Mientras el gobierno provincial llena discursos con palabras como inclusión, primera infancia y equidad, las trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) sobreviven con sueldos de miseria, maltrato institucional y abandono total por parte del Estado. Sofía, trabajadora de un CDI en Formosa, es una víctima de explotación laboral por parte del Estado provincial. Sin derechos, sin salario digno, sin voz. Su historia refleja la de cientos de mujeres silenciadas en nombre de la "inclusión"
Locales15/05/2025
leonardo fernández acosta
El testimonio de Sofía Torales, una empleada del CDI Benito López, del barrio San Francisco, es solo un ejemplo, entre muchos, de una trama de precarización laboral que recorre silenciosamente las guarderías públicas de Formosa.
“Cobro $157.000, siempre tarde, trabajo en negro, me exigen dobles turnos sin pago. Me accidenté yendo a buscar a mis hijas y me descontaron igual. ¿Esto es política pública?” afirma en sus redes. Esta declaración expone una maquinaria estatal que vulnera derechos mientras se presenta como garante del bienestar social.
El trabajo esclavo con disfraz de empleo público, claramente expone a través del caso de “Sofy” un sueldo por debajo del mínimo: $157.000 al mes, menos de lo que establece el salario mínimo nacional, y ni siquiera lo cobra en fecha.
El empleo es informal en el Estado ya que está en negro. Si se lesiona, como ocurrió en dos caídas en moto, le descuentan días pese a contar con certificados médicos. Cumple dobles turnos sin remuneración ya que trabajó jornadas de 11 horas en enero, llevando a sus hijas porque no tenía quién las cuidara y los derechos laborales solo quedan en los discursos de los operativos de campaña del gobernador, Gildo Insfrán.
La situación no solo implica trabajadoras de cooperativas abandonadas sino además expone la precaría atención a criaturas ya que se desprende de la crónica, el hacinamiento infantil ya que “Sofy” a veces cuida sola, cuida a 20 niños de 2 años o a 7 bebés de 6 meses. La sobrecarga es brutal.
De la misma manera denuncia los tratos violento de una colega hacia los niños y a pesar de sus quejas ante la responsable de Primera Infancia, Liliana Martínez, ni la recibió.
La edificios bien pintados del modelo formoseño pero con pobreza estructural por dentro, tienen a personas como Sofy con el cuerpo roto y la cabeza quebrada: dos accidentes en moto. Lesiones en la cabeza y ligamentos comprometidos. Sin ART, sin licencia paga, sin amparo.
Según su propio testimonio solo en nafta gasta más de $90.000 mensuales. Entre comida, traslados y salud, no queda nada. “Llego a casa y no quiero que me hablen… mi cabeza está hecha mierda”. Así describe el efecto de una rutina laboral que la destroza física y mentalmente.
El Estado hace campaña con los cuidados brindados por el estado mientras reproduce violencia Los CDI deberían ser espacios de cuidado para la infancia. En Formosa, funcionan como engranajes de una política que somete a mujeres pobres bajo condiciones laborales dignas de otra época.
Las trabajadoras no están registradas, son obligadas a callar ante abusos y reciben sueldos que las empujan a la indigencia sin olvidar la gravedad respecto de que los niños están expuestos a entornos inseguros y sin supervisión real.
Esto no es una excepción. Es la norma
El caso de esta trabajadora no es un hecho aislado. Es el reflejo de lo que viven decenas, probablemente cientos, de mujeres en los CDI de toda la provincia. “Mi amor propio vale más que mi sueldo”, dice la trabajadora pero como en tantos otros trabajos precarizados por el modelo formoseño la dignidad humana poco le importa.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
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