Formosa: fuego, miedo e impunidad para quienes piensan distinto

En Formosa, la violencia política ya no se esconde: se organiza, se ejecuta y se tolera. Lo ocurrido en los barrios Lote 111, ahora Salvador Gurrieri —con ataques incendiarios contra familias que se animaron a pensar diferente— no puede ser relativizado ni minimizado como simples conflictos vecinales. Aquí hablamos de intentos de homicidio, de amenazas explícitas, de patotas con nombres y apellidos que operan bajo la sombra protectora del poder.

Las denuncias fueron radicadas. La policía tomó nota. La justicia dice investigar. Pero, mientras tanto, las víctimas tuvieron que escapar de sus casas en llamas con bebés y niños discapacitados en brazos. La impunidad no se mide en expedientes ni en plazos procesales: se mide en el silencio de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos, en la inacción que deja a los agresores libres para volver a atacar.

No son hechos aislados. Se trata de una escalada que se repite con un mismo patrón: la disidencia castigada, la militancia opositora perseguida, los espacios sociales independientes presionados hasta doblegarse o desaparecer. El clientelismo político en Formosa no se conforma con disciplinar; ahora busca infundir terror. Quien no se alinea, arde. Quien resiste, corre el riesgo de ser señalado y perseguido.

La violencia política en la provincia es el síntoma más brutal de un régimen que lleva más de tres décadas en el poder y que naturalizó la persecución al diferente. Cuando familias enteras deben pedir auxilio porque las quieren quemar vivas por participar de un operativo del PAMI, no hablamos de diferencias partidarias: hablamos de la degradación absoluta de la democracia.

El juez a cargo insiste en que “no hay presiones políticas” sobre la investigación. Tal vez sea cierto en su fuero íntimo. Pero mientras tanto, las víctimas viven con miedo, los agresores siguen libres y el poder político se mantiene en un silencio cómplice. Ese vacío es también impunidad.

Formosa se ha convertido en un laboratorio del miedo. Y la violencia que hoy recae sobre una familia, mañana puede alcanzar a cualquier ciudadano que se atreva a disentir. Por eso, lo que está en juego no es solo la seguridad de unas pocas víctimas, sino el derecho de toda una sociedad a vivir sin temor a ser castigada por pensar distinto.

La democracia no puede tolerar que se apague con fuego lo que debería discutirse con ideas. Y el silencio institucional no es neutralidad: es el combustible que alimenta la hoguera.