Abuso de poder: cansados de las fajas e infracciones, comerciantes clausuraron Defensa al Consumidor

No hubo una persecución tan abierta y con tantos abusos, en todos los siete períodos de gobierno de Gildo Insfrán, como los que han ocurrido desde que el arquitecto, Edgar Pérez, asumió frente a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor.

Quien a su vez tiene el cargo de interventor del Instituto de Asistencia Social, encargado de controlar los juegos de azar, desembarcó con un ejército de militantes pertenecientes a la agrupación que maneja con su esposa, la arquitecta, Blanca Denis y con el encargo de controlar precios y calidad para evitar abusos en un contexto de cuarentena por la pandemia.

En principio era la primera vez en un cuarto de siglo del mismo gobernador, que inclusive se clausuró y se procedió contra supermercados allegados al poder. Hasta aquí, la embestida, de dudosa legalidad todavía contaba con la sorpresa de la opinión pública.

Pero luego con la experiencia, Edgar Pérez y sus militantes inspectores, fue por todos y cada uno de los comercios y con las razones entre reales o inventadas, argüía más excusas tiradas de los pelos que infracciones reales de los comerciantes.

Tras casi un año de cuarentena salvaje, más del 50% de los comercios fundidos en la ciudad de Formosa y sucesivas e inexplicables cuarentenas o Fases 1, el gobierno modificó el código de faltas para hacer más severas las multas con la excusa de la pandemia.

Como ocurrió con los controles policiales, los abusos se hicieron cada vez más evidentes y es en esta última Fase 1, que se calcula se llevará puesto a otro porcentaje importante de comerciantes, los militantes inspectores, salieron a clausurar preventivamente a como de lugar, a todos los comercios, aún si de manera evidente, están atendiendo como el modo Delivery.

Adoctrinados para clausurar, los comerciantes de los más variados rubros, ven como los “pibes de Edgar” los obligan a cerrar con la policía de por medio sin que hayan cometido infracción alguna. “Puede hacer su descargo luego” aclaran, pero hacia delante hay un calvario de días sin trabajar, una potencial multa que va desde los 25 mil hacia arriba.

La voracidad recaudatoria hace que, de antemano los trabajadores independientes, asuman que por el solo hecho de haberles colocado la faja de clausura, deberán erogar multas que no serán modificadas con el descargo que fuera. A esto se le suma la delirante obligación de publicar en el diario “La Mañana” durante tres días una especie de disculpas por la supuesta falta con un costo de alrededor de 3 mil pesos por día.

La “caza de brujas de Edgar” comprende un sinfín de causas armadas en ocasión de una protesta frente al organismo por el hartazgo a las clausuras y la persecución de los comerciantes, desde amenazas hasta violencia de género. Causas que por supuesto, tramitan en una justicia orgánica y sumisa al poder. No hay nada dejado al azar cuando de perseguir se trata.

Pero este fin de semana, en una venganza poética de los comerciantes, colocaron una faja de clausura en la puerta de la sede de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. “Clausurado por no ser un servicio esencial” detallaba la faja, hecho que fue realizado en el anonimato para que quien lo ideara no soportara nuevamente la persecución y la judicialización de la protesta, como ha venido ocurriendo.