
Formosa: el video que revela un “peaje” para entrar a la ciudad se volvió viral
leonardo fernández acosta
Un video grabado este lunes sobre la ruta nacional 11, en la zona de Villa del Carmen, volvió a poner en evidencia una de esas costumbres que en Formosa se naturalizan de manera antinatural, pero que en cualquier otra provincia provocarían escándalo: el cobro de un “impuesto” municipal a los camiones que ingresan a la capital provincial.
En las imágenes —que se viralizaron en cuestión de horas— se ve cómo un inspector de tránsito se acerca al chofer de un camión y, con tono burocrático, le explica que debe pagar una contribución obligatoria para poder ingresar a la ciudad. “Puede hacerlo en efectivo o por QR”, le indica el agente, mientras le entrega una hoja membretada de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa. El camionero, resignado, termina pagando 23.426 pesos para poder continuar su camino.
La escena, que parece salida de una parodia sobre la corrupción provincial, no lo es. Fue difundida por la diputada opositora Gabriela Neme, quien denunció públicamente la maniobra y anunció que presentará un reclamo formal ante el Gobierno nacional y la Dirección Nacional de Vialidad para exigir la suspensión inmediata de este cobro que viola abiertamente la Constitución.
“Están creando una aduana interna en plena ruta nacional. Es una locura jurídica y un atropello institucional”, sostuvo Neme, y recordó que el artículo 9 de la Constitución Nacional establece con absoluta claridad que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales”. Y el artículo 10 agrega que en el interior del país “es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional”.
Sin embargo, la Municipalidad de Formosa parece haber decidido reinterpretar la Carta Magna a su manera. Desde esta semana, inspectores de tránsito se apostaron en los accesos a la capital provincial con una ordenanza en la mano y un folleto explicativo que notifica el nuevo régimen de cobros.
Según ese documento, fechado el 10 de noviembre de 2025, se comenzará a percibir una “Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados”, amparada en las ordenanzas municipales N° 7147/17, 7450/20 y 7465/20. El texto detalla una escala de cobros basada en “módulos” que van del 1 al 3, según el peso del vehículo. Cada módulo tiene un valor de $7.305,14.
La cuenta es sencilla: un camión de gran porte, como el del video, debe pagar tres módulos, o sea más de 23 mil pesos por el solo hecho de ingresar al ejido municipal. El comprobante que se entrega al chofer consiste en una hoja sin validez fiscal, con un sello ilegible y sin ningún dato impositivo ni firma responsable.
El video, al hacerse público, generó una ola de indignación entre transportistas y vecinos. No solo por el cobro en sí, sino porque muestra cómo se administran los controles y los recursos en una provincia donde todo pasa por la red política y administrativa del gobernador. “No hay Estado de Derecho cuando se le cobra a un ciudadano por circular dentro del país”, resumió un dirigente opositor local.
Neme adelantó que pedirá la intervención del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Municipios para que se ordene al intendente Jofré dejar sin efecto el cobro. “No es un simple exceso administrativo: es una violación a los principios constitucionales más elementales y una muestra del descontrol con el que se maneja el poder en Formosa”, señaló.
Detrás del episodio, asoma una lógica ya conocida en el esquema político formoseño: la recaudación paralela bajo la cobertura de supuestos servicios municipales, que funcionan como herramientas de control económico y disciplinamiento. Cada peso que se cobra en esos retenes se convierte, además, en un recordatorio de quién manda y bajo qué reglas.
En otras provincias, un hecho así bastaría para abrir sumarios, suspender funcionarios y provocar un escándalo político. En Formosa, en cambio, apenas confirma lo que muchos ya saben: que en Formosa, el poder no solo administra la política, sino también los límites mismos de la legalidad.


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