El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Locales25/10/2025
leonardo fernández acosta
En cualquier provincia con un mínimo de institucionalidad, el juez federal con competencia electoral es el garante supremo de la transparencia del voto. En Formosa, en cambio, ese cargo lo ocupa Pablo Morán, un magistrado que ha hecho del servilismo al poder político su método de trabajo y su escudo de impunidad.
La última decisión de Morán de rechazar la presencia de analistas de la Dirección Nacional Electoral (DNE) y habilitar en cambio a militantes del oficialismo para “controlar” los comicios, no sólo es una afrenta jurídica: es un gesto obsceno de subordinación al régimen de Gildo Insfrán. Un juez que cierra las puertas al control de la Nación y abre las escuelas a los guardianes del feudo no administra justicia: administra obediencia.
Un juez al servicio del poder, no de la Constitución
Morán no actúa como juez federal; actúa como interventor del gildismo dentro del fuero federal. Su fallo es una pieza de cinismo institucional: niega el ingreso de un organismo oficial y nacional —la DNE— bajo el argumento de que “no existe normativa específica”, pero permite que la Defensoría del Pueblo, conducida por el ultraoficialista Leonardo Gialluca, tenga presencia en las escuelas. Es decir, expulsa el control institucional y legitima el control político.
En cualquier manual de derecho electoral eso se llama violación del principio de imparcialidad. En el manual de Morán, se llama obediencia debida al patrón político.
Las leyes que Morán elige ignorar
El argumento de la “falta de normativa” es tan débil como falso. La presencia de analistas y técnicos de la Dirección Nacional Electoral está prevista y avalada por el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), en su artículo 106, que faculta al Poder Ejecutivo a designar funcionarios técnicos para asistir a la Justicia Nacional Electoral.
Además, la Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada 128/2019, que reconoce a los analistas operativos de la DNE como agentes oficiales del proceso electoral, con competencia para observar, registrar y asesorar en todo el territorio nacional.
En términos simples: la DNE tiene autoridad legal y práctica para intervenir en todos los distritos del país.
Negar su presencia no es una cuestión administrativa: es una decisión política. Y Morán eligió la política del poder, no la de la Constitución.
Las provincias que sí permitieron el control nacional
Para entender la magnitud de este escándalo, basta mirar alrededor. En provincias con peso oficialista como Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja o Chaco, los jueces electorales autorizaron sin restricciones la presencia de la DNE en las elecciones nacionales y provinciales. Incluso en contextos de dominio político similar al formoseño, jamás se bloqueó a la Nación ni se reemplazó la fiscalización institucional por militantes partidarios.
En Santiago del Estero, la DNE supervisó en 2023 el proceso de transmisión de telegramas junto a la Justicia Federal.
En Tucumán, la Junta Electoral aceptó la presencia de técnicos nacionales pese a los reclamos del oficialismo local.
En Chaco, bajo el gobierno de Jorge Capitanich, los analistas de la DNE actuaron con normalidad.
Y en La Rioja, pese al peso del kirchnerismo provincial, la Justicia Electoral Nacional colaboró con la DNE en el monitoreo del sistema de escrutinio.
En resumen: ni las provincias más oficialistas se atrevieron a tanto. Solo en Formosa se decidió cerrar las puertas, apagar la luz y dejar el control en manos del propio régimen.
El blindaje judicial del régimen
Morán no está solo. A su lado, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Alucín, y el fiscal federal Luis Benítez —otros nombres de la maquinaria judicial formoseña— completan la foto perfecta del blindaje institucional.
Juntos conforman una Junta Electoral que no administra elecciones: administra la impunidad del poder.
Son los guardianes del voto cautivo, los custodios del silencio, los jueces que con sus resoluciones garantizan que el sistema no cambie, que el feudo siga en pie, que la obediencia siga siendo ley.
El juez que teme a la luz
Lo que Morán prohíbe no es la presencia de analistas: prohíbe la mirada externa.
Teme que alguien de afuera vea cómo funciona la maquinaria electoral formoseña, aceitada por el miedo, la dependencia y el aparato estatal. Un juez que teme la transparencia no es juez: es cómplice.
En cualquier república sana, un magistrado que impide la fiscalización nacional sería investigado por mal desempeño. En Formosa, en cambio, es premiado con la estabilidad de los incondicionales.
Morán se presenta como juez federal, pero su conducta lo define como comisario judicial del régimen.
Una Justicia que abdica
Cada vez que Morán firma una resolución de este tipo, la Justicia formoseña abdica un poco más de su función constitucional. El derecho se subordina al poder, la ley se vuelve un adorno y la voluntad popular una formalidad administrada. Formosa no tiene un problema electoral: tiene un problema judicial. Y ese problema tiene nombre y apellido.
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