La Comisión de DDHH. de la Cámara de Diputados de la Nación, recibió a los ciudadanos que fueron sometidos a la violación de sus derechos humanos en pandemia y el testimonio de otros casos de muertes irresueltas, narradas por los familiares. El kirchnerismo pese a ser una reunión formal de la Comisión no participó.
Locales07/05/2025
leonardo fernández acosta
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet, le abrió las puertas en esta jornada de miércoles a ciudadanos de Formosa que denunciaron persecución política, represión estatal, abandono sanitario y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El primero en pronunciarse fue el Dr. Armando Aquino Britos, abogado y académico, quien aseguró que “la violación de los derechos humanos comienza por el sistema político” y que “los derechos políticos también son derechos humanos”, en referencia a la reelección indefinida del gobernador provincial Gildo Insfrán. Además, marcó que la estructura de poder en la provincia imposibilita la alternancia democrática y va en detrimento de derechos fundamentales.
Teresa Pereyra, habitante del barrio “Lote 111”, brindó detalles de las condiciones extremas de hacinamiento y falta de agua potable, que afectan gravemente la salud de la población. Ella denunció que las autoridades provinciales ignoran reclamos básicos y sostienen al barrio en un estado de abandono sistemático.
Gladys Villa, madre de Federico Romero, un policía especializado en narcóticos que falleció en el marco de un operativo policial, contó pormenores de las contradicciones en la investigación sobre el deceso de su hijo. Aseveró que la Policía afirmó que su hijo “se resbaló en el río”, pero cuando le entregaron el cuerpo, su ropa estaba completamente ensangrentada. Solicitó a los legisladores nacionales que “no se olviden de Formosa”, ya que “Formosa es Argentina”.
El periodista Gabriel Hernández mostró pruebas sobre la falta de libertad de expresión en medios formoseños y denunció haber sido gravemente perseguido por posibilitar que ciudadanos opositores expresaran sus posturas públicamente. “Todo pasa por la birome de Insfrán”, dijo, refiriéndose al control total del oficialismo sobre los medios y las instituciones.
Ismael, un joven de a comunidad Wichí, aportó un escalofriante testimonio sobre torturas, maltrato psicológico y amenazas graves sufridas a manos de la Policía Provincial. Con lágrimas en sus ojos, relató que un agente le gatilló tres veces en la cabeza, sin que saliera la bala. Su declaración provocó profunda conmoción en la sala.
Por último, Valentín, un padre que perdió a su hija por falta de atención médica, denunció que el sistema de salud formoseño no contaba con los medios necesarios para atendarla.
Este hombre contó que su hija se despidió de su madre diciendo que “se iba al infinito”. Sumó que desde su fallecimiento, hace casi dos años, nadie del gobierno entabló comunicaciones con él, pero que al enterarse de su viaje a Buenos Aires para dar testimonio, recibió un llamado amenazante en el que le advirtieron “que tenga cuidado” con lo que iba a decir.
Durante la reunión, también tomaron la palabra las diputadas Silvia Ibáñez y Lilia Lemoine, quienes destacaron el coraje de los testigos y señalaron que en Formosa “el Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos”.
La diputada Ajmechet, presidenta de la Comisión, se disculpó por el tiempo en que la misma estuvo inactiva y propuso que la Comisión se traslade a Formosa para verificar en el terreno la situación denunciada. Además, pidió por una intervención del Poder Judicial provincial, por considerar que no asegura la imparcialidad ni acceso a la Justicia para los ciudadanos de la provincia del Norte.
El diputado nacional Fernando Carbajal, vicepresidente de la Comisión y representante por Formosa, dijo que “la sociedad en su conjunto es víctima de una violación de derechos humanos” y recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció contra la legalidad del actual mandato del gobernador.
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Argumentó “diferencias éticas, morales y orgánicas” con Pablo Miguez y Leonardo González, y lanzó un golpe por elevación al diputado nacional Gerardo González, a quien acusa de favorecer a su entorno con cargos públicos y actuar al margen de toda transparencia partidaria. El martes o miércoles vienen autoridades nacionales a arreglar el kilombo.
El anuncio fue hecho por la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En el último encuentro, recibió a más de una docena de formoseños que denunciaron persecución política y represión estatal.
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Del PJ a Milei sin escalas, Pablo Míguez encarna la hipocresía política en su estado más puro: un operador reciclado que ahora se disfraza de libertario para seguir mamando de la teta del poder. Habla de renovación, pero arrastra los vicios de siempre.
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