leonardo fernández acosta
En Formosa, los pobres no solo son rehenes de la miseria: también, según la diputada Gabriela Neme, de La Libertad Avanza, son presas del Estado que debería protegerlos. Lo dijo sin rodeos, con nombres, fechas y expedientes en mano, tras ser citada por el procurador de la provincia, Sergio López, en una causa que le inició la ministra de la Comunidad Gloria Giménez, acompañada por el abogado Medina, de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
El delito que le imputan: calumnias e injurias. El motivo real, según ella: atreverse a denunciar lo que el poder calla.
Durante un vivo de más de media hora, Neme detalló este miércoles último, una sucesión de casos que, de confirmarse, dibujan el rostro más oscuro del sistema institucional formoseño. Habló de niños separados ilegalmente de sus madres, de abusos encubiertos y de internaciones psiquiátricas arbitrarias, con la connivencia de funcionarios, jueces y psicólogos.
El primer caso que citó fue el de Agustina, una joven madre clorindense a quien —según el relato— la licenciada Soledad Benítez, del Ministerio de la Comunidad, intentó arrebatarle a su bebé prematuro mientras aún se encontraba internado en el Hospital de la Madre y el Niño. “Le dijeron que no se lo podía llevar, que se lo entregarían a otros familiares”, contó Neme, quien junto a la abogada María Narváez, integrante de la Red Infancia Robada que preside Martha Pelloni, logró frenar la maniobra denunciando el hecho en el lugar.
Luego relató el drama de Marcela y su esposo David, quienes —afirma— llevan once meses sin ver a sus hijas Sara y Yara, retenidas por la Dirección de Niñez tras un conflicto familiar. Neme acusa directamente a la jueza de Menores Jarzynski y al asesor Padilla Tanco de “inacción” y “encubrimiento”, y asegura que una de las adolescentes, Sara, denunció haber sido drogada y trasladada sin saber adónde desde el establecimiento “Renacer”. Peor aún: el expediente 58/25 mostraría que la orden judicial era para internar a una de las hermanas, pero trasladaron a la otra, violando la propia resolución firmada.
También mencionó el caso de Margarita, una mujer a la que el 11 de septiembre de 2024, con orden de allanamiento firmada por la doctora Jarzynski, le quitaron sus tres hijos bajo el argumento de que “habían perdido la escolaridad”. Trece meses después, no sabe dónde están. “Miles de chicos en Formosa no van a la escuela, pero solo le quitan los hijos a los pobres”, dijo la diputada, visiblemente alterada.
El relato siguió con el de Ramona, una abuela que denunció abuso sexual contra su nieta a manos del abuelo materno, y que —según Neme— fue abandonada por el sistema: “La Dirección de Niñez y el Tribunal de Familia nunca hicieron nada; la criatura sigue en las garras de su abusador”.
El tramo más duro llegó al hablar del Centro Libella, manejado por Jessica Müller, donde —según la diputada— el psicólogo Daniel Arce fue denunciado por abusos a jóvenes vulnerables. “El Estado sigue derivando víctimas allí, con pleno conocimiento”, afirmó Neme, señalando que la Secretaría de la Mujer, la Unidad de Asistencia a la Víctima y otros organismos provinciales mantienen vínculos con ese centro pese a las denuncias.
“Yo ya tengo más de cuarenta causas penales. No le tengo miedo al feudo, no le tengo miedo al sistema corrupto que gobierna Formosa. Hablo por la verdad y por las víctimas”, declaró, apuntando directamente al gobernador Gildo Insfrán, al ministro de Gobierno Jorge González y al “sistema judicial sometido al poder político”.
Si algo queda claro tras escucharla es que la diputada no busca matices: denuncia una red estatal de apropiación de niños, encubrimiento judicial y corrupción institucional, con nombres y apellidos. No hay metáforas. Y aunque la causa que enfrenta intenta silenciarla, ella promete seguir hablando: “No me van a callar. Si quieren, que me lleven presa”.
Más allá de las simpatías políticas o personales, lo que Neme describe es una crisis moral y jurídica. Si lo que dice es cierto, Formosa vive una emergencia institucional donde los derechos humanos de los más pobres son vulnerados desde el propio Estado. Si no lo es, el gobierno debería abrir las puertas, entregar expedientes, y demostrarlo.
Pero el silencio —ese silencio compacto que todo lo cubre— es, en Formosa, la confesión más elocuente.
