El proyecto de reforma previsional que incluye la movilidad jubilatoria, también abarca la obligación por parte de la Anses de pagarlas sentencias judiciales como así también cancelar las deudas con las cajas provinciales que no transfirieron al sistema nacional en un plazo de 6 meses prorrogable por otros 6 meses.
Locales07/06/2024
leonardo fernández acosta
En la actualidad hay cerca de 80.000 juicios con sentencias firmes que la Anses tiene para liquidar.
Además, hay otros 200.000 en trámite en las instancias judiciales que pueden quedar firmes próximamente.
La ley previsional dice que las sentencias firmes deben ser pagadas dentro de los 120 días de notificada la sentencia firme por parte de Anses.
Este plazo casi nunca se cumple y, cuando se cumple, en general la sentencia está mal liquidada. En esos casos hay que iniciar un juicio de ejecución de sentencias para cobrar las diferencias por haberse abonado mal o directamente para cobrar todo el juicio en caso de que Anses, vencido el plazo, no lo haya abonado.
Por otro lado, las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
El proyecto dice en su articulo 10 que deben cancelarse las deudas con las cajas de dichas provincias en el plazo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses.
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Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
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La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
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