Entre 2006 y 2020 solo en tres oportunidades se cumplió con el objetivo de gasto en educación como porcentaje del PBI establecido por ley. La deuda acumulada a lo largo de estos años equivale a un 5% del PBI de 2020, es decir, aproximadamente la inversión educativa en un año. El 68,4% de esta desinversión ocurrió en cuatro años: 2010 y el trienio 2018 - 2020.
Nacionales03/02/2023
leonardo fernández acosta
Entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI del 2020 (3,4 billones de pesos o U$D 26.009 millones, tomando el dólar a $132,15 promedio del 2022). Es así que si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en ese año, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año.
Los datos surgen del informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). Transcurrida más de una década desde la obligatoriedad legal de alcanzar el 6% del PBI, este documento busca cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la meta entre 2006 y 2020 (último dato disponible).
Solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%. “A lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación en Argentina no ha alcanzado el 6% salvo en los años 2009, 2013 y 2015. La distancia entre el objetivo de inversión fijado por el Poder Legislativo en 2005 y 2006 y el gasto ejecutado nos permite calcular el pasivo entre los dichos y los hechos”, reflexiona Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y coautor del informe.
“El trabajo plantea la responsabilidad concurrente de gobiernos de diferente signo político y niveles de gobierno (porque el 6% de gasto educativo suma al gobierno nacional con los jurisdiccionales) y, en forma subyacente, se plantea la necesidad de pensar mecanismos alternativos que aseguren un adecuado financiamiento del sector”, sostiene Juan Doberti, Doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA. Y agrega: “El problema plateado cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, incluso en los años en que se cumplió el porcentaje normativamente estipulado, el sistema educativo planteó inconvenientes de cobertura, eficiencia y calidad y que la masificación educativa exigirá, presumiblemente, mecanismos para la obtención de mayores recursos y para su mejor uso”.
Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron: 2019 (841 mil millones de pesos de 2022), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones). El año 2010, sumado a este trienio constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.
“El informe pone de manifiesto que el acuerdo por priorizar el financiamiento educativo alcanzado en 2005 tuvo un impacto menor al esperado en los tres lustros transcurridos desde esa fecha. La organización de ese financiamiento entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y las instituciones educativas requiere la consolidación de acuerdos en los que se definan los aportes a realizar por cada parte y los compromisos asumidos para la generación de mejoras. Los convenios orientados a resultados establecidos por la Ley de Financiamiento Educativo son un buen instrumento para favorecer la mejora en la calidad y en la inclusión. Es importante afianzar la inversión en la educación de manera adecuada y persistente como condición necesaria para apalancar el desarrollo sostenible”, reflexiona Javier Curcio, Licenciado en Economía e investigador de IIEP BAIRES y UBA-CONICET.
“Cabe notar que durante el transcurso del período analizado, la Argentina (y la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales) mantuvieron diferentes situaciones respecto del déficit fiscal. Esto significa que la Deuda Educativa Argentina no es producto de una férrea disciplina fiscal a favor de la cual se sacrifica el gasto en educación, sino la decisión de no canalizar recursos para cumplir con la meta establecida del 6% del PBI para educación”, concluye Mariano Narodowski.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
