leonardo fernández acosta
Una investigación interna de la ANSES, que se extendió durante varios años, terminó de confirmar lo que en Formosa era un secreto a voces: el otorgamiento de beneficios sociales y jubilaciones a ciudadanos paraguayos, sin cumplir requisitos legales, como parte de un esquema que no solo drenó fondos millonarios del Estado nacional, sino que también alimentó la maquinaria electoral del “modelo formoseño”.
El caso tuvo su epicentro en la oficina de ANSES en Clorinda, ciudad fronteriza donde la línea divisoria con Paraguay se ha convertido en un simple trámite administrativo para quienes buscan acceder a pensiones, asignaciones o jubilaciones sin haber trabajado nunca en el país.
La empleada Mercedes Noemí Aguilar fue despedida con causa y se le atribuyó un perjuicio al Estado de $539.531.086,36, suma que deberá restituir. Según la resolución del organismo, Aguilar adulteraba datos en el sistema informático SICAM, falsificaba domicilios y acreditaba servicios inexistentes como autónomos para que extranjeros —en su mayoría paraguayos— accedieran a jubilaciones.
La auditoría descubrió que 255 titulares extranjeros figuraban con domicilios en apenas 16 direcciones de Clorinda, incluyendo una gestoría donde 78 personas declararon residir. Ninguno de ellos vivía ni trabajaba en Argentina durante los períodos declarados.
Detrás del engranaje, aparecía un gestor externo: Augusto Villalba Adorno, captador de beneficiarios en Paraguay. Su tarjeta comercial incluso incluía la referencia “Mercedes ANSES”, prueba del vínculo con la funcionaria.
El costado político del fraude
Más allá de la sanción administrativa, la investigación revela un costado político: estos paraguayos con DNI argentino no solo accedían a jubilaciones, sino que también eran incorporados al padrón electoral de Formosa. El beneficio económico funcionaba como llave de fidelización política: cobrar en la Argentina y votar por el oficialismo.
En elecciones provinciales, la frontera se convierte en un flujo constante de votantes “importados”, movilizados en masa para sostener el “modelo formoseño” que el gobernador Gildo Insfrán defiende hace casi tres décadas.
La operatoria expuesta por ANSES confirma lo que la oposición viene denunciando: un sistema clientelar aceitado, en el que la dádiva social y las jubilaciones irregulares no son un error administrativo, sino parte de un engranaje político que garantiza votos y perpetúa al poder.
Una sanción tardía, un sistema vigente
El despido de Aguilar, resuelto recién el 1 de septiembre de 2025, llega ocho años después del inicio del sumario. Pero mientras el organismo nacional aplica sanciones administrativas, la trama política detrás de este esquema sigue intacta: paraguayos con beneficios sociales, DNIs exprés y boletas listas para depositar en las urnas de Formosa.
Un fraude que no solo erosiona las arcas del Estado nacional, sino también la legitimidad democrática de la provincia.
