El fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Sergio Uñac anticipa su postura en contra de las reelecciones indefinidas. La Corte estudia la impugnación de Gildo Insfrán, que aspira a su 8vo mandato consecutivo en Formosa.
Locales01/06/2023
leonardo fernández acosta
El fallo de la Corte Suprema queinhabilitó a Sergio Uñac a competir por una nueva reelección en San Juan disparó todas las alarmas en Formosa.
El máximo tribunal bloqueó la candidatura del mandatario sanjuanino a una 2da reelección al advertir que permitirla supondría habilitar "una reelección potencialmente indefinida" lo que, sostuvo, "colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional".
La Corte también examina una impugnación a la candidatura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien oficializó su candidatura a un 8vo mandato consecutivo. A diferencia de San Juan y Tucumán, antecedentes inmediatos, la constitución formoseña no establece límites a la cantidad de mandatos consecutivos a las que el gobernador puede aspirar.
No habría, entonces, interpretaciones forzadas como en las que el tribunal entendió que incurrieron Uñac y, eventualmente, de Juan Manzur, aunque el tucumano declino su postulación a vicegobernador antes que la Corte se pronunciara sobre la cuestión de fondo. Eso es lo que dicen en Formosa.
Pero los argumentos que la Corte expuso en el fallo Uñac anticipan de alguna forma su posición respecto del caso Insfrán. En primer término, dejó de forma expresa su postura respecto de que las reelecciones indefinidas lesionan las Constitución Nacional, a la que se subordinan las cartas magnas provinciales.
El fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Uñac.
En el caso de Uñac, sostuvo que permitirle competir por una 2da reelección habiendo cumplido el gobernador 2 períodos además de otro anterior en como vicegobernador "supone la habilitación para una reelección potencialmente indefinida pues siempre podría ser reelecto para el cargo que no posee lo que, como se dijo, colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional".
Esto podría ser fácilmente extensible a Formosa, donde Insfrán gobierna ininterrumpidamente desde 1995, es decir desde hace 28 años. De conseguir y concluir su 8vo mandato, el gobernador de Formosa habrá estado en el poder 32 años consecutivos. Insfrán instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para rechazar que el planteo ante la Corte "en defensa de la autonomía y la democracia".
"No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", advierte la Corte en el caso San Juan, pero con una fuerte señal hacia Formosa u otras provincias, como Santa Cruz, donde también rige la reelección indefinida.
En su acordada firmada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dejan en claro cuales son las implicancias de una "concentración de poder" de esa magnitud.
"La influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las "condiciones generales de igualdad" en la competencia electoral", dice el fallo de la Corte.
Para la Corte, "tolerar la consolidación de esta situación supone romper el equilibrio que debe regir entre la libertad" , en este caso, de la provincia de San Juan "para permitir que sus ciudadanos elijan al candidato de su preferencia [...] y las características definitorias del sistema republicano".
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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