Mientras Greenpeace alerta sobre la alarmante expansión de la deforestación en Formosa tras la Ley de Bosques, el gobierno de Gildo Insfrán se aferra a un relato técnico lleno de cifras, pero incapaz de explicar un hecho irrefutable: los desmontes se multiplicaron por cuatro desde la implementación de la norma.
Locales08/07/2025
leonardo fernández acosta
Por más que el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, intente maquillar la situación con mapas y porcentajes, la realidad del bosque nativo se mide mejor desde el aire que desde los escritorios: Formosa perdió 36.000 hectáreas de monte solo el año pasado. Y desde 2007, según Greenpeace, la tasa de deforestación se cuadruplicó en comparación con los años previos a la Ley 26.331. La misma ley que debía proteger los ecosistemas nativos terminó siendo, en esta provincia, la coartada institucional para habilitar desmontes masivos. El resultado está a la vista: topadoras trabajando legalmente en nombre de una ley que se suponía protectora.
El ordenamiento del agronegocio
El funcionario de Insfrán sostiene que el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For), sancionado en 2010 y revisado en 2018, no solo cumple sino que “supera los estándares” de la Ley Nacional. Pero el mapa de zonificación que defiende es, en realidad, el núcleo del problema: asignar el grueso de los bosques a la categoría verde (de uso productivo) es habilitar legalmente su eliminación.
Rodríguez repite que “no debe interpretarse que se permiten desmontes en toda la zona verde”, pero omite decir que allí es precisamente donde se otorgan los permisos. Y eso es lo que muestra la evidencia satelital: los desmontes se dan principalmente donde el Estado provincial los permite, con papeles en regla, bajo un supuesto "desarrollo sostenible" que en la práctica arrasa con monte, fauna y modos de vida campesinos.
Una defensa que no explica los desmontes
El gobierno formoseño argumenta que se han conservado 3,1 millones de hectáreas de bosque y otros 1,9 millones de ambientes naturales no boscosos, lo cual sería equivalente, según sus palabras, a “250 veces la Ciudad de Buenos Aires”. Pero omite un dato clave: el 90% de esos territorios ya estaban allí antes de cualquier política de ordenamiento. Lo que está en juego no es cuánto hay, sino cuánto se pierde cada año.
Y en eso, los números son contundentes. Rodríguez reconoce que entre 2000 y 2025 se transformaron 626.690 hectáreas mediante Cambios de Uso de Suelo (CUS). Greenpeace denuncia que, lejos de desacelerarse, la tendencia aumentó después de la Ley de Bosques. Si la norma es buena pero los desmontes aumentan, algo falla. Y ese “algo” es el uso discrecional del ordenamiento territorial como herramienta para legalizar el negocio del desmonte.
La trampa del relato “ambientalista”
El discurso oficial está cuidadosamente redactado para parecer moderno, técnico, progresista. Habla de “zonas corredores”, “mínimos prediales”, “corredores biológicos”, “conservación armónica” y otras fórmulas pensadas para confundir. Pero los satélites, las recorridas de Greenpeace y los propios informes internacionales muestran otra cosa: Formosa figura entre las provincias con mayor pérdida de monte nativo en la última década.
La comparación histórica del ministro también es tramposa: asegura que en 2008 Formosa tenía la misma superficie agropecuaria que Santiago del Estero en 1977, como si eso justificara la expansión actual. Pero lo que no dice es que Santiago del Estero es precisamente una de las provincias más devastadas por el avance indiscriminado del agronegocio. Usarla como referencia es como justificar un incendio diciendo que en Córdoba ya se quemó todo antes.
El relato gubernamental tiene un problema de fondo: no responde al eje central de la crítica de Greenpeace. Si la Ley de Bosques se implementó bien, ¿por qué hay más desmontes? Si el ordenamiento territorial fue ejemplar, ¿por qué las imágenes satelitales muestran retrocesos?
Lo que está claro es que Formosa no es víctima de un “malentendido ambiental” sino de una política deliberada de entrega del bosque nativo a la especulación agroganadera, con validación legal y discurso tecnocrático. El monte no se cae solo. Alguien lo habilita. Alguien lo firma. Y alguien lo cobra.
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La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
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