El Diputado Provincial por la UCR Juan Carlos Amarilla denunció que en el Balance 2021 del Partido Justicialista de Formosa aparecen el jefe y el subjefe de la policía como aportantes económicos de la campaña política del mencionado partido.
Locales20/09/2022
leonardo fernández acosta
El legislador indicó que el actual jefe de la policía Comisario Gral. ARROYO, WALTER RENÉ DNI N°: 12.770.625 nombrado el 15 de marzo de 2018. Y el actual Subjefe de la policía Comisario General y Abogado BOBADILLA, CIRILO JULIAN DNI N°: 16.470.277 nombrado en enero de 2020 aparecen en el listado de aportantes en total contraposición de la normativa vigente.
"El balance en cuestión donde aparecen estos policías está publicado en el Boletín Oficial del gobierno de la provincia bajo el N°: 12.066 de fecha 7 de septiembre del presente año, remarcó el legislador y agregó que además que también son aportantes los ex jefes de la policía Felipe Sergio Cañete y Juan Bernabé Escobar. El mensaje es claro, para ser Jefe o Subjefe uno debe identificarse con el gobierno provincial. No importa lo que digan las leyes". Dijo el Legislador.
Lo que dicen las normas legales
El Decreto Provincial 915/75 es el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía y en su artículo 17° establece que "se consideran Faltas Graves las siguientes: y en el inciso ñ) dice "Formar parte de agrupaciones políticas o participar de su actividad"
La ley del personal policial 672/87 en su artículo 28° dice "Son deberes esenciales para el personal policial en actividad: ....Inc.f)."No aceptar ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los Partidos Políticos"
La conducta de los jefes policiales viola ambas normas al resolver voluntariamente correr con el sostenimiento de la campaña política del partido gobernante con su propio peculio. Hay una clara participación en la actividad de un partido.
Finalmente el art. 20 de la ley orgánica de la policía 428/69 dice: " La policía de la Provincia, no podrá ser utilizada con fines políticos partidarios, ni aplicada a funciones que no estén establecidas en esta ley. Las normas o directivas que contravengan esas normas, autorizará la desobediencia".
"Haber resuelto participar en la actividad política aportando recursos económicos es causal de incumplimiento de estas normas que merece la denuncia pertinente que la vamos a realizar. No podemos tener una conducción policial públicamente teñida con una bandería política. Dejan de ser una garantía para todos cuando se cae en semejante desatino". Concluyó el Legislador.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
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