Entre 2006 y 2020 solo en tres oportunidades se cumplió con el objetivo de gasto en educación como porcentaje del PBI establecido por ley. La deuda acumulada a lo largo de estos años equivale a un 5% del PBI de 2020, es decir, aproximadamente la inversión educativa en un año. El 68,4% de esta desinversión ocurrió en cuatro años: 2010 y el trienio 2018 - 2020.
Nacionales03/02/2023
leonardo fernández acosta
Entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI del 2020 (3,4 billones de pesos o U$D 26.009 millones, tomando el dólar a $132,15 promedio del 2022). Es así que si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en ese año, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año.
Los datos surgen del informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). Transcurrida más de una década desde la obligatoriedad legal de alcanzar el 6% del PBI, este documento busca cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la meta entre 2006 y 2020 (último dato disponible).
Solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%. “A lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación en Argentina no ha alcanzado el 6% salvo en los años 2009, 2013 y 2015. La distancia entre el objetivo de inversión fijado por el Poder Legislativo en 2005 y 2006 y el gasto ejecutado nos permite calcular el pasivo entre los dichos y los hechos”, reflexiona Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y coautor del informe.
“El trabajo plantea la responsabilidad concurrente de gobiernos de diferente signo político y niveles de gobierno (porque el 6% de gasto educativo suma al gobierno nacional con los jurisdiccionales) y, en forma subyacente, se plantea la necesidad de pensar mecanismos alternativos que aseguren un adecuado financiamiento del sector”, sostiene Juan Doberti, Doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA. Y agrega: “El problema plateado cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, incluso en los años en que se cumplió el porcentaje normativamente estipulado, el sistema educativo planteó inconvenientes de cobertura, eficiencia y calidad y que la masificación educativa exigirá, presumiblemente, mecanismos para la obtención de mayores recursos y para su mejor uso”.
Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron: 2019 (841 mil millones de pesos de 2022), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones). El año 2010, sumado a este trienio constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.
“El informe pone de manifiesto que el acuerdo por priorizar el financiamiento educativo alcanzado en 2005 tuvo un impacto menor al esperado en los tres lustros transcurridos desde esa fecha. La organización de ese financiamiento entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y las instituciones educativas requiere la consolidación de acuerdos en los que se definan los aportes a realizar por cada parte y los compromisos asumidos para la generación de mejoras. Los convenios orientados a resultados establecidos por la Ley de Financiamiento Educativo son un buen instrumento para favorecer la mejora en la calidad y en la inclusión. Es importante afianzar la inversión en la educación de manera adecuada y persistente como condición necesaria para apalancar el desarrollo sostenible”, reflexiona Javier Curcio, Licenciado en Economía e investigador de IIEP BAIRES y UBA-CONICET.
“Cabe notar que durante el transcurso del período analizado, la Argentina (y la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales) mantuvieron diferentes situaciones respecto del déficit fiscal. Esto significa que la Deuda Educativa Argentina no es producto de una férrea disciplina fiscal a favor de la cual se sacrifica el gasto en educación, sino la decisión de no canalizar recursos para cumplir con la meta establecida del 6% del PBI para educación”, concluye Mariano Narodowski.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Fue en una conferencia de prensa conjunta entre Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La baja para los principales cultivos será hasta junio.
El jefe del bloque de UP criticó al Tribunal Supremo porque “es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”. Así, defendió a Gildo Insfran: “Ha hecho una administración increíble”, y consideró que la vacante en la Corte la tiene que ocupar una mujer.
Javier Milei enfrenta una denuncia por vacancia presidencial debido a presuntas irregularidades y ausencias en el ejercicio de sus funciones, generando un intenso debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional en Argentina. El que lo denuncia se autodenomina presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires.
Con un radicalismo resignado a inmolar a uno de los suyos y un peronismo que difícilmente supere los 200 mil votos en unas nacionales donde el aparato no juega igual que en las provinciales, todo indica que la mayor parte de los 100 mil sufragios opositores migrarán por voto útil hacia La Libertad Avanza, que se encamina a ser primera minoría aunque siga actuando como el cornudo: el único que no se entera.
En Formosa, los auditores que nunca auditaron vuelven a escena: Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, con pasado inactivo en la AGN y en el control del transporte municipal, son hoy candidatos del gildismo a diputados nacionales. La provincia donde ningún organismo controla nada, ni a nadie.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
