Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Zilotto de La Pampa y Omar Perotti, de Santa Fe, fueron atendidos a las corridas en el raid de la ministra Batakis para asegurar el apoyo federal a las medidas.
Locales21/07/2022
leonardo fernández acosta
Los gobernadores, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Zilotto de La Pampa y Omar Perotti, de Santa Fe, entraron a la oficina de la Ministra de Economía, después que esta se había reunido con el gabinete económico en un contexto de aumento descontrolado del dólar.
Las medidas que se tomaron entre otras, considera que los turistas del exterior podrán acceder al tipo de cambio financiero para vender sus dólares mientras que se agilizará el acceso a divisas para el pago de importaciones.
Los turistas podrán recurrir a las casas de cambio y entidades habilitadas para vender sus dólares en un intento por acercar una cotización más favorable que el tipo de cambio oficial, aunque por debajo del blue, pero de modo formal. El máximo permitido por este mecanismo será de hasta 5.000 dólares. El tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero, que responde al MEP.
Para esto, la entidad deberá hacer la operación en el mercado financiero. Según indican fuentes oficiales, esto no tendrá impacto en la operación del turista.
Por otra parte, ante las advertencias de varios sectores productivos, en la reunión de Gabinete se acordó "mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios" para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos.
De esta forma, el Banco Central permitirá el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio de 2022, y que ya han arribado al país con SIMI vigentes hasta esa fecha.
El encuentro realizado en el Palacio de Hacienda fue encabezado por la ministra de Economía Silvina Batakis junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.
Por otra parte, se sumaron el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri; y la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo, Camila Cabral.
Tras la reunión del equipo Económico, entraron los gobernadores como convidados de piedra porque no hay lugar para mantener el nivel de gasto o financiamiento hacia las provincias por lo que serán arrastrados, les guste o no, por la limitación en el tope a la emisión de pesos impuesto por el FMI y a su vez, la depreciación del peso como consecuencia del aumento por hora del dólar.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
