El juez de instrucción N.º 4 a cargo del juzgado N.º 3, Marcelo Picabea tuvo exactamente la misma defensa que el titular de Ministerio de Seguridad, Justicia y Trabajo.
Locales12/05/2021
leonardo fernández acosta
Después del violento allanamiento llevado a cabo en el Barrio Itatí con una orden del juez de instrucción N.º 3, Marcelo López Picabea, el funcionario en declaraciones a radios oficiales y pautadas ensayó la misma defensa que el Ministro, Jorge González.
Ambos afirmaron que se trató del primer allanamiento en donde hubo problemas. González dijo que: "¿Cuántos allanamientos se realizaron en este tiempo? todo el mundo va a decir que hubo un solo allanamiento. Del 29 de abril hasta ayer se iniciaron 87 causas con personas que se negaban ir a un CAS por entender que su voluntad estaba por encima de las normativas. Iniciada la causa notificado que fuere, vuelto a conversar con esta personas, influenciada en muchos casos, la gran mayoría aceptó ir a los centros de aislamiento. Otras se negaron y se efectuaron la ordenes de allanamientos, ninguna tuvo inconveniente, salvo una sola.
Ayer se llevaron adelante cuatro allanamientos. Hubo inconvenientes en uno solo, porque había una presencia que busco un redito de carácter personal y político. Si hay una discrepancia se plantea en la justicia, pero si hay un abogado le aconseja a su cliente que incumpla una orden de allanamiento va a haber inconveniente y máxima si está pendiente de los seguidores en las redes sociales".
Por su parte Picabea afirmó que: "única vez en que se llega a esta forma por la reticencia prolongada de una persona a acceder. Todos los días libramos ordenes y nunca a ha pasado lo que pasó ayer, porque en un gran porcentaje acceden voluntariamente o apareció un requisito que no estaba dentro del primer control"
El magistrado volvió a afirmar algo que no se cumple en los centros que es la presencia de médicos: "Hubo una primer visita, donde se le comunicó que iba a tener atención medica, las cuatro comidas, su celular pero la negativa de esta persona en esa invitación que hace el personal de salud comienza a judicializar en la comisaría en violación a artículo 205 del Código Penal Argentino que es la violación a las medidas solicitadas por autoridad competente para impedir la introducción o la propagación de una enfermedad".
En razón de verdad, Picabea desestimó un Habeas Corpus al principio de la pandemia sin haber inspeccionado la condiciones de hacinamiento en la escuela de cadetes y sin haber llamado a la partes a una audiencia.
Finalmente el titular del juzgado Nº 3 afirmó que: "La abertura de la puerta se va a reparar, la madre no iba a quedar sola, trate de evitar por todos los medios la medida que se terminó utilizando. Esto se hace todos los días pero la mediatización hizo su parte".
González también fue casi un calco al cerrar su respuesta: "Se termina generando un show mediático que es reproducido por todos los medios de comunicación. El problema no es el allanamiento sino en las personas que están interviniendo y pendiente de las personas que están mirando sus redes sociales".
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
