Reforma jubilatoria: el proyecto que impulsa Carbajal obliga al financiamiento del déficit millonario de la Caja de Previsión Social

La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.

Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.

La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.

Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.

Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.

La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.