Carbajal inició una denuncia penal contra el presidente Fernández por el decreto que designa a la ex jueza Figueroa

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, junto a su par de bancada, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la presunta comisión de "ilícitos penales" a raíz del dictado de un decreto por el cual designara por el termino de cinco años a la ex Jueza del Tribunal de Casación Penal Ana María Figueroa, de manera retroactiva al día 9 de agosto del año 2023.

El legislador del radicalismo, acompañado de su par de bancada Pedro Jorge Galimberti, realizó la presentación ante el ministerio público fiscal federal, "a los fines de la investigación de los hechos que informamos".

La denuncia se extiende también contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Justicia, Martín Soria y según los legisladores de la oposición a raíz del dictado del decreto en cuestión "la actuación del titular del PEN y sus ministros podría quedar encuadrado en las normas penales de los artículos 248 del Código Penal; y artículo 253 del mismo código, en concurso real".

En los fundamentos de su presentación, Carbajal y Galimberti señalan que "la Dra. Ana María Figueroa cumplió el 9 de agosto del año 2023 la edad de 75 años y dejo de ser jueza federal de la Nación, conforme lo previsto por el articulo 99 de la Carta magna; y a tenor de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Resolución N° 2338 de fecha 06/09/2023 en la cual resolvió "Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional. 2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias".

"De lo expuesto resulta que a la fecha del decreto de nueva designación la Dra. Ana María Figueroa ya había perdido el estado jurídico de ser jueza en ejercicio para poder acceder a una nueva designación, conforme lo previsto expresamente por el artículo 99 de la Constitución", advirtieron.

Advirtieron, además, que "la actuación de la mayoría del Senado de "prestar el acuerdo" luego que la magistrada ceso en el cargo, la decisión del Presidente del proceder igualmente al nombramiento con pleno y efectivo conocimiento del texto constitucional y la interpretación de la Corte, demuestra el actuar doloso de los funcionarios intervinientes, quienes con plena y acabada conciencia de la ilicitud de su acción, proceden a efectuar la designación ilegal, violando la norma penal".

En este sentido, señalaron que "el dolo delictivo de los denunciados resulta del incumplimiento de las normas administrativas dictadas por el mismo Estado".