Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
Locales13/09/2025
leonardo fernández acosta
Una investigación interna de la ANSES, que se extendió durante varios años, terminó de confirmar lo que en Formosa era un secreto a voces: el otorgamiento de beneficios sociales y jubilaciones a ciudadanos paraguayos, sin cumplir requisitos legales, como parte de un esquema que no solo drenó fondos millonarios del Estado nacional, sino que también alimentó la maquinaria electoral del “modelo formoseño”.
El caso tuvo su epicentro en la oficina de ANSES en Clorinda, ciudad fronteriza donde la línea divisoria con Paraguay se ha convertido en un simple trámite administrativo para quienes buscan acceder a pensiones, asignaciones o jubilaciones sin haber trabajado nunca en el país.
La empleada Mercedes Noemí Aguilar fue despedida con causa y se le atribuyó un perjuicio al Estado de $539.531.086,36, suma que deberá restituir. Según la resolución del organismo, Aguilar adulteraba datos en el sistema informático SICAM, falsificaba domicilios y acreditaba servicios inexistentes como autónomos para que extranjeros —en su mayoría paraguayos— accedieran a jubilaciones.
La auditoría descubrió que 255 titulares extranjeros figuraban con domicilios en apenas 16 direcciones de Clorinda, incluyendo una gestoría donde 78 personas declararon residir. Ninguno de ellos vivía ni trabajaba en Argentina durante los períodos declarados.
Detrás del engranaje, aparecía un gestor externo: Augusto Villalba Adorno, captador de beneficiarios en Paraguay. Su tarjeta comercial incluso incluía la referencia “Mercedes ANSES”, prueba del vínculo con la funcionaria.
El costado político del fraude
Más allá de la sanción administrativa, la investigación revela un costado político: estos paraguayos con DNI argentino no solo accedían a jubilaciones, sino que también eran incorporados al padrón electoral de Formosa. El beneficio económico funcionaba como llave de fidelización política: cobrar en la Argentina y votar por el oficialismo.
En elecciones provinciales, la frontera se convierte en un flujo constante de votantes “importados”, movilizados en masa para sostener el “modelo formoseño” que el gobernador Gildo Insfrán defiende hace casi tres décadas.
La operatoria expuesta por ANSES confirma lo que la oposición viene denunciando: un sistema clientelar aceitado, en el que la dádiva social y las jubilaciones irregulares no son un error administrativo, sino parte de un engranaje político que garantiza votos y perpetúa al poder.
Una sanción tardía, un sistema vigente
El despido de Aguilar, resuelto recién el 1 de septiembre de 2025, llega ocho años después del inicio del sumario. Pero mientras el organismo nacional aplica sanciones administrativas, la trama política detrás de este esquema sigue intacta: paraguayos con beneficios sociales, DNIs exprés y boletas listas para depositar en las urnas de Formosa.
Un fraude que no solo erosiona las arcas del Estado nacional, sino también la legitimidad democrática de la provincia.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
