Del informe que presentó Francos ante el Senado, se desprende que Axel Kicillof fue el más perjudicado.
04/12/2024
leonardo fernández acosta
Las repercusiones del acuerdo entre el peronismo y el gobierno de Javier Milei empiezan a tener manifestaciones cada vez más claras: los gobernadores del PJ aparecen entre los más beneficiados con el cumplimiento de las transferencias comprometidas desde la Secretaría de Obras Públicas, que de cualquier manera por el brutal ajuste en marcha son irrisorias.
Según se desprende del informe que brindó Guillermo Francos ante el Senado, el cordobés Martín Llaryora encabeza la lista de mandatarios provinciales que recibieron dinero del Poder Ejecutivo nacional. La provincia mediterránea, fue nutrida con más fondos que los previstos en el crédito vigente para obra pública: tenía asignados 5422 millones de pesos pero Milei transfirió 7038 millones de pesos, un 129 por ciento de la cifra estipulada.
En segundo lugar, se ubica Jorge Macri, representante del distrito que más recursos obtiene. Mientras que el Estado porteño esperaba transferencias por 39420 millones, Balcarce 50 le giró el 82 por ciento. Es probable que el fallo de la Corte Suprema que obliga a compensar la coparticipación que se le quitó a la Ciudad haya incidido en ese número.
El tercero del ranking es el puntano Claudio Poggi, con un porcentaje devengado del 66,33, y el cuarto es el correntino Guatavo Valdés, con 48,81 por ciento de los giros concretados. El quinto es nada menos que el formoseño Gildo Insfrán, a quien le correspondían 5000 millones y le aportaron 2000 millones.
El salteño Gustavo Sáenz y su par de Chubut, Nacho Torres, comparten posición con alrededor del 25 por ciento de los montos prometidos. Sáenz tenía la promesa de casi 8.000 millones y le otorgaron 20000, al tiempo que el jujeño Sadir y el santafecino Maximiliano Pullaro comparten porcentajes similares.
En los puestos subsiguientes se ubicaron Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gerardo Zamora, Hugo Passalacqua y Ricardo Quintela. Si bien todos se alzaron, como máximo, con la sexta parte de lo que acordaron, el tucumano, el salteño y el misionero lograron ubicarse por encima del mandatario riojano, y también de Rogelio Frigerio.
Fuentes cercanas a un gobernador de Juntos, se quejaron porque "a pesar de la narrativa de ir contra la casta, esto ratifica la decisión política de Francos y los Menem de apoyarse en los gobernadores kirchneristas y peronistas". "Al único que cagan es Axel y mayoritariamente a los de Juntos por el Cambio, menos a Jorge Macri", resumieron. Fuente: LPO
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
