A metros de la Casa de Gobierno, en una escuela privada-subvencionada, padres denuncian hechos graves de acoso escolar y agresiones sexuales que la dirección ignora con liviandad. La convivencia forzada como único “protocolo” mientras las víctimas sufren y los agresores gozan de impunidad.
Locales12/06/2025
leonardo fernández acosta
En pleno corazón de la ciudad, donde las instituciones deberían funcionar como ejemplo, un colegio privado con mitad subvención estatal acumula denuncias por bullying sostenido, amenazas físicas y hasta hechos con connotación sexual entre menores. Lo grave no es solo la conducta de algunos alumnos, sino la pasividad –rayana en la complicidad– de los administradores del establecimiento, quienes responden con frases de folleto y cero compromiso: “Eso se arregla con la convivencia”.
Mientras las autoridades educativas brillan por su ausencia, los directivos optan por barrer la violencia bajo la alfombra. Padres desesperados denuncian que no se activan protocolos ni se respetan los marcos legales previstos para este tipo de casos. Peor aún, quienes se animaron a exponer lo que ocurre, recibieron amenazas veladas por parte de la familia del agresor, que se mueve con total libertad en el mismo colegio.
“No puede ser que estemos más preocupados por las represalias de una patota familiar que por la contención a nuestros hijos”, expresó un padre indignado. Como si la violencia institucionalizada no fuera suficiente, ahora el miedo se traslada a los hogares, con familias considerando cambiar de colegio a sus hijos para protegerlos, mientras el victimario permanece cómodo y amparado.
A pesar de la existencia de organismos como el Equipo Interdisciplinario Escolar, y protocolos específicos del Ministerio de Educación provincial, la conducción escolar prefiere una peligrosa inacción que pone en riesgo a toda la comunidad educativa.
Esta no es solo una denuncia de padres preocupados. Es una señal de alarma. ¿Cuántas veces más deben callarse los chicos hasta que una tragedia obligue a actuar?
Esta nota es, por ahora, una advertencia, afirmaron los padres porque si las autoridades del colegio continúan desoyendo las denuncias y persiste la situación de desamparo hacia las víctimas, se revelará públicamente el nombre de la institución, la identidad de los directivos responsables y las pruebas que los padres han reunido.
No se puede proteger el prestigio de un colegio a costa del sufrimiento de un niño. Si el sistema no actúa, se actuará desde la verdad con identidades. Los padres dijeron que es hora de que las autoridades educativas intervengan con firmeza y transparencia, antes de que el “bullying” se convierta en algo mucho más grave. Porque lo único que no puede pasar es que no pase nada.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
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