leonardo fernández acosta
La conferencia de prensa convocada por la Red Infancia Robada, Foro Formosa, expuso algo mucho más grave que una irregularidad procesal: dejó al desnudo un mecanismo institucional que, lejos de buscar la verdad por el crimen de Xiomara Portillo, parece empeñado en administrarla, recortarla o directamente hacerla desaparecer.
La denuncia es concreta y estremecedora. Existen imágenes de cámaras de seguridad de la estación de servicio Axion de La Cruz que mostrarían a Xiomara con vida en la madrugada del 20 de noviembre, subiendo a una camioneta Toyota Hilux gris junto a varios hombres. Ese material, según lo expuesto. habría sido levantado por la propia Policía de Formosa, pero jamás incorporado al expediente judicial. Peor aún: las grabaciones están a punto de ser borradas del sistema por el vencimiento técnico de almacenamiento, sin que exista una orden judicial que garantice su resguardo.
Si esto es así y nadie del aparato judicial o policial lo desmintió con pruebas, estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional. Retener prueba clave, no ponerla a disposición del juez ni de las defensas, y sostener detenciones mientras se oculta material que podría cambiar el rumbo de la causa, vulnera principios elementales del debido proceso. No es una opinión política: es derecho básico.
La pregunta ya no es solo quién mató a Xiomara, sino por qué el Estado formoseño parece más eficiente para borrar rastros que para preservarlos. ¿Por qué no se peritaron todas las cámaras de la zona, en una ciudad saturada de dispositivos de vigilancia? ¿Por qué se omitió citar a testigos que dicen haber visto a la joven con vida después del horario que sostiene la hipótesis oficial? ¿Por qué se trasladó al jefe y al 70% del personal de una comisaría sin dar explicaciones públicas? ¿A quién se está protegiendo?
La Red Infancia Robada fue clara: no acusa personas, exige que la Justicia investigue. Pero también advirtió que podrían configurarse delitos graves cometidos por funcionarios públicos: encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de la libertad. La gravedad no está solo en el crimen, sino en la posibilidad de que el sistema esté fabricando culpables mientras la verdad se esfuma en un disco rígido que nadie ordena preservar.
Este caso excede a Xiomara. Cuando el Estado oculta pruebas, cualquier ciudadano queda indefenso. Cuando la Policía selecciona qué material llega al juez, la Justicia deja de ser justicia y se convierte en escenografía. Y cuando el miedo silencia a testigos y vecinos, la impunidad deja de ser una excepción para transformarse en regla.
Formosa ya conoce demasiado bien estas historias. Por eso el reclamo no es mediático ni partidario: es un pedido urgente de verdad y de justicia real. Preservar las imágenes, peritarlas de manera independiente, identificar a los responsables de su custodia y explicar por qué no fueron incorporadas a la causa no es una concesión: es una obligación legal y moral.
Si las pruebas se pierden, no será por azar. Será por decisión o por complicidad del poder. Y eso, como sociedad, no podemos aceptarlo. Porque cuando el Estado borra pruebas, lo que intenta borrar no es un video: es la verdad.
