La policía de Formosa, militarizó los hospitales en donde más de 100 empleados fueron despedidos.
Locales04/01/2024
leonardo fernández acosta
Nuevamente el gobierno de Insfrán, blinda los hospitales públicos después de despedir a más de 100 empleados sin justa causa. Los directivos del Hospital Interdistrital Evita, el Distrital 8 y el Hospital Central se escondieron y pusieron a la policía a impedir la entrada de los empleados sin una razón aceptable.
La diputada por Nuevo País, Gabriela Neme, en su rol de abogada, fue impedida por agentes de la policía y alguna que otra oficial, inclusive hasta el jefe de la policía, Walter Arroyo, que cuenta con innumerables denuncias en la justicia y que se refirió a la legisladora como “Corrupta” en el Interdistrital.
Nuevamente los abusos, fuera de toda legislación o protocolo por parte de la policía de la provincia de Formosa, recordaron a los ciudadanos a las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en pandemia, cuando funcionarios sin ninguna preparación, no solo no daban explicaciones sino que cometían abuso de poder, avalados por el gobierno de Insfrán.
Difícilmente puedan sacarse la pésima imagen que dejaron de la represión y los abusos en pandemia y aunque tratan por todos los medios de modificarla, con los mismos jefes sospechados y denunciados en la justicia pero por sobre todas las cosas porque vuelven a actuar de manera ilegal, sin respetar las formas o los protocolos que los ciudadanos tiene como único medio para exigir por su estabilidad laboral.
Seguramente pasarán los años y aunque son solo dos los legisladores provinciales que se ocuparon de los despidos arbitrarios, la policía vuelve a ganar el repudio de la gente en las redes por el vergonzoso actuar, sin preparación, con prepotencia y violando el derecho a reclamar por la fuente de trabajo del personal de la salud.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
