Al día de la fecha, siguen los casos, son más de 100 los empleados en esta situación en el Hospital Central, en el Distrital 8, en el Hospital Evita y también en La Madre y el Niño
Locales04/01/2024
leonardo fernández acosta
Marcelino González es un enfermero que se desempeñaba como Jefe de Personal en el Hospital Central, llevaba 38 años de trayectoria profesional y desde el 2018 era planta permanente. El sábado 30 de diciembre, sin mayores explicaciones, y a través de una llamada telefónica, el director asociado del Hospital Central, Lorenzo Lezcano, le informó que ya no se presente más a trabajar desde el 1 de enero, que no le renovarían el contrato. Hoy, ya la máquina de reconocimiento dactilar borró sus datos y la Policía no lo dejó ingresar.
En contacto con Radio Uno, Marcelino González, un enfermero con 38 años de trayectoria que se desempeñaba como Jefe de Área, dijo que el Director Asociado del Hospital Central, Lorenzo Lezcano, lo llamó el sábado 30 de diciembre cerca de las 20.30 horas, y le informó que a partir del 1 de enero ya no se presente a trabajar, que ya no se le iba a renovar el contrato.
"Le pregunté qué pasó, por qué tomaban esa decisión, y no me supo responder, tampoco tenía una resolución ni nada, solo me dijo que él respondía a órdenes superiores del Ministerio de Desarrollo Humano, que me presente a las oficinas de Desarrollo Humano, para ver mi situación", dijo.
González sostuvo que le planteó a Lezcano que él tenía muchos papeles y elementos importantes, pero que éste último le dijo "no te preocupes por eso, ya otra persona se encargará".
El enfermero no tuvo oportunidad de nada, este jueves a la mañana cuando quiso presentarse a trabajar, la máquina de reconocimiento dactilar, ya no lo registró porque fue borrado del sistema. Además, la Policía está apostada en el lugar con una lista y no dejan pasar a quienes ya han sido notificados (en realidad les avisaron por llamadas o mensajes de texto, no hay nota formal como tal) de que han sido despedidos, o para decir mejor, no les renovaron el contrato.
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La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
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