El dato de que el 60% de los usuarios de REFSA no puede afrontar el pago de la tarifa eléctrica sin subsidios debería encender todas las alarmas. Lejos de ser un mérito del modelo, como algunos intentan presentarlo, este número es una prueba contundente de su fracaso.
Locales30/01/2025
leonardo fernández acosta
Se estima que en la provincia de Formosa existen alrededor de 180 mil usuarios de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA). Sin embargo, la reciente decisión del gobernador Gildo Insfrán de otorgar un nuevo subsidio eléctrico ha demostrado un dato revelador sobre la situación económica de los hogares formoseños.
Según las declaraciones oficiales, este subsidio beneficiará a 82.459 hogares clasificados como de Bajos Ingresos (N2) y a otros 24.460 hogares dentro de la categoría de Ingresos Medios (N3). En otras palabras, el 60% de los usuarios residenciales de energía eléctrica en la provincia necesitarían asistencia para poder afrontar sus facturas de luz.
Este dato, lejos de ser una consecuencia exclusiva del incremento en las tarifas eléctricas, es una muestra directa del deterioro del poder adquisitivo de los formoseños. La realidad es ineludible: en una provincia donde el empleo público representa la principal fuente de trabajo formal, la mayoría de los hogares no puede sostener un gasto básico como el de la energía sin depender de subsidios estatales. El modelo económico vigente, tan defendido por la administración local, ha llevado a una situación en la que, incluso con empleo registrado, una gran parte de la población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.
De los 180 mil usuarios de REFSA, solo 73 mil hogares quedarían fuera del esquema de subsidios, lo que indica que apenas un 40% de la población con acceso a la red eléctrica puede hacer frente a las tarifas sin asistencia del Estado. Esta cifra refleja que la pobreza no es un problema aislado ni marginal en Formosa, sino que atraviesa a más de la mitad de los habitantes. Además, es importante recordar que los datos oficiales solo contemplan a aquellos con acceso regular a la energía eléctrica, por lo que la situación puede ser aún más grave si se considera a las familias que viven en condiciones de mayor precariedad y sin conexión formal a la red.
El discurso oficial ha insistido en que la implementación de estos subsidios busca amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios. Sin embargo, la evidencia demuestra que la raíz del problema no radica únicamente en el costo de la energía, sino en la falta de ingresos suficientes en los hogares formoseños. La persistente dependencia de la coparticipación federal y la escasa diversificación de la matriz productiva han generado un escenario donde la mayoría de los ciudadanos dependen del Estado para subsistir. En este contexto, los subsidios energéticos no son más que un paliativo que disimula temporalmente una crisis estructural mucho más profunda.
El dato de que el 60% de los usuarios de REFSA no puede afrontar el pago de la tarifa eléctrica sin subsidios debería encender todas las alarmas. Lejos de ser un mérito del modelo, como algunos intentan presentarlo, este número es una prueba contundente de su fracaso. No se trata solo de una cuestión coyuntural provocada por un ajuste tarifario; es el resultado de décadas de un esquema económico que no ha logrado generar empleo genuino ni mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Mientras en el discurso se insiste en la defensa de los sectores más vulnerables, la realidad muestra que el modelo vigente ha perpetuado la dependencia y la pobreza. Si la mayoría de los hogares formoseños necesita ayuda estatal para poder pagar la luz, significa que el problema no está en la tarifa, sino en los ingresos. Los subsidios, lejos de ser una solución, solo ocultan momentáneamente la crisis, sin abordar las causas de fondo que han llevado a esta situación.
En definitiva, la decisión de Insfrán de subsidiar a más de la mitad de los usuarios de energía eléctrica en la provincia es una confirmación tácita de la magnitud del problema. La pobreza estructural y la falta de oportunidades económicas han dejado a Formosa en una situación donde la asistencia estatal es la única garantía de acceso a un servicio básico como la electricidad. Mientras el gobierno celebra la implementación de estos subsidios como un logro de su gestión, la realidad indica que lo único que se está logrando es postergar una crisis que, sin cambios profundos en el modelo económico, seguirá golpeando con fuerza a los formoseños.
Mientras la localidad enfrenta índices alarmantes de pobreza, falta de infraestructura y abandono sanitario, su intendente Adolfo Pérez promete “voto cautivo” para Gildo Insfrán y asegura que en Pozo del Mazo “todos viven dignamente”. El manual del servilismo institucional, en su versión más grotesca.
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La caja chica de Vialidad vuelve a abrirse con moño azul. Mientras Javier Milei brama en conferencias sobre la “casta política”, en Formosa su partido pacta con lo más rancio del aparato feudal. La salida forzada del ingeniero Víctor Padilla de la jefatura de Vialidad Nacional es un caso paradigmático: se va un funcionario que mantuvo operativa la estructura vial con escasos recursos y entra Hernán Ramis, un cuadro del gildismo reciclado por la vía rápida de la impunidad.
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El intendente Mario Brignole juega al macho montado con rebenque en mano para amedrentar a la oposición, pero tiembla de miedo cuando el Ejército anuncia maniobras en su camping. Gaucho para agredir mujeres, pero cobarde cuando no controla los uniformes. La síntesis perfecta del modelo formoseño: bravuconería para los débiles, sumisión ante el poder real.
Los trasladan como ganado, pero les prometen libertad. Viajan en un camión volcador hacia un acto político, creyendo que participan de la democracia, cuando en realidad son piezas de un sistema perverso que los condena, una y otra vez, a votar por quienes los mantienen pobres, dependientes y callados. No es una movilización: es una humillación institucionalizada.
