Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
Locales13/09/2025
leonardo fernández acosta
Una investigación interna de la ANSES, que se extendió durante varios años, terminó de confirmar lo que en Formosa era un secreto a voces: el otorgamiento de beneficios sociales y jubilaciones a ciudadanos paraguayos, sin cumplir requisitos legales, como parte de un esquema que no solo drenó fondos millonarios del Estado nacional, sino que también alimentó la maquinaria electoral del “modelo formoseño”.
El caso tuvo su epicentro en la oficina de ANSES en Clorinda, ciudad fronteriza donde la línea divisoria con Paraguay se ha convertido en un simple trámite administrativo para quienes buscan acceder a pensiones, asignaciones o jubilaciones sin haber trabajado nunca en el país.
La empleada Mercedes Noemí Aguilar fue despedida con causa y se le atribuyó un perjuicio al Estado de $539.531.086,36, suma que deberá restituir. Según la resolución del organismo, Aguilar adulteraba datos en el sistema informático SICAM, falsificaba domicilios y acreditaba servicios inexistentes como autónomos para que extranjeros —en su mayoría paraguayos— accedieran a jubilaciones.
La auditoría descubrió que 255 titulares extranjeros figuraban con domicilios en apenas 16 direcciones de Clorinda, incluyendo una gestoría donde 78 personas declararon residir. Ninguno de ellos vivía ni trabajaba en Argentina durante los períodos declarados.
Detrás del engranaje, aparecía un gestor externo: Augusto Villalba Adorno, captador de beneficiarios en Paraguay. Su tarjeta comercial incluso incluía la referencia “Mercedes ANSES”, prueba del vínculo con la funcionaria.
El costado político del fraude
Más allá de la sanción administrativa, la investigación revela un costado político: estos paraguayos con DNI argentino no solo accedían a jubilaciones, sino que también eran incorporados al padrón electoral de Formosa. El beneficio económico funcionaba como llave de fidelización política: cobrar en la Argentina y votar por el oficialismo.
En elecciones provinciales, la frontera se convierte en un flujo constante de votantes “importados”, movilizados en masa para sostener el “modelo formoseño” que el gobernador Gildo Insfrán defiende hace casi tres décadas.
La operatoria expuesta por ANSES confirma lo que la oposición viene denunciando: un sistema clientelar aceitado, en el que la dádiva social y las jubilaciones irregulares no son un error administrativo, sino parte de un engranaje político que garantiza votos y perpetúa al poder.
Una sanción tardía, un sistema vigente
El despido de Aguilar, resuelto recién el 1 de septiembre de 2025, llega ocho años después del inicio del sumario. Pero mientras el organismo nacional aplica sanciones administrativas, la trama política detrás de este esquema sigue intacta: paraguayos con beneficios sociales, DNIs exprés y boletas listas para depositar en las urnas de Formosa.
Un fraude que no solo erosiona las arcas del Estado nacional, sino también la legitimidad democrática de la provincia.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
