La denuncia se extiende también contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Justicia, Martín Soria y según los legisladores de la oposición a raíz del dictado del decreto en cuestión "la actuación del titular del PEN y sus ministros podría quedar encuadrado en las normas penales de los artículos 248 del Código Penal; y artículo 253 del mismo código, en concurso real"
Locales04/10/2023
leonardo fernández acosta
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, junto a su par de bancada, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la presunta comisión de "ilícitos penales" a raíz del dictado de un decreto por el cual designara por el termino de cinco años a la ex Jueza del Tribunal de Casación Penal Ana María Figueroa, de manera retroactiva al día 9 de agosto del año 2023.
El legislador del radicalismo, acompañado de su par de bancada Pedro Jorge Galimberti, realizó la presentación ante el ministerio público fiscal federal, "a los fines de la investigación de los hechos que informamos".
La denuncia se extiende también contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Justicia, Martín Soria y según los legisladores de la oposición a raíz del dictado del decreto en cuestión "la actuación del titular del PEN y sus ministros podría quedar encuadrado en las normas penales de los artículos 248 del Código Penal; y artículo 253 del mismo código, en concurso real".
En los fundamentos de su presentación, Carbajal y Galimberti señalan que "la Dra. Ana María Figueroa cumplió el 9 de agosto del año 2023 la edad de 75 años y dejo de ser jueza federal de la Nación, conforme lo previsto por el articulo 99 de la Carta magna; y a tenor de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Resolución N° 2338 de fecha 06/09/2023 en la cual resolvió "Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional. 2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias".
"De lo expuesto resulta que a la fecha del decreto de nueva designación la Dra. Ana María Figueroa ya había perdido el estado jurídico de ser jueza en ejercicio para poder acceder a una nueva designación, conforme lo previsto expresamente por el artículo 99 de la Constitución", advirtieron.
Advirtieron, además, que "la actuación de la mayoría del Senado de "prestar el acuerdo" luego que la magistrada ceso en el cargo, la decisión del Presidente del proceder igualmente al nombramiento con pleno y efectivo conocimiento del texto constitucional y la interpretación de la Corte, demuestra el actuar doloso de los funcionarios intervinientes, quienes con plena y acabada conciencia de la ilicitud de su acción, proceden a efectuar la designación ilegal, violando la norma penal".
En este sentido, señalaron que "el dolo delictivo de los denunciados resulta del incumplimiento de las normas administrativas dictadas por el mismo Estado".
El diputado nacional de La Libertad Avanza destacó el fin de una normativa con más de cinco décadas de vigencia y aseguró que la nueva ley impulsará el empleo privado y la producción, en línea con las reformas que promueve el presidente Javier Milei.
El problema ya no es solo el bloqueo de rutas, sino el silencio que lo rodea. Cuando quienes deben hacer cumplir la ley miran para otro lado, la sospecha es inevitable: no es tolerancia, es miedo. Miedo a enfrentar a quienes actúan como dueños del espacio público. Porque el tránsito no puede depender de la voluntad de una patota. Y la ley no puede depender del silencio de quienes deben hacerla cumplir.
"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
El problema ya no es solo el bloqueo de rutas, sino el silencio que lo rodea. Cuando quienes deben hacer cumplir la ley miran para otro lado, la sospecha es inevitable: no es tolerancia, es miedo. Miedo a enfrentar a quienes actúan como dueños del espacio público. Porque el tránsito no puede depender de la voluntad de una patota. Y la ley no puede depender del silencio de quienes deben hacerla cumplir.
El diputado nacional de La Libertad Avanza destacó el fin de una normativa con más de cinco décadas de vigencia y aseguró que la nueva ley impulsará el empleo privado y la producción, en línea con las reformas que promueve el presidente Javier Milei.
La ratificación del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa expone la disputa por poder institucional, mientras Ramiro Saavedra sella su alineamiento con el oficialismo de Gildo Insfrán y confirma que en la política local las convicciones suelen pesar menos que los cargos.
