Con la cantidad de nombres que tiró la legisladora en una entrevista a Radio Uno, ya casi tenemos el elenco completo de una narconovela federal. Solo falta que aparezca un submarino y Netflix firme la serie. No quedó muñeco con cabeza.
Locales21/05/2025
leonardo fernández acosta
La diputada provincial volvió a cargar contra el gobernador Gildo Infrán con acusaciones que no dejaron un solo delito por abarcar: lo vinculó con el narcotráfico, la trata de personas, el encubrimiento judicial y hasta aseguró que hay una investigación en curso de la DEA.
En una entrevista extensa con Radio Uno, la diputada Gabriela Neme no se guardó nada y lanzó una de las acusaciones más graves contra el gobernador Gildo Insfrán desde el retorno de la democracia. "Insfrán pone plata para todos los que están en el tráfico de droga, y me hago cargo", dijo con énfasis, y fue más allá: lo señaló como facilitador de la entrada de “droga, armas y mujeres” a través de vínculos con otros gobernadores.
Consultada sobre si había pruebas, Neme afirmó que “se está investigando” y aseguró que “hasta la DEA está investigando”. Según la legisladora, la agencia antidrogas estadounidense estaría interesada en el caso, aunque no hay constancia pública ni documentos oficiales que lo respalden.
Pero sus señalamientos no terminaron ahí. Apuntó directamente contra el juez federal de Formosa, Pablo Morán, a quien acusó de “garantizar la impunidad” de Insfrán y cuestionó su rol como observador en procesos electorales en EE.UU. “¿Con qué lo van a investigar acá? ¿Con Morán, que le avisa todo a Infrán?”, ironizó. “Morán ya debería tener un juicio político”, agregó, pidiendo la intervención del Consejo de la Magistratura Nacional.
En su relato, Neme también volvió sobre causas judiciales polémicas en la provincia, como la de los “Zapallitos”, el caso “Bareiro” y el asesinato del policía Federico Romero, a quien, según ella, “hicieron figurar ahogado en el Riacho Formosa”. Romero habría estado vinculado a una causa que involucraba a un sobrino de la actual ministra del STJ, Lilian Fernández, y una camioneta de la entonces concejal Blanca Denis. Neme subrayó que “nunca se investigó a fondo” y sugirió encubrimiento judicial en los más altos niveles.
Las declaraciones de Neme son de una gravedad institucional enorme. No es la primera vez que denuncia un entramado mafioso en el poder formoseño, pero ahora introdujo un elemento nuevo y explosivo: el involucramiento de agencias internacionales como la DEA.
¿Habrá reacciones en la Justicia federal? ¿Responderá el gobernador a estas acusaciones? ¿Tomará cartas en el asunto el gobierno nacional, que hasta ahora ha optado por el silencio frente al “modelo Formosa”? Lo cierto es que las palabras de Neme no pueden pasar desapercibidas.
Las declaraciones insinúan una red de protección que involucraría a gobernadores, senadores y jueces, garantizandole impunidad a Insfrán. Además y hasta se sugiere que el gobierno nacional no intervendría por presiones políticas.
“¿Qué nación existe sin Estado?”, preguntaba días atrás Gildo Insfrán desde un atril, con tono grandilocuente. A juzgar por lo que plantea Neme, la pregunta debería reformularse: ¿Qué clase de Estado existe cuando sus estructuras están al servicio de lo que describe la diputada?
Con este nivel de gravedad, lo único que falta es que la próxima sesión legislativa empiece con la famosa advertencia: “Los hechos narrados a continuación son ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. Aunque, por lo visto, en Formosa la ficción está quedando corta.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
