La policía de Formosa, militarizó los hospitales en donde más de 100 empleados fueron despedidos.
Fuentes confiables relataron a este portal que en reunión de sala de emergencias del Hospital Central dieron esa orden debido a la escasez de personal esencial.
Es obvio que no todos los casos ameritan la internación pero tampoco en el parte diario se detalla, cuantos de esos pacientes se encuentran en vigilancia ambulatoria, cursando aislamiento domiciliario o asintomáticos con el cumplimiento de protocolos de distanciamiento.
A pesar de los números elevados en los contagios, la mayoría de los síntomas son leves en las personas que tienen el esquema de vacunación completa.
Una de las hijas de Sinforiano López expuso en sus redes al alta a COVID 19 este viernes y quedó demostrado que participó de la movilización del cierre del candidato oficialista violando la cuarentena. La mirada se fijó en su familia y el legislador estaría internado por estas horas por COVID 19.
"El contagio de la población puede deberse al comportamiento de las personas, pero la mortalidad depende del servicio de salud. El virus es el mismo, pero la mortalidad es distinta en los hospitales y sanatorios y también comparado con otras provincias, la nuestra tiene mayor mortalidad. Eso es responsabilidad del sistema de salud" sentenció tajante el profesional consultado.
El médico se encontraba internado en el Hospital Interdistrital Evita donde sufrió un deterioro importante de su salud por causa del coronavirus sin que pudieran revertir la situación.
El gobierno de Insfrán sigue apostando al estado policíal para aplicar políticas de encierro, mientras que los hospitales el servicio sanitario colapsa por falta de auxiliares de la medicina.
El gobierno dejó de atacar a la prensa para reconocer que no tenía reactivos para los PCR lo que deja un horizonte incierto para el diagnóstico de personas con COVID 19. Hay problemas además con los traslados de internados graves con coronavirus.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Mientras nuestros chicos mueren, sufren o callan, el Estado responde con silencio y la sociedad mira para otro lado. En Formosa, la tragedia infantil ya no conmueve: apenas ocupa un renglón entre las estadísticas.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
