Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.
Locales28/07/2025
leonardo fernández acosta
La convocatoria dispuesta por la Ley N.º 1736/2024 para una Convención Constituyente Reformadora ha sido presentada como una “oportunidad histórica” para Formosa. Según la narrativa oficial, se trataría de un avance sin precedentes hacia la democratización de la ciencia, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento. En ese marco, se promete garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en función del bienestar común y del respeto a los derechos humanos. Suena bien. Demasiado bien.
El discurso, sin embargo, está lejos de la realidad. Porque detrás de esta fachada de modernización, se esconde un intento de consolidar el control estatal sobre el ecosistema digital y, en particular, sobre la libre circulación de información en internet.
La retórica oficial habla de proteger los derechos en “tiempos de ciudadanía digital”, de asegurar el acceso a “una sociedad de la información debidamente protegida”, e incluso de anticiparse a una hipotética privatización nacional de la señal satelital que pueda “afectar los intereses locales”. En los hechos, el gobierno provincial, bajo el mando de Gildo Insfrán, lleva años construyendo un modelo autoritario que busca silenciar voces disidentes, ahora también en los entornos digitales.
Bajo la excusa de “constitucionalizar los derechos de cuarta generación”, el borrador que impulsa el oficialismo busca habilitar la intervención legislativa, administrativa y judicial del Estado sobre datos personales, inteligencia artificial, algoritmos, redes sociales, fake news, comercio electrónico y hasta criptomonedas. El gildismo se disfraza de progresismo digital para, en realidad, consagrar un marco de vigilancia masiva, censura encubierta y control de contenidos, bajo la apariencia de una política pública en línea con la “Cuarta Revolución Industrial”.
Se invocan términos como "neutralidad de la red", "autodeterminación informativa", "transparencia algorítmica", “neurotecnologías” o “gobierno electrónico”, sin que se expliquen los mecanismos concretos ni las garantías de independencia de esos controles. En realidad, todo se deposita en el poder político de turno. Y con un régimen sin alternancia como el de Formosa, eso equivale a colocar la infraestructura del control digital al servicio de un solo partido, de un solo hombre.
No es casual que quien articule esta reforma sea el convencional gildista Horacio Petit, quien hoy actúa como operador jurídico del régimen. Tampoco sorprende que esta avanzada constitucional venga en un momento en que las redes sociales, el periodismo digital independiente y los canales alternativos de información representan el último reducto de expresión libre en la provincia.
Con esta reforma, el gildismo busca perpetuar su hegemonía también en el plano digital, blindándose contra cualquier forma de disenso futuro. La Constitución, en lugar de consagrar derechos, podría transformarse en una herramienta para perseguir a quienes incomoden al poder.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
