La presentación la hizo la diputada Gabriela Neme. Pide investigar al titular de la comisaría de Estanislao del Campo y a dos jefes de la cúpula policial de la provincia, que estarían involucrados no solo en el supuesto caso de explotación de detenidos, sino también contra alumnos de la Escuela de Formación.
Locales27/09/2024
leonardo fernández acosta
Tres jefes policiales de Formosa están en la mira de la Justicia luego de haber sido denunciados por presunta reducción a la servidumbre. Los acusan de obligar a presos a realizar tareas domésticas, como cortar el pasto de su casa, limpiar los patrulleros y lavar su ropa. También sospechan que los miembros de la cúpula policial hacían lo mismo con cadetes de la fuerza.
La situación salió a la luz a principios de septiembre, gracias a una fotografía que circuló en las redes sociales. En la imagen se veía a un detenido lavando una camioneta fuera de la comisaría de Estanislao del Campo, a unos 235 kilómetros de la capital. Tras la viralización, varios familiares de los reclusos comenzaron a hablar y a mencionar otros casos similares.
La diputada provincial Gabriela Neme, de Nuevo País, radicó este jueves por la tarde una denuncia formal contra el subcomisario Ramón Leandro Méndez, el titular de esa dependencia. “La violación de derechos humanos en Formosa es sistemática”, afirmó en diálogo con TN.
Pero la legisladora pide investigar no solo al jefe de Estanislao del Campo, sino también a otros efectivos que forman parte de la cúpula policial: el jefe de la Policía de Formosa, el comisario Walter René Arroyo; y el titular del Departamento de Informaciones Policiales, Jorge Isaac Traianon.
En la denuncia, la legisladora reveló una trama de abusos contra presos y cadetes, que serían sometidos a una supuesta esclavitud encubierta.
Por un lado, detalló que los internos son sometidos a “condiciones inhumanas y forzadas a realizar tareas domésticas en la vivienda particular de Ramón Leandro Méndez, lavándole la ropa y la camioneta”, tal como se ve en la foto que se viralizó en las redes.
La denuncia de la diputada contra la cúpula policial.
A su vez, mencionó que los cadetes que están formándose para el día de mañana ser oficiales, también son explotados. “Son obligados a trabajar en los domicilios particulares de oficiales superiores bajo la excusa de tener una formación”, expresó en la denuncia.
Puntualizó además un caso en particular de un grupo de jóvenes que habrían sido empleados informalmente en la casa del comisario Traianon. “Aprovechándose de su grado en la fuerza, ha empleado a los alumnos de la Escuela Superior de Formación Policial como mano de obra para edificación de su casa quinta en la localidad de La Herradura”.
“Tales prácticas por parte de los altos mandos policiales no son más ni menos que un sistema de opresión y servidumbre, donde los abusos de poder no son excepciones, sino la regla, y con la sola finalidad de disciplinar al personal en la etapa de formación para ganarse un lugar en la fuerza”, añadió en la denuncia.
También mencionó al gobierno de Gildo Insfran: “Los hechos aquí denunciados ponen de relieve una vez más el clima de impunidad en el que operan los oficiales de grado superior bajo el mando del gobernador”.
Por último, la diputada cerró con una grave acusación por la supuesta complicidad de Walter René Arroyo: “Lo que verdaderamente sorprende es que tamaña afrenta institucional es conocida plenamente por el jefe de la Policía de Formosa”.
La foto de la polémica y sus repercusiones
Ante la gravedad de las acusaciones contra el subcomisario Méndez, el Comando Superior de la Policía de Formosa ordenó una investigación que incluyó una causa administrativa.
Como resultado preliminar, se apartó de su cargo al oficial principal de la comisaría de Estanislao del Campo. Sin embargo, todavía no se tomó ninguna medida sobre el resto de los denunciados.
En un comunicado, la Policía de Formosa explicó: “Tras tomarse conocimiento de una fotografía que circuló en las redes sociales, donde hace referencia que un interno se encontraba lavando una camioneta fuera de la dependencia policial en la localidad de Estanislao del Campo, el comando superior de la Policía intervino”.
“Se dispuso que el jefe de la Unidad Regional Cinco, con asiento en Las Lomitas, inicie la investigación del caso, que derivó en la sustanciación de una causa administrativa, donde se pasó a disponibilidad a un oficial Principal de la fuerza que trabajaba en esa Comisaría”, añadieron.
“Inmediatamente, el funcionario fue apartado de la función pública, hasta tanto se determine el grado de responsabilidad en el caso. Por otra parte, la investigación continúa debido a que no se descarta que otros efectivos estén involucrados”, explicaron.
Tras la denuncia, los internos regresaron a su situación normal en la cárcel, pero los familiares todavía tienen miedo de sufrir represalias debido a la difusión del caso.
“Estamos asustados y no queremos problemas. Ya nos amenazó el comisario. Sabemos que él (por el detenido) está preso por algo, que es culpable, pero no para que le hagan todo esto”, sostuvo uno de ellos. “No tenemos plata y no somos nadie. A él lo usan porque es bueno”, agregó.
En medio de este escándalo, la diputada Neme cuestionó a la Justicia formoseña por no avanzar de oficio contra la corrupción en la fuerza provincial: “A pesar de que tenemos a la vista los casos, ningún fiscal va a actuar de oficio para investigarlos”, sostuvo. Por eso, tuvo que presentar una denuncia ella misma.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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