El dato de que el 60% de los usuarios de REFSA no puede afrontar el pago de la tarifa eléctrica sin subsidios debería encender todas las alarmas. Lejos de ser un mérito del modelo, como algunos intentan presentarlo, este número es una prueba contundente de su fracaso.
Locales30/01/2025
leonardo fernández acosta
Se estima que en la provincia de Formosa existen alrededor de 180 mil usuarios de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA). Sin embargo, la reciente decisión del gobernador Gildo Insfrán de otorgar un nuevo subsidio eléctrico ha demostrado un dato revelador sobre la situación económica de los hogares formoseños.
Según las declaraciones oficiales, este subsidio beneficiará a 82.459 hogares clasificados como de Bajos Ingresos (N2) y a otros 24.460 hogares dentro de la categoría de Ingresos Medios (N3). En otras palabras, el 60% de los usuarios residenciales de energía eléctrica en la provincia necesitarían asistencia para poder afrontar sus facturas de luz.
Este dato, lejos de ser una consecuencia exclusiva del incremento en las tarifas eléctricas, es una muestra directa del deterioro del poder adquisitivo de los formoseños. La realidad es ineludible: en una provincia donde el empleo público representa la principal fuente de trabajo formal, la mayoría de los hogares no puede sostener un gasto básico como el de la energía sin depender de subsidios estatales. El modelo económico vigente, tan defendido por la administración local, ha llevado a una situación en la que, incluso con empleo registrado, una gran parte de la población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.
De los 180 mil usuarios de REFSA, solo 73 mil hogares quedarían fuera del esquema de subsidios, lo que indica que apenas un 40% de la población con acceso a la red eléctrica puede hacer frente a las tarifas sin asistencia del Estado. Esta cifra refleja que la pobreza no es un problema aislado ni marginal en Formosa, sino que atraviesa a más de la mitad de los habitantes. Además, es importante recordar que los datos oficiales solo contemplan a aquellos con acceso regular a la energía eléctrica, por lo que la situación puede ser aún más grave si se considera a las familias que viven en condiciones de mayor precariedad y sin conexión formal a la red.
El discurso oficial ha insistido en que la implementación de estos subsidios busca amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios. Sin embargo, la evidencia demuestra que la raíz del problema no radica únicamente en el costo de la energía, sino en la falta de ingresos suficientes en los hogares formoseños. La persistente dependencia de la coparticipación federal y la escasa diversificación de la matriz productiva han generado un escenario donde la mayoría de los ciudadanos dependen del Estado para subsistir. En este contexto, los subsidios energéticos no son más que un paliativo que disimula temporalmente una crisis estructural mucho más profunda.
El dato de que el 60% de los usuarios de REFSA no puede afrontar el pago de la tarifa eléctrica sin subsidios debería encender todas las alarmas. Lejos de ser un mérito del modelo, como algunos intentan presentarlo, este número es una prueba contundente de su fracaso. No se trata solo de una cuestión coyuntural provocada por un ajuste tarifario; es el resultado de décadas de un esquema económico que no ha logrado generar empleo genuino ni mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Mientras en el discurso se insiste en la defensa de los sectores más vulnerables, la realidad muestra que el modelo vigente ha perpetuado la dependencia y la pobreza. Si la mayoría de los hogares formoseños necesita ayuda estatal para poder pagar la luz, significa que el problema no está en la tarifa, sino en los ingresos. Los subsidios, lejos de ser una solución, solo ocultan momentáneamente la crisis, sin abordar las causas de fondo que han llevado a esta situación.
En definitiva, la decisión de Insfrán de subsidiar a más de la mitad de los usuarios de energía eléctrica en la provincia es una confirmación tácita de la magnitud del problema. La pobreza estructural y la falta de oportunidades económicas han dejado a Formosa en una situación donde la asistencia estatal es la única garantía de acceso a un servicio básico como la electricidad. Mientras el gobierno celebra la implementación de estos subsidios como un logro de su gestión, la realidad indica que lo único que se está logrando es postergar una crisis que, sin cambios profundos en el modelo económico, seguirá golpeando con fuerza a los formoseños.
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En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
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En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
