es la segunda vez que en esa localidad habría ocurrido un hecho aberrante que tiene como involucrados a personajes cercanos a la intendencia pero no hay pronunciamiento alguno del propio intendente, ni de ningún organismo provincial o de alguien que haya marchado en la contra el fascismo.
Mientras el intendente Atilio Basualdo lucha por no ser asfixiado financieramente, el gobernador se lanza a inaugurar toboganes y piletas en un Parque Acuático.
Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .
El accidente se habría producido entre una camioneta y un camión.
La sucursal del Banco Nación sucursal calle Fontana, cerró las puertas antes del horario de las 11:45 y a pesar del ruego de los familiares de un abuelo de 92 años en silla de ruedas, ni los policías ni la empleada que se presentó como gerente le permitieron pasar.
El oficialismo apela a la falta absoluta de educación y cultura al promover una serie de insultos misóginos contra la diputada provincial, Gabriela Neme, a través del analfabeto funcional, Juan Carlos Mereles.
En la torpeza de no perder al ejército cooptado con recursos públicos que garantiza que el gobernador, Gildo Insfrán, gane siempre las elecciones, un empleado de la salud se autoincriminó en varios delitos y también involucró al intendente, Julio Murdoch. Queda en claro cuáles son algunas de las estrategias para garantizar el triunfo en cada una de las elecciones del eterno gobernador, Gildo Insfrán.
El caso del juez Arturo Cabral ha dejado en evidencia la degradación de la Justicia en Formosa y su sometimiento absoluto al poder político del PJ. Cabral, con su impresentable candidatura, expuso la complicidad de los jueces del Tribunal Electoral Permanente, Claudio Moreno y Sandra Moreno, quienes en lugar de actuar con imparcialidad, lo defendieron abiertamente, incurriendo en prejuzgamiento. Pero cuando las impugnaciones formales llegaron, se refugiaron en tecnicismos administrativos para no resolver en el plazo legal y evitar su inhabilitación. Finalmente, la Legislatura, bajo el mando de Insfrán, lo "salvó" aceptando su renuncia y garantizándole una salida sin consecuencias.
"Lo del celular es de campeón mundial. Copiar un acta delante del comerciante al que supuestamente van a infraccionar desde un celular no tiene antecedentes" relató el titular del comercio.
