En un acto simbólico y de manera anónima para evitar las represalias y el armado de causas judiciales clausuraron la Subsecretaría de Defensa al Consumidor por no resultar un servicio esencial.
Locales09/05/2021
leonardo fernández acosta
No hubo una persecución tan abierta y con tantos abusos, en todos los siete períodos de gobierno de Gildo Insfrán, como los que han ocurrido desde que el arquitecto, Edgar Pérez, asumió frente a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor.
Quien a su vez tiene el cargo de interventor del Instituto de Asistencia Social, encargado de controlar los juegos de azar, desembarcó con un ejército de militantes pertenecientes a la agrupación que maneja con su esposa, la arquitecta, Blanca Denis y con el encargo de controlar precios y calidad para evitar abusos en un contexto de cuarentena por la pandemia.
En principio era la primera vez en un cuarto de siglo del mismo gobernador, que inclusive se clausuró y se procedió contra supermercados allegados al poder. Hasta aquí, la embestida, de dudosa legalidad todavía contaba con la sorpresa de la opinión pública.
Pero luego con la experiencia, Edgar Pérez y sus militantes inspectores, fue por todos y cada uno de los comercios y con las razones entre reales o inventadas, argüía más excusas tiradas de los pelos que infracciones reales de los comerciantes.
Tras casi un año de cuarentena salvaje, más del 50% de los comercios fundidos en la ciudad de Formosa y sucesivas e inexplicables cuarentenas o Fases 1, el gobierno modificó el código de faltas para hacer más severas las multas con la excusa de la pandemia.
Como ocurrió con los controles policiales, los abusos se hicieron cada vez más evidentes y es en esta última Fase 1, que se calcula se llevará puesto a otro porcentaje importante de comerciantes, los militantes inspectores, salieron a clausurar preventivamente a como de lugar, a todos los comercios, aún si de manera evidente, están atendiendo como el modo Delivery.
Adoctrinados para clausurar, los comerciantes de los más variados rubros, ven como los “pibes de Edgar” los obligan a cerrar con la policía de por medio sin que hayan cometido infracción alguna. “Puede hacer su descargo luego” aclaran, pero hacia delante hay un calvario de días sin trabajar, una potencial multa que va desde los 25 mil hacia arriba.
La voracidad recaudatoria hace que, de antemano los trabajadores independientes, asuman que por el solo hecho de haberles colocado la faja de clausura, deberán erogar multas que no serán modificadas con el descargo que fuera. A esto se le suma la delirante obligación de publicar en el diario “La Mañana” durante tres días una especie de disculpas por la supuesta falta con un costo de alrededor de 3 mil pesos por día.
La “caza de brujas de Edgar” comprende un sinfín de causas armadas en ocasión de una protesta frente al organismo por el hartazgo a las clausuras y la persecución de los comerciantes, desde amenazas hasta violencia de género. Causas que por supuesto, tramitan en una justicia orgánica y sumisa al poder. No hay nada dejado al azar cuando de perseguir se trata.
Pero este fin de semana, en una venganza poética de los comerciantes, colocaron una faja de clausura en la puerta de la sede de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. “Clausurado por no ser un servicio esencial” detallaba la faja, hecho que fue realizado en el anonimato para que quien lo ideara no soportara nuevamente la persecución y la judicialización de la protesta, como ha venido ocurriendo.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
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En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
