"Lo del celular es de campeón mundial. Copiar un acta delante del comerciante al que supuestamente van a infraccionar desde un celular no tiene antecedentes" relató el titular del comercio.
Locales22/03/2025
leonardo fernández acosta
El titular del centro de pagos frente a la plaza San Martín, denunció presuntas irregularidades en un procedimiento llevado a cabo por inspectores de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor el pasado 21 de marzo.
Según el comerciante, la actuación estuvo viciada y coordinada con una denunciante que había protagonizado un episodio de violencia verbal horas antes en el local.
De acuerdo con el descargo presentado por el responsable del comercio, el conflicto se originó cuando una clienta intentó realizar el pago de una factura de un monto elevado, superando el límite diario de cobro permitido en el local, el día viernes.
Ante la negativa del establecimiento a procesar el pago, la clienta habría reaccionado con insultos y amenazas contra el personal, generando un clima hostil y perturbando la atención de otros clientes.
"Nos insultó, nos acusó de ineptos y golpeó el mobiliario del local. Se le explicó que podía dirigirse a otro centro de pagos cercano, pero se negó a retirarse por varios minutos", relató el comerciante en su descargo.
Dado su comportamiento, se le solicitó que se retirara del establecimiento, ejerciendo el derecho de admisión regulado por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), que permite la negativa de atención cuando el cliente se comporta de manera violenta o afecta la seguridad del comercio y de terceros, entre otras innumerables leyes de protección en el mismo sentido. Si esta persona no se hubiera retirado, el paso siguiente hubiera sido llamar a la policía
Horas después, la misma persona regresó al comercio junto a tres personas que, según el comerciante, no se identificaron en un primer momento como inspectores de Defensa al Consumidor. "Entraron en silencio, permitieron que nuevamente la cliente que había protagonizado el escándalo por la mañana exigiera el pago con una actitud prepotente y luego, sin identificarse, comenzaron a labrar un acta donde asentaron una supuesta negativa abusiva de atención", agregó. "No existe un trato abusivo, debido a que sigue vigente el Derecho de Admisión. No hay un plazo para retomar la relación comercial con una persona violenta".
Copiaba el acta desde su celular
Según el descargo, la intervención de los inspectores fue irregular y premeditada. "Uno de los inspectores copiaba desde su celular lo que debía escribir en el acta. Está grabado en video", afirmó el comerciante, quien aseguró que la fiscalización fue una maniobra para avalar la denuncia de una colega abogada, sin sustento alguno.
En su presentación, el titular de del comercio fundamentó su postura en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, asegurando que el derecho de admisión le permitía negar el servicio a clientes que generaran situaciones de violencia o pusieran en riesgo la seguridad del comercio.
Además, denunció que el acta labrada por los inspectores adolece de nulidad absoluta por irregularidades en el procedimiento y por presunta falsedad ideológica en el sentido de que un inspector por ciertas afirmaciones conjeturales sin constatación objetiva, salvo su propia interpretación, imputaba al suscripto de conductas dolosas. Un delirio".
El comerciante continuó relatando que: "Lo del celular es de campeón mundial. Copiar un acta delante del comerciante al que supuestamente van a infraccionar desde un celular no tiene antecedentes".
"De no obtener una respuesta favorable, me reservo el derecho de accionar judicialmente por falsedad ideológica, abuso de autoridad y persecución", concluyó el comerciante, quien solicitará la nulidad del procedimiento ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
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En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
