leonardo fernández acosta
La convocatoria dispuesta por la Ley N.º 1736/2024 para una Convención Constituyente Reformadora ha sido presentada como una “oportunidad histórica” para Formosa. Según la narrativa oficial, se trataría de un avance sin precedentes hacia la democratización de la ciencia, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento. En ese marco, se promete garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en función del bienestar común y del respeto a los derechos humanos. Suena bien. Demasiado bien.
El discurso, sin embargo, está lejos de la realidad. Porque detrás de esta fachada de modernización, se esconde un intento de consolidar el control estatal sobre el ecosistema digital y, en particular, sobre la libre circulación de información en internet.
La retórica oficial habla de proteger los derechos en “tiempos de ciudadanía digital”, de asegurar el acceso a “una sociedad de la información debidamente protegida”, e incluso de anticiparse a una hipotética privatización nacional de la señal satelital que pueda “afectar los intereses locales”. En los hechos, el gobierno provincial, bajo el mando de Gildo Insfrán, lleva años construyendo un modelo autoritario que busca silenciar voces disidentes, ahora también en los entornos digitales.
Bajo la excusa de “constitucionalizar los derechos de cuarta generación”, el borrador que impulsa el oficialismo busca habilitar la intervención legislativa, administrativa y judicial del Estado sobre datos personales, inteligencia artificial, algoritmos, redes sociales, fake news, comercio electrónico y hasta criptomonedas. El gildismo se disfraza de progresismo digital para, en realidad, consagrar un marco de vigilancia masiva, censura encubierta y control de contenidos, bajo la apariencia de una política pública en línea con la “Cuarta Revolución Industrial”.
Se invocan términos como "neutralidad de la red", "autodeterminación informativa", "transparencia algorítmica", “neurotecnologías” o “gobierno electrónico”, sin que se expliquen los mecanismos concretos ni las garantías de independencia de esos controles. En realidad, todo se deposita en el poder político de turno. Y con un régimen sin alternancia como el de Formosa, eso equivale a colocar la infraestructura del control digital al servicio de un solo partido, de un solo hombre.
No es casual que quien articule esta reforma sea el convencional gildista Horacio Petit, quien hoy actúa como operador jurídico del régimen. Tampoco sorprende que esta avanzada constitucional venga en un momento en que las redes sociales, el periodismo digital independiente y los canales alternativos de información representan el último reducto de expresión libre en la provincia.
Con esta reforma, el gildismo busca perpetuar su hegemonía también en el plano digital, blindándose contra cualquier forma de disenso futuro. La Constitución, en lugar de consagrar derechos, podría transformarse en una herramienta para perseguir a quienes incomoden al poder.
