La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Locales06/11/2025
leonardo fernández acosta
En Formosa, los pobres no solo son rehenes de la miseria: también, según la diputada Gabriela Neme, de La Libertad Avanza, son presas del Estado que debería protegerlos. Lo dijo sin rodeos, con nombres, fechas y expedientes en mano, tras ser citada por el procurador de la provincia, Sergio López, en una causa que le inició la ministra de la Comunidad Gloria Giménez, acompañada por el abogado Medina, de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
El delito que le imputan: calumnias e injurias. El motivo real, según ella: atreverse a denunciar lo que el poder calla.
Durante un vivo de más de media hora, Neme detalló este miércoles último, una sucesión de casos que, de confirmarse, dibujan el rostro más oscuro del sistema institucional formoseño. Habló de niños separados ilegalmente de sus madres, de abusos encubiertos y de internaciones psiquiátricas arbitrarias, con la connivencia de funcionarios, jueces y psicólogos.
El primer caso que citó fue el de Agustina, una joven madre clorindense a quien —según el relato— la licenciada Soledad Benítez, del Ministerio de la Comunidad, intentó arrebatarle a su bebé prematuro mientras aún se encontraba internado en el Hospital de la Madre y el Niño. “Le dijeron que no se lo podía llevar, que se lo entregarían a otros familiares”, contó Neme, quien junto a la abogada María Narváez, integrante de la Red Infancia Robada que preside Martha Pelloni, logró frenar la maniobra denunciando el hecho en el lugar.
Luego relató el drama de Marcela y su esposo David, quienes —afirma— llevan once meses sin ver a sus hijas Sara y Yara, retenidas por la Dirección de Niñez tras un conflicto familiar. Neme acusa directamente a la jueza de Menores Jarzynski y al asesor Padilla Tanco de “inacción” y “encubrimiento”, y asegura que una de las adolescentes, Sara, denunció haber sido drogada y trasladada sin saber adónde desde el establecimiento “Renacer”. Peor aún: el expediente 58/25 mostraría que la orden judicial era para internar a una de las hermanas, pero trasladaron a la otra, violando la propia resolución firmada.
También mencionó el caso de Margarita, una mujer a la que el 11 de septiembre de 2024, con orden de allanamiento firmada por la doctora Jarzynski, le quitaron sus tres hijos bajo el argumento de que “habían perdido la escolaridad”. Trece meses después, no sabe dónde están. “Miles de chicos en Formosa no van a la escuela, pero solo le quitan los hijos a los pobres”, dijo la diputada, visiblemente alterada.
El relato siguió con el de Ramona, una abuela que denunció abuso sexual contra su nieta a manos del abuelo materno, y que —según Neme— fue abandonada por el sistema: “La Dirección de Niñez y el Tribunal de Familia nunca hicieron nada; la criatura sigue en las garras de su abusador”.
El tramo más duro llegó al hablar del Centro Libella, manejado por Jessica Müller, donde —según la diputada— el psicólogo Daniel Arce fue denunciado por abusos a jóvenes vulnerables. “El Estado sigue derivando víctimas allí, con pleno conocimiento”, afirmó Neme, señalando que la Secretaría de la Mujer, la Unidad de Asistencia a la Víctima y otros organismos provinciales mantienen vínculos con ese centro pese a las denuncias.
“Yo ya tengo más de cuarenta causas penales. No le tengo miedo al feudo, no le tengo miedo al sistema corrupto que gobierna Formosa. Hablo por la verdad y por las víctimas”, declaró, apuntando directamente al gobernador Gildo Insfrán, al ministro de Gobierno Jorge González y al “sistema judicial sometido al poder político”.
Si algo queda claro tras escucharla es que la diputada no busca matices: denuncia una red estatal de apropiación de niños, encubrimiento judicial y corrupción institucional, con nombres y apellidos. No hay metáforas. Y aunque la causa que enfrenta intenta silenciarla, ella promete seguir hablando: “No me van a callar. Si quieren, que me lleven presa”.
Más allá de las simpatías políticas o personales, lo que Neme describe es una crisis moral y jurídica. Si lo que dice es cierto, Formosa vive una emergencia institucional donde los derechos humanos de los más pobres son vulnerados desde el propio Estado. Si no lo es, el gobierno debería abrir las puertas, entregar expedientes, y demostrarlo.
Pero el silencio —ese silencio compacto que todo lo cubre— es, en Formosa, la confesión más elocuente.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
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La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
