Pablo Miguez y Juan Carlos Montiel no pudieron jurar como convencionales por no tener licencia en sus cargos públicos. El primero, asesor del PAMI por La Libertad Avanza. El segundo, un viejo "ñoqui" radical acomodado por Naidenoff desde hace dos décadas. Una muestra obscena de cómo la clase política sigue meando a la sociedad desde arriba.
Locales02/08/2025
leonardo fernández acosta
Seguimos con los papelones. Y cada vez cuesta más encontrar palabras nuevas para describir el nivel de cinismo, impunidad y desparpajo con el que se manejan algunos de los personajes que integran la flamante Convención Constituyente de Formosa. Ahora, el escándalo no solo atraviesa a La Libertad Avanza, sino también al radicalismo. Dos de sus convencionales electos, Pablo Miguez y Juan Carlos Montiel, no habrían podido jurar porque, simple y llanamente, no tienen la licencia correspondiente para asumir un cargo electivo mientras siguen cobrando del Estado nacional.
Pablo Miguez, asesor del PAMI por el espacio libertario, aún estaría tramitando su licencia. Una omisión grave, pero que palidece al lado del caso del radical Juan Carlos Montiel, un verdadero emblema del clientelismo parasitario y la hipocresía política.
Montiel, que llegó a la Convención Constituyente por la UCR, es empleado del Senado de la Nación desde hace más de 20 años, pero en todo ese tiempo no hay registro alguno de actividad en la Cámara alta. Su única tarea visible ha sido militar en Formosa para el radicalismo, al amparo de Luis Naidenoff, quien ha sabido mover sus hilos en organismos nacionales para sostener a sus fieles ñoquis como si fueran muebles familiares.
Este “trabajador” público, al que se le paga el sueldo con el dinero de todos los argentinos, ni siquiera tiene la licencia para asumir como convencional. Y más escandaloso aún: su adscripción fue renovada hace apenas un mes, el 4 de julio de este año, en el Ministerio de Seguridad del Chaco, mediante la resolución 0259/25 del Senado, gracias a las relaciones de parentesco que Naidenoff tiene con el gobierno del Chaco.
Esto no es una anécdota. No es un error administrativo. Es la representación más grotesca de la decadencia institucional y moral de una clase política que ni siquiera se molesta en disimular. Montiel es el símbolo perfecto del sistema de "empleo militante": gente que jamás pisa su oficina, que no produce nada, pero que vive del Estado mientras vocifera sobre transparencia, institucionalidad y república.
Y lo peor es que esta gente no solo cobra sin trabajar: pretende escribir las nuevas reglas constitucionales que regirán a los formoseños por los próximos 50 años. ¿Cómo se puede reformar una Constitución con tipos que no pueden ni explicar en qué trabajaron durante dos décadas? ¿Qué autoridad ética tienen para hablar de instituciones, de democracia, de futuro?
Lo de Miguez y Montiel no es un error ni un desliz. Es un síntoma. Un reflejo de la impunidad que reina en este sistema político oxidado, corrupto, y profundamente desconectado de la realidad. Si estos son los elegidos para representar al pueblo en una Convención Constituyente, entonces que Dios nos libre del texto que vayan a escribir.
Porque con ñoquis constituyentes como estos, no se necesita una reforma constitucional. Se necesita una purga. Y urgente.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Mientras nuestros chicos mueren, sufren o callan, el Estado responde con silencio y la sociedad mira para otro lado. En Formosa, la tragedia infantil ya no conmueve: apenas ocupa un renglón entre las estadísticas.
El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
