El fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Sergio Uñac anticipa su postura en contra de las reelecciones indefinidas. La Corte estudia la impugnación de Gildo Insfrán, que aspira a su 8vo mandato consecutivo en Formosa.
Locales01/06/2023
leonardo fernández acosta
El fallo de la Corte Suprema queinhabilitó a Sergio Uñac a competir por una nueva reelección en San Juan disparó todas las alarmas en Formosa.
El máximo tribunal bloqueó la candidatura del mandatario sanjuanino a una 2da reelección al advertir que permitirla supondría habilitar "una reelección potencialmente indefinida" lo que, sostuvo, "colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional".
La Corte también examina una impugnación a la candidatura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien oficializó su candidatura a un 8vo mandato consecutivo. A diferencia de San Juan y Tucumán, antecedentes inmediatos, la constitución formoseña no establece límites a la cantidad de mandatos consecutivos a las que el gobernador puede aspirar.
No habría, entonces, interpretaciones forzadas como en las que el tribunal entendió que incurrieron Uñac y, eventualmente, de Juan Manzur, aunque el tucumano declino su postulación a vicegobernador antes que la Corte se pronunciara sobre la cuestión de fondo. Eso es lo que dicen en Formosa.
Pero los argumentos que la Corte expuso en el fallo Uñac anticipan de alguna forma su posición respecto del caso Insfrán. En primer término, dejó de forma expresa su postura respecto de que las reelecciones indefinidas lesionan las Constitución Nacional, a la que se subordinan las cartas magnas provinciales.
El fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Uñac.
En el caso de Uñac, sostuvo que permitirle competir por una 2da reelección habiendo cumplido el gobernador 2 períodos además de otro anterior en como vicegobernador "supone la habilitación para una reelección potencialmente indefinida pues siempre podría ser reelecto para el cargo que no posee lo que, como se dijo, colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional".
Esto podría ser fácilmente extensible a Formosa, donde Insfrán gobierna ininterrumpidamente desde 1995, es decir desde hace 28 años. De conseguir y concluir su 8vo mandato, el gobernador de Formosa habrá estado en el poder 32 años consecutivos. Insfrán instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para rechazar que el planteo ante la Corte "en defensa de la autonomía y la democracia".
"No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", advierte la Corte en el caso San Juan, pero con una fuerte señal hacia Formosa u otras provincias, como Santa Cruz, donde también rige la reelección indefinida.
En su acordada firmada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dejan en claro cuales son las implicancias de una "concentración de poder" de esa magnitud.
"La influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las "condiciones generales de igualdad" en la competencia electoral", dice el fallo de la Corte.
Para la Corte, "tolerar la consolidación de esta situación supone romper el equilibrio que debe regir entre la libertad" , en este caso, de la provincia de San Juan "para permitir que sus ciudadanos elijan al candidato de su preferencia [...] y las características definitorias del sistema republicano".
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La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
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Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
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