El proyecto de reforma previsional que incluye la movilidad jubilatoria, también abarca la obligación por parte de la Anses de pagarlas sentencias judiciales como así también cancelar las deudas con las cajas provinciales que no transfirieron al sistema nacional en un plazo de 6 meses prorrogable por otros 6 meses.
Locales07/06/2024
leonardo fernández acosta
En la actualidad hay cerca de 80.000 juicios con sentencias firmes que la Anses tiene para liquidar.
Además, hay otros 200.000 en trámite en las instancias judiciales que pueden quedar firmes próximamente.
La ley previsional dice que las sentencias firmes deben ser pagadas dentro de los 120 días de notificada la sentencia firme por parte de Anses.
Este plazo casi nunca se cumple y, cuando se cumple, en general la sentencia está mal liquidada. En esos casos hay que iniciar un juicio de ejecución de sentencias para cobrar las diferencias por haberse abonado mal o directamente para cobrar todo el juicio en caso de que Anses, vencido el plazo, no lo haya abonado.
Por otro lado, las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
El proyecto dice en su articulo 10 que deben cancelarse las deudas con las cajas de dichas provincias en el plazo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
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Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
