La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Locales15/09/2025
leonardo fernández acosta
La Convención Constituyente de Formosa sigue dejando escenas que parecen extraídas de una sátira política. Una de las más pintorescas la protagonizó la convencional Valeria Ruth Méndez, quien se encargó de defender las modificaciones al Poder Judicial incorporadas en la nueva Carta Magna.
Según Méndez, los cambios representarían una “ventaja sustancial” y un salto de modernidad en la administración de justicia. Lo curioso —o lo escandaloso— es que la convencional es abogada, pero jamás ejerció la profesión en el foro local, nunca litigó en la Justicia provincial y mucho menos conoce los pasillos de un tribunal como profesional independiente. Su carrera, más bien, estuvo ligada a la comodidad del empleo público: es planta permanente del Poder Legislativo.
En otras palabras: alguien que nunca tuvo contacto real con el Poder Judicial fue la encargada de explicar a la sociedad las supuestas bondades de la reforma en ese mismo ámbito. Así de impresionante —o grotesco— resultó el circo convencional, donde personas sin experiencia práctica en áreas clave de la administración pública terminaron leyendo o aprendiéndose de memoria la modificación de artículos que ahora impactarán en el diseño institucional de la provincia.
Estoo marca el nivel de superficialidad la superficialidad con la que se validaron credenciales en una Convención que, lejos de convocar a especialistas de peso, funcionó como una escribanía del poder.
La contradicción en carne viva
Mientras se vendía la idea de un “salto cualitativo” hacia la modernidad judicial, el mensaje lo transmitía alguien que no sabe qué es sostener un expediente en tribunales, esperar horas para una audiencia o litigar frente a un juez. Es la contradicción en carne viva: quienes jamás sufrieron las falencias reales del sistema judicial formoseño fueron los encargados de “corregirlo” en la Constitución.
El resultado, más que un avance, es una puesta en escena: reformas redactadas al servicio del poder político, legitimadas por voces que desconocen la materia sobre la que opinan. La modernización, entonces, no es otra cosa que un discurso vacío para encubrir un proceso que nació viciado: la ampliación del control político sobre la Justicia.
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Con la ley en la mano y en un contexto de presiones del poder provincial, Pablo Basualdo asume la intendencia de Las Lomitas para completar el mandato hasta 2027 y sostener la continuidad institucional frente al avance del gildismo.
La dimisión de Atilio Basualdo a la Intendencia de Las Lomitas no suena a retirada, sino a proyección: asume como diputado nacional reivindicando a su equipo, desafiando al poder provincial y prometiendo llevar al Congreso la voz de una comunidad que dejó de agachar la cabeza.
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La traición de Ramiro Saavedra no es un hecho aislado ni una sorpresa: es el síntoma perfecto de una generación política criada en la incubadora del gildismo, donde la ética se aprende al revés y la ambición viene preinstalada. Un joven que llegó prometiendo renovación y terminó replicando, con velocidad récord, el vicio estructural de Formosa: vender lealtades como si fueran acciones en un mercado negro de poder.
Los nuevos datos del Consejo de Mayo no solo confirman el ajuste: revelan la fragilidad estructural del insfranismo. Con las transferencias desplomadas, el empleo estatal en crisis y la educación sin fondos, Formosa enfrenta su peor escenario: un Estado gigante sin recursos y un sector privado inexistente.
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La renuncia de Basualdo abrió un procedimiento legal clarísimo, pero una vieja guardia de apellidos eternos que vivieron por años de lo público intenta torcerlo para quedarse con el municipio. Con una clara bajada de línea de Insfrán y un relato de “crisis” fabricada, buscan forzar una elección que la ley no permite. Lo que ocurre en Las Lomitas no es debate político: es un golpe institucional en proceso.
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