Mientras el gobierno provincial llena discursos con palabras como inclusión, primera infancia y equidad, las trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) sobreviven con sueldos de miseria, maltrato institucional y abandono total por parte del Estado. Sofía, trabajadora de un CDI en Formosa, es una víctima de explotación laboral por parte del Estado provincial. Sin derechos, sin salario digno, sin voz. Su historia refleja la de cientos de mujeres silenciadas en nombre de la "inclusión"
Locales15/05/2025
leonardo fernández acosta
El testimonio de Sofía Torales, una empleada del CDI Benito López, del barrio San Francisco, es solo un ejemplo, entre muchos, de una trama de precarización laboral que recorre silenciosamente las guarderías públicas de Formosa.
“Cobro $157.000, siempre tarde, trabajo en negro, me exigen dobles turnos sin pago. Me accidenté yendo a buscar a mis hijas y me descontaron igual. ¿Esto es política pública?” afirma en sus redes. Esta declaración expone una maquinaria estatal que vulnera derechos mientras se presenta como garante del bienestar social.
El trabajo esclavo con disfraz de empleo público, claramente expone a través del caso de “Sofy” un sueldo por debajo del mínimo: $157.000 al mes, menos de lo que establece el salario mínimo nacional, y ni siquiera lo cobra en fecha.
El empleo es informal en el Estado ya que está en negro. Si se lesiona, como ocurrió en dos caídas en moto, le descuentan días pese a contar con certificados médicos. Cumple dobles turnos sin remuneración ya que trabajó jornadas de 11 horas en enero, llevando a sus hijas porque no tenía quién las cuidara y los derechos laborales solo quedan en los discursos de los operativos de campaña del gobernador, Gildo Insfrán.
La situación no solo implica trabajadoras de cooperativas abandonadas sino además expone la precaría atención a criaturas ya que se desprende de la crónica, el hacinamiento infantil ya que “Sofy” a veces cuida sola, cuida a 20 niños de 2 años o a 7 bebés de 6 meses. La sobrecarga es brutal.
De la misma manera denuncia los tratos violento de una colega hacia los niños y a pesar de sus quejas ante la responsable de Primera Infancia, Liliana Martínez, ni la recibió.
La edificios bien pintados del modelo formoseño pero con pobreza estructural por dentro, tienen a personas como Sofy con el cuerpo roto y la cabeza quebrada: dos accidentes en moto. Lesiones en la cabeza y ligamentos comprometidos. Sin ART, sin licencia paga, sin amparo.
Según su propio testimonio solo en nafta gasta más de $90.000 mensuales. Entre comida, traslados y salud, no queda nada. “Llego a casa y no quiero que me hablen… mi cabeza está hecha mierda”. Así describe el efecto de una rutina laboral que la destroza física y mentalmente.
El Estado hace campaña con los cuidados brindados por el estado mientras reproduce violencia Los CDI deberían ser espacios de cuidado para la infancia. En Formosa, funcionan como engranajes de una política que somete a mujeres pobres bajo condiciones laborales dignas de otra época.
Las trabajadoras no están registradas, son obligadas a callar ante abusos y reciben sueldos que las empujan a la indigencia sin olvidar la gravedad respecto de que los niños están expuestos a entornos inseguros y sin supervisión real.
Esto no es una excepción. Es la norma
El caso de esta trabajadora no es un hecho aislado. Es el reflejo de lo que viven decenas, probablemente cientos, de mujeres en los CDI de toda la provincia. “Mi amor propio vale más que mi sueldo”, dice la trabajadora pero como en tantos otros trabajos precarizados por el modelo formoseño la dignidad humana poco le importa.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
