Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.
Locales28/07/2025
leonardo fernández acosta
La convocatoria dispuesta por la Ley N.º 1736/2024 para una Convención Constituyente Reformadora ha sido presentada como una “oportunidad histórica” para Formosa. Según la narrativa oficial, se trataría de un avance sin precedentes hacia la democratización de la ciencia, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento. En ese marco, se promete garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en función del bienestar común y del respeto a los derechos humanos. Suena bien. Demasiado bien.
El discurso, sin embargo, está lejos de la realidad. Porque detrás de esta fachada de modernización, se esconde un intento de consolidar el control estatal sobre el ecosistema digital y, en particular, sobre la libre circulación de información en internet.
La retórica oficial habla de proteger los derechos en “tiempos de ciudadanía digital”, de asegurar el acceso a “una sociedad de la información debidamente protegida”, e incluso de anticiparse a una hipotética privatización nacional de la señal satelital que pueda “afectar los intereses locales”. En los hechos, el gobierno provincial, bajo el mando de Gildo Insfrán, lleva años construyendo un modelo autoritario que busca silenciar voces disidentes, ahora también en los entornos digitales.
Bajo la excusa de “constitucionalizar los derechos de cuarta generación”, el borrador que impulsa el oficialismo busca habilitar la intervención legislativa, administrativa y judicial del Estado sobre datos personales, inteligencia artificial, algoritmos, redes sociales, fake news, comercio electrónico y hasta criptomonedas. El gildismo se disfraza de progresismo digital para, en realidad, consagrar un marco de vigilancia masiva, censura encubierta y control de contenidos, bajo la apariencia de una política pública en línea con la “Cuarta Revolución Industrial”.
Se invocan términos como "neutralidad de la red", "autodeterminación informativa", "transparencia algorítmica", “neurotecnologías” o “gobierno electrónico”, sin que se expliquen los mecanismos concretos ni las garantías de independencia de esos controles. En realidad, todo se deposita en el poder político de turno. Y con un régimen sin alternancia como el de Formosa, eso equivale a colocar la infraestructura del control digital al servicio de un solo partido, de un solo hombre.
No es casual que quien articule esta reforma sea el convencional gildista Horacio Petit, quien hoy actúa como operador jurídico del régimen. Tampoco sorprende que esta avanzada constitucional venga en un momento en que las redes sociales, el periodismo digital independiente y los canales alternativos de información representan el último reducto de expresión libre en la provincia.
Con esta reforma, el gildismo busca perpetuar su hegemonía también en el plano digital, blindándose contra cualquier forma de disenso futuro. La Constitución, en lugar de consagrar derechos, podría transformarse en una herramienta para perseguir a quienes incomoden al poder.
Tras llevar a la UCR provincial a uno de sus peores momentos históricos, Osvaldo Zárate reaparece como fiscal de la moral partidaria, repartiendo culpas mientras omite su largo historial de fracasos, alianzas oportunistas y silencios cómplices.
Aunque la conectividad mejoró notablemente en Formosa, los datos revelan que el desarrollo del empleo digital aún es marginal. La provincia lidera en participación del sector informático en el NEA, pero ese “logro” convive con un mercado laboral formal paupérrimo.
Esteban López Tozzi traiciona sus propios principios al defender la impunidad de Insfrán, demostrando que la coherencia política y el respeto por los derechos humanos son lo último que le interesa. Su defensa del autoritarismo formoseño es una vergonzosa muestra de pragmatismo vacío, dispuesto a sacrificar la verdad y la justicia por intereses electorales.
El senador del feudo habla de república: José Mayans, mano derecha de Insfrán y garante del régimen formoseño sin alternancia, ahora denuncia autoritarismo en Nación mientras sostiene una provincia sin división de poderes ni democracia real.
Mientras miles de formoseños reciben facturas impagables, el gobierno de Insfrán se escuda en un informe “académico” de la UBA-CONICET que manipula datos para sostener una mentira técnica: que en Formosa la luz es barata. La universidad pública, en lugar de controlar al poder, le presta su sello para legitimar el abuso. Ciencia convertida en propaganda, estadísticas al servicio del saqueo.
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La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados podría sesionar en Formosa tras la denuncia de persecución judicial a periodistas. Legisladores nacionales denuncian el uso del poder judicial como herramienta de censura, y apuntan directamente al gobernador Gildo Insfrán por las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades más básicas.
Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.
El senador del feudo habla de república: José Mayans, mano derecha de Insfrán y garante del régimen formoseño sin alternancia, ahora denuncia autoritarismo en Nación mientras sostiene una provincia sin división de poderes ni democracia real.
Esteban López Tozzi traiciona sus propios principios al defender la impunidad de Insfrán, demostrando que la coherencia política y el respeto por los derechos humanos son lo último que le interesa. Su defensa del autoritarismo formoseño es una vergonzosa muestra de pragmatismo vacío, dispuesto a sacrificar la verdad y la justicia por intereses electorales.
Aunque la conectividad mejoró notablemente en Formosa, los datos revelan que el desarrollo del empleo digital aún es marginal. La provincia lidera en participación del sector informático en el NEA, pero ese “logro” convive con un mercado laboral formal paupérrimo.
Tras llevar a la UCR provincial a uno de sus peores momentos históricos, Osvaldo Zárate reaparece como fiscal de la moral partidaria, repartiendo culpas mientras omite su largo historial de fracasos, alianzas oportunistas y silencios cómplices.
