Aunque no existían denuncias previas por violencia de género, la investigación reveló que la ex pareja de Gisela Mendoza fue la última persona en verla con vida. Ahora está detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad y presunto femicidio.
Locales16/07/2025
leonardo fernández acosta
El jefe de la División de Delitos Complejos de la Policía de Formosa, Comisario Inspector Héctor Candia, confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de Gisela Agustina Mendoza, de 37 años, en un terreno baldío del barrio San Antonio, a unos 50 metros de la cinta asfáltica. El principal sospechoso es su ex pareja, quien fue detenido el domingo por la tarde tras haber realizado él mismo la denuncia por desaparición.
“La búsqueda tiene su génesis en la denuncia de su propia ex pareja, pero tras el análisis de cámaras, testimonios y los celulares, se estableció que fue la última persona que la vio con vida”, explicó Candia.
Según el seguimiento de las cámaras de seguridad, Gisela fue vista por última vez el domingo por la mañana, saliendo en motocicleta junto al detenido. En las imágenes posteriores, se lo observa a él regresando solo. “Ese fue uno de los principales indicios que se pusieron a disposición del juez”, indicó el jefe policial.
El caso fue caratulado inicialmente como “privación ilegítima de la libertad y presunto femicidio” por el juez de feria, Enrique Javier Guillén. Con el hallazgo del cuerpo, se esperan nuevas medidas judiciales.
La moto en la que se trasladaban está secuestrada y siendo sometida a pericias. El cuerpo de Gisela, que no fue enterrado pero presentaba indicios visibles de agresiones, fue encontrado en una zona con viviendas abandonadas. La causa de muerte se conocerá tras la autopsia en la morgue judicial.
El operativo de rastrillaje fue realizado por distintas secciones de la policía, con un rol destacado de la Sección Canes, cuyos perros especializados detectaron la presencia del cuerpo en las primeras horas del lunes.
“No había denuncias previas por violencia. La familia participó activamente del operativo y fue acompañada y contenida por personal especializado de la policía”, aseguró Candia.
Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, el detenido continúa a disposición del juez Guillén. “Todo indica que se trató de un femicidio. La causa se encamina a un cambio de calificación penal”, confirmaron fuentes judiciales.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
