Piden donaciones para trasladar el cuerpo de Ruth Tabarcache a Formosa

La Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) rechazó de forma categórica el punto sexto del Acuerdo N° 3304, firmado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Formosa. El gremio mayoritario advierte que se trata de una maniobra para eludir el "Vaderef" y acusa a la conducción de Blanca Almirón de actuar en favor de los funcionarios y en contra de los derechos de los empleados.

AJUFSA volvió a movilizarse frente al Superior Tribunal de Justicia y advirtió que siguen pendientes diferencias salariales de agosto y septiembre. El gremio cuestiona aumentos que, según sostiene, favorecieron a magistrados y funcionarios, mientras los trabajadores reclaman una recomposición. Los descuentos por huelga y la negociación abierta con otra organización sindical agregaron nuevos motivos de enfrentamiento.

Mientras el oficialismo recorre obras y exhibe una gestión que pretende mostrarse eficiente, detrás del anfiteatro una bomba de desagote quedó fuera de servicio, con los caños desmontados y sin maquinaria adecuada para completar la limpieza. El problema no es solamente técnico: es la evidencia de una respuesta tardía frente a una infraestructura que puede volverse crítica cuando lleguen las lluvias.

El diputado nacional apuntó contra el Instituto de Tierras y la Policía de Formosa por un presunto ingreso irregular a un establecimiento rural de Las Lomitas. Asegura que no fue notificado, denuncia daños en los accesos y reclama la intervención de la Justicia Federal. Además, vinculó el episodio con su enfrentamiento político con Gildo Insfrán y volvió a poner bajo la lupa el manejo de las tierras fiscales en la provincia.

La diputada nacional Graciela de la Rosa quiso convertir una comisión de Presupuesto en una tribuna para defender el relato educativo del gildismo. Habló de las 1.550 escuelas, de los techos azules, del financiamiento provincial y de una supuesta inversión ejemplar. Pero Alejandro Álvarez, secretario de Educación de la Nación, le devolvió la discusión al terreno de los hechos y expuso, casi sin proponérselo, las contradicciones de una defensa política que en Formosa se repite como una verdad revelada, pero que en Buenos Aires no resiste demasiado cuando alguien conoce los números.

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Defender la universidad pública no significa justificar el gasto sin límites ni volver a la emisión y la inflación para financiarlo. Sin equilibrio fiscal, también quedan en riesgo la salud, la seguridad y los recursos que reciben las provincias. La discusión no es educación sí o no: es cómo financiarla sin empobrecer a la sociedad y cómo terminar con los privilegios, la falta de controles y el uso político de los recursos públicos.

Mientras De Loredo lanza "Hacer el Futuro" y usa a Formosa como sinónimo de estancamiento, la provincia gobernada por el peronismo desde 1995 sigue sin poder escribir su propia historia: pobreza estructural, dependencia del empleo público y una dirigencia que hace décadas confunde perpetuarse con gobernar.

La Policía de Formosa confirmó la detención del presunto autor del doble homicidio ocurrido el viernes por la mañana en una estancia de Gran Guardia, donde un hombre y una mujer murieron por heridas de arma de fuego y una tercera mujer resultó lesionada. El arresto se produjo en territorio santafesino luego de que el sospechoso intentara alejarse de la provincia en un micro de larga distancia, y significó el cierre de una primera etapa de una investigación que avanza bajo la dirección de la Justicia.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.