La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados podría sesionar en Formosa tras la denuncia de persecución judicial a periodistas. Legisladores nacionales denuncian el uso del poder judicial como herramienta de censura, y apuntan directamente al gobernador Gildo Insfrán por las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades más básicas.
Locales23/07/2025 Redacción![IMG-20250613-WA0018[1]](/download/multimedia.normal.bc265817e50f7da2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)
La carta documento enviada por el funcionario y docente Juan Eduardo Lenscak —exreferente de derechos humanos devenido en vocero oficialista— contra este medio y quien firma estas líneas, desató una ola de reacciones a nivel nacional. Y ahora, la persecución al periodismo en Formosa parece haber llegado, por fin, a la agenda del Congreso de la Nación.
Legisladoras nacionales como Lilia Lemoine, Sabrina Ajmechet y Karina Banfi, integrantes de distintas comisiones parlamentarias, propusieron que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sesione en Formosa, para tratar in situ los abusos contra periodistas, medios y ciudadanos que se expresan por fuera del libreto oficialista.
“La Comisión de Libertad de Expresión debería reunirse allá, tal como lo hizo la de Derechos Humanos”, publicó Lemoine, citando el reciente artículo publicado en Formosa Investiga titulado: "No se retracta quien investiga: la carta documento como amenaza del poder y método de censura preferido por Insfrán".
Por su parte, Ajmechet reforzó: “Los formoseños necesitan que sigamos haciéndolo. Voy a estar ahí en todos los casos”.
Karina Banfi fue más lejos: “Formosa en manos de su gobernador no es ajena a las violaciones de los derechos humanos. La comisión debe recoger los abusos que existen sobre la libertad de expresión”.
Los posteos reflejan un clima creciente de preocupación institucional, ante una provincia donde la censura judicial, el control de los medios y la represión a la prensa se han convertido en prácticas habituales del poder. La carta documento enviada por Lenscak —donde exige retractación, censura y silencio futuro— se inscribe en una larga serie de intentos por disciplinar a periodistas mediante acciones legales intimidatorias, en una provincia donde la justicia responde más al poder político que a la Constitución.“No se retracta quien investiga”
La iniciativa legislativa surge tras la difusión del artículo en este medio, que analiza el rol actual de algunos referentes de derechos humanos que, desde cargos públicos, han justificado o silenciado las violaciones cometidas durante la pandemia, la represión del 5 de marzo de 2021, y otros episodios de autoritarismo formoseño.
La nota, lejos de atacar a víctimas de la dictadura, expone cómo esa condición histórica ha sido utilizada como escudo moral y trampolín político por parte de quienes hoy defienden al régimen de Gildo Insfrán desde cargos pagos por el propio Estado.
El poder judicial como garrote
Mientras tanto, voces en redes sociales expresan sin filtros lo que muchos medios no se animan a decir. “Por el bien de los formoseños, los diputados que integran la Comisión deberían estar a la altura de la circunstancia y no ser cómplices del dictador de Formosa”, escribió el usuario @MauriDiaz_OK. Otros posteos fueron más directos aún: “Insfrán irá preso pronto”, “Hay que intervenir Formosa”, “El poder judicial ni lo investiga”.
Una señal política necesaria
Que una comisión del Congreso sesione en Formosa no resolverá por sí solo el problema estructural de censura, impunidad y silencio que reina en la provincia desde hace décadas. Pero es una señal política. Un límite simbólico. Una advertencia institucional de que la libertad de expresión no es una franquicia del poder, sino un derecho humano esencial.
Mientras tanto, seguiremos escribiendo. Porque el periodismo no se retracta cuando investiga. Y porque en Formosa, decir la verdad es un acto de resistencia.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
