A tres años del intento de copamiento institucional en la UNaF, los responsables siguen impunes, dictando cátedra sobre valores que traicionaron. La universidad debe elegir: o activa su memoria y defiende su autonomía, o se resigna a ser un apéndice más del poder político.
Locales02/06/2025
leonardo fernández acosta
A tres años del intento de intervención política que sacudió los cimientos de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la impunidad sigue transitando sus pasillos con credencial docente. Fue en 2021 cuando un grupo de actores internos convenientemente alineados al poder provincial, intentó someter la autonomía universitaria a los intereses de la política partidaria, bajo la fachada de una supuesta “Reconstrucción UNaF”. El eufemismo apenas disimuló lo que fue: un operativo de copamiento institucional, planificado, ejecutado y sostenido por quienes hoy siguen enseñando, como si nada hubiera pasado.
No se trató de una disputa por cargos, sino de una avanzada para domesticar a la universidad pública, convertirla en una dependencia más del aparato político provincial. Se organizaron asambleas irregulares, se usurparon funciones, se manipuló la representación docente, y hasta se montó una escenografía de legalidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, utilizado como caja de resonancia para validar un golpe con firma técnica.
La justicia federal fue clara: hubo un intento ilegítimo de desestabilización, y falló a favor de las autoridades legítimas, elegidas por el voto democrático de los claustros. Respaldó, en definitiva, lo que la Ley de Educación Superior garantiza: autonomía, autarquía y legalidad. Pero más allá de los fallos, la universidad sigue sin saldar una deuda interna: ¿cómo se explica que quienes atentaron contra esos principios sigan impunemente en funciones, dando clases como si la ética universitaria fuera optativa?
El juicio académico no puede seguir congelado por temor o por cálculo. No se trata de venganza, sino de responsabilidad institucional. Porque si una casa de estudios no puede juzgar a sus propios cuadros por faltas graves como el abuso de poder, la sedición o la violación de normas fundamentales, entonces pierde autoridad no solo legal, sino también moral. ¿Qué valores puede transmitir una universidad que enseña ciudadanía con profesores que pisotearon la democracia interna?
La UNaF necesita cerrar este capítulo con la dignidad que exige su historia. Lo que está en juego no es solo el pasado reciente, sino el tipo de universidad que se quiere construir: una sometida al vaivén de los intereses de turno o una que sostenga su autonomía como condición de existencia. Si no hay consecuencias, si no se activa el juicio académico como mecanismo legítimo, el mensaje será claro: todo vale, siempre que haya cobertura política.
Los estudiantes, docentes, no docentes y graduados que resistieron en 2021 no lo hicieron por un rector o una gestión: lo hicieron por la universidad pública, por el principio de que el saber no se arrodilla ante el poder. Ellos merecen algo más que el silencio institucional: merecen justicia.
Porque si no hay memoria activa, hay repetición. Y la historia de las universidades intervenidas en la Argentina demuestra que la indiferencia siempre favorece al autoritarismo. Hoy, más que nunca, la UNaF debe juzgar, no por revancha, sino por coherencia. Porque la educación pública no puede enseñarse desde la impunidad.
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